| (Estrategia) Utilidades por cerca de US$57.000 millones han reportado en los últimos cuatro años las grandes mineras del país, período en el cual quedaron afectas al pago de royalty las compañías cuyas ventas anuales superen los US$80 millones. En tanto, en el ejercicio 2009, las empresas registraron ganancias por sobre los US$9.300 millones, mientras el promedio anual desde 2006 alcanza a los US$14.427 millones.
Para este año, se prevén ganancias sustancialmente superiores de las grandes mineras, considerando que el 2009 fueron generadas con un precio promedio del cobre que apenas llegó a los US$2,34 la libra, mientras que en 2010 el promedio se sitúa en los US$3,29 la libra, y con una tendencia alcista.
Considerando estos importantes beneficios, y justo en momentos en que el gobierno anunciará un plan para financiar la reconstrucción a raíz del terremoto del 27 de febrero, es que se está debatiendo la opción de modificar la carga tributaria a las grandes mineras, específicamente el royalty.
Recientemente el economista Paul Fontaine, que participó en la campaña de Marco Enríquez-Ominami, y luego apoyó al actual Presidente Sebastián Piñera, propuso subir el impuesto a la renta operacional imponible desde el 5% al 8%, y extenderlo a compañías con ventas desde los US$50 millones, lo que generaría una recaudación adicional al Fisco de unos US$500 millones, y de esos aproximadamente un 10% se originaría en empresas que actualmente no pagan royalty.
El Consejo Minero rechaza de plano esta opción, argumentando que "las empresas de la gran minería pagan impuestos a la renta que ascienden a una tasa entre 38% y 42%, como carga tributaria total, que es una tasa total considerable y razonable en cualquier parte del mundo (en los últimos cinco años han tributado más de US$24 mil millones). Pero además, las empresas de la Gran Minería están afectas a un Impuesto Específico a la Minería (Royalty), que es excepcional y se aplica únicamente al sector minero, lo que puede considerarse como una discriminación frente al resto de los sectores".
Y además argumenta que "el Impuesto Específico a la Minería grava actualmente las utilidades operacionales de las compañías con una tasa de 5%, la que por ser un porcentaje, genera mayores ingresos al Estado cuando el precio del cobre sube y las utilidades de las empresas aumentan". Al respecto, recuerda que por concepto de royalty las grandes mineras han aportado al Fisco más de US$3.300 millones desde 2006, mientras que las estimaciones iniciales apuntaban a unos "US$100 millones anuales, que correspondía a la cifra anual que el país estimaba necesario invertir en innovación".
¿Royalty a las Ventas?
Pero quienes apoyan una modificación tributaria a la gran minería argumentan, entre otros aspectos, que como el royalty grava las utilidades operacionales, éstas son influidas significativamente por los costos, variable que no puede ser efectivamente fiscalizada por el Estado. Y por ello sostienen que el impuesto debería aplicarse a las ventas, es decir, al valor bruto de la producción, tal como sucede en la gran mayoría de los países, lo que incrementaría significativamente la recaudación fiscal. Es así como si el royalty se hubiera aplicado desde el 2006 con un esquema de 5% a las ventas, el monto recaudado hubiera sido de unos US$8.000 millones y no de US$3.300 millones como fue. En tanto, si fuera un 3% de los ingresos –como en diversos países del mundo– el monto recaudado sería de US$4.700 millones.
En un estudio que realizó el profesor de Derecho Tributario, Osvaldo Castillo, justo cuando se discutía la instauración de un royalty en Chile, se afirmaba que "en los EE.UU., por ejemplo, y en el caso de la producción de cobre y otros minerales metálicos, se cobra a nivel federal una tasa progresiva de impuestos a las utilidades, que fluctúa entre un 15% y un 35%. A nivel federal no se cobran royalties o sobre tasas específicas a la minería, las que sí son cobradas por los estados que son dueños de minerales. Estos cobran generalmente un royalty al valor bruto de la producción, el que oscila entre un 3% y un 10%, además de un impuesto a la propiedad que varía entre el 4% y el 7% y se aplica sobre la base de un tercio del valor total de la propiedad".
Y agregaba que "en Canadá, los distintos estados tienen mecanismos bastante sofisticados de cobro de royalties, los que, en general, toman la forma de sobre tasas de impuestos a las utilidades, no deducibles. A nivel provincial, dichas sobre tasas varían entre un 3% y un 20%, siendo la generalidad de ellas entre 12% y 16% en el caso de la minería. En algunas provincias se cobran, además, royalties de 1% a 2% de la venta bruta. A ello debe agregarse el impuesto general federal, que es de 29,12%. El promedio combinado de impuestos federales y provinciales arroja un valor teórico de 43%, luego de deducir los mayores descuentos permitidos".
Invariabilidad o Nuevo Trato
Sin embargo, el Consejo Minero recuerda que la mayoría de las empresas de la Gran Minería suscribieron en el año 2005 y 2006, contratos de Inversión Extranjera con el Estado de Chile, en los cuales se les aseguró que no se les cambiarían los impuestos vigentes, garantía que se extiende por plazos de 12 y 15 años (2017 y 2019). Además, las empresas mineras argumentan que del total que ha reportado al Estado el Impuesto Específico a la Minería, sólo se ha imputado al fin para el cual se estableció este tributo la suma total de US$516,3 millones. Es decir, solamente un 16,7% ha sido utilizado, quedando un remanente de US$2.562,7 millones.
Pero aunque este acuerdo de invariabilidad tributaria haría inviable un aumento de royalty, por otro lado se argumenta que algunas mineras podrían estar dispuestas a negociar voluntariamente cambios, considerando que sus inversiones son de largo plazo y una vez vencidos los contratos, podría venir una fuerte alza en sus tributos.
Fuente / Estrategia. |
Grandes mineras ganan US$57.000 millones en cuatro años 
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