Pablo Obregón y Bernardita Aguirre
Con la ocupación de la Universidad de la Frontera hace unos días, la "Alianza Territorial Mapuche" retomó la temporada de movilizaciones en La Araucanía y, de paso, dio un mes de plazo al Gobierno para resolver sus demandas de tierras y de derechos políticos especiales.
Esta organización, que agrupa a unas doscientas comunidades, remitió una carta a la autoridad en la que le pide continuar con el proceso de devolución de tierras; liberar a los mapuches presos; poner fin a los proyectos empresariales que se desarrollan en la zona y avanzar en un esquema de autonomía territorial.
Pese a la elocuencia del ultimátum, los planes del Gobierno siguen adelante y, desde ya, se confirma que la política del Estado de Chile para los pueblos originarios cambiará drásticamente en los próximos cuatro años: se pasará de un esquema que priorizó el reparto de tierras a uno basado en el fomento productivo, se fortalecerá a las comunidades indígenas urbanas (70% de la población nativa del país) y se dividirá la Conadi en tres agencias independientes.
Hoy, la Conadi concentra funciones de diseño de políticas indígenas, ejecución y representación de las etnias.
Presupuesto aprobado
A partir de 2011, los recursos que el Estado destina al desarrollo de las etnias se reenfocarán de acuerdo al nuevo orden de prioridades. Tal como adelantó a "El Mercurio" el asesor presidencial en asuntos indígenas, Sebastián Donoso, este año representa un desafío mayor en términos de compatibilizar el presupuesto aprobado por el Congreso -con su componente de tierras- con las prioridades que fija el programa de gobierno y con el impacto que el terremoto tuvo en las comunidades.
Sin embargo, "estamos realizando una evaluación a fondo de los mecanismos que se han utilizado para asignar tierras, de los compromisos asumidos por la administración anterior en esta materia y de los recursos disponibles", dice.
El Presupuesto aprobado por el Congreso destina el 64% de todos los recursos de la Conadi al Fondo de Tierras y Aguas y sólo el 36% al fomento productivo. Con eso, se buscaba beneficiar principalmente a 115 comunidades rurales, a pesar de que el 70% de la población indígena vive en las grandes ciudades.
La política indígena fomentada por los gobiernos de la Concertación fue tan "ruralizante" que, desde 1994 a la fecha, cada familia mapuche del campo recibió beneficios del Estado del orden de $20 millones, mientras que las familias indígenas de la ciudad sólo han recibido beneficios que promedian los $2 millones, dice el nuevo director de la Conadi, Francisco Painepán. Basado en esos antecedentes, la autoridad preparará un nuevo procedimiento de compra y asignación de tierras cuyo objetivo será darle transparencia y objetividad al proceso, con el fin de evitar la discrecionalidad y corrupción que se presentaron en el pasado. En 2009, de hecho, un informe de la Contraloría detectó $9 mil millones para proyectos del Programa Orígenes con rendiciones de gastos incompletas.
Nueva institucionalidad
Originalmente, la conducción que asumió la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en materias indígenas se entendió como una medida transitoria para enfrentar la crisis de agosto del año pasado. Pese a eso, la Segpres sigue a la cabeza y es un hecho que la Conadi se desarticulará para dar paso a una nueva institucionalidad, compuesta por tres órganos independientes.
Una entidad multisectorial estará a cargo del diseño de las políticas generales, mientras que la Conadi se transformará en una Agencia de Desarrollo con un rol eminentemente ejecutor y técnico. La representación de las distintas etnias, en tanto, estará radicada en un consejo nacional con un rol asesor.
La Ley de Desarrollo Indígena también podría experimentar modificaciones importantes, sobre todo porque su sesgo ruralizante se ha mostrado impotente para resolver las demandas tanto de los mapuches que sólo desean salir de la pobreza como de los grupos que exigen derechos políticos especiales.
En el último tiempo, se han entregado más de 650 mil hectáreas a las comunidades y, no obstante, la pobreza se mantiene inalterada en la zona , dice el senador por la Novena Región, Alberto Espina, quien cree que la Ley Indígena ha sido aplicada como si la entrega de tierra fuera indefinida: "Es para aquellas comunidades que objetivamente tienen derechos por sus títulos de merced, no para las comunidades violentas".
Saludos,
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