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Ministerio de Medio Ambiente sufre retraso por decisión de gobierno
Jéssica Esturillo O.
| María Ignacia Benítez |
La instalación de la nueva institucionalidad ambiental, que considera el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia de Medioambiente, estaba previsto que se concretara este mes, pero no será así.
Esto porque la nueva administración, encabezada por la titular de la nueva cartera, María Ignacia Benítez, retiró de la Contraloría los dos decretos con fuerza de ley (DFL) que permitían activar este proceso, que para su aprobación en el Congreso requirió un acuerdo entre la administración de Bachelet y la oposición de ese entonces.
De acuerdo con dichos recientes de la secretaria de Estado a La Segunda, el motivo para retirar estos textos -en los que el gobierno anterior estableció la planta y remuneración de estas instituciones, así como su puesta en marcha concretando el traspaso de los funcionarios- fue que ella estaba "elaborando los organigramas de estas entidades".
El compromiso de octubre, que permitió incluir la figura de los tribunales ambientales, consideró que, iniciado el nuevo gobierno, se disponía de un mes para que este proceso estuviera finiquitado.
La estimación de especialistas en el tema es que este paso implicaría retrasar entre seis y tres meses el establecimiento de estas instancias, lo que no es visto con buenos ojos por distintos sectores que ven en ello un incumplimiento del acuerdo político que permitió impulsar la creación del ministerio de Medioambiente.
A juicio del diputado DC Patricio Vallespín, integrante de la comisión de Recursos Naturales, este hecho es lamentable, pues supone "un retardo que será altamente resentido por la sustentabilidad en el desarrollo".
"Esto obedece a una intencionalidad política de retardar un proyecto de ley que contiene elementos que la ministra, en su condición de asesora del senador Longueira, siempre rechazó", explicó el parlamentario, quien agregó que "esto es prueba de la tozudez de la ministra de evitar avanzar en algo que ya está legislado con el ritmo que ello requiere".
Cuello de botella
Luis Cordero investigador del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien asesoró en la Conama el diseño de esta reforma, indicó que el principal peligro que reviste este retraso es que provocaría un "cuello de botella" respecto de una serie de procesos que tienen fechas comprometidas, como la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que definirá qué actividades productivas y en cuáles de estas zonas serán permitidas.
"Hay normas que ya se están aplicando y otras que dependen de la entrada en vigencia efectiva de estas instituciones, lo que en plazos que estaban fijados se darían en orden y ahora, con este retraso, tendrán que resolverse al mismo tiempo, lo que pondrá a la nueva autoridad bajo una gran presión", dijo.
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