"El Instituto de Derechos Humanos es un gran paso, que recoge la experiencia vivida por Chile en décadas pasadas y que evitará que hechos tan repudiables vuelvan a ocurrir en el futuro". Así lo destacó el senador Pedro Muñoz quien valoró la aprobación definitiva en el Congreso Nacional de esta nueva instancia que tendrá a su cargo la promoción y protección de estos principios fundamentales en el país.
El legislador recordó que la iniciativa surgió de la propuesta "No hay mañana sin ayer", del Presidente Ricardo Lagos y tuvo una extensa tramitación legislativa, la que no estuvo exenta de dificultades por el rechazo de la derecha a ampliar su ámbito de competencia, garantizar su plena autonomía y aprobar algunas facultades.
Entre las principales atribuciones de la nueva entidad se encuentran la posibilidad de asesorar a los organismos públicos en la materia; elaborar un Informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el país, que será remitido a organismos internacionales; comunicar al Gobierno y a otros órganos del Estado situaciones que estime atentatorias contra los derechos humanos y, en general, difundir y promover estas garantías en el país.
El senador Muñoz aseveró que lo más importante es que se logró aprobar la norma que permitirá al Instituto querellarse y ejercer acciones legales en casos de crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico de migrantes, trata de blancas y, además, los recursos de protección y amparo.
"Se trata de una norma muy importante, en tanto, por la especial connotación de este tipo de delitos se autoriza a un organismo ajeno al Ministerio Público y las víctimas para ejercer la acción penal." - indicó.
MEDIDAS DE REPARACIÓN
El parlamentario explicó que el proyecto despachado por el Parlamento, contiene, además, "un mejoramiento de las medidas de reparación para los casos de violaciones a los derechos humanos de la Dictadura".
En este sentido valoró que se permita, expresamente, a traspasar a un descendiente la beca educativa contenida en la Ley Valech. "Esta es una larga aspiración de muchos ex presos políticos y víctimas de tortura, que no deseaban estudiar, pero sí querían ceder su derecho a sus hijos o nietos, lo que ahora queda solucionado" - precisó.
Del mismo modo, se amplían las excepciones sobre la obligatoriedad del servicio militar, para familiares de víctimas violaciones a los derechos humanos.
Se incorpora, también, una pensión para la cónyuge sobreviviente de las víctimas de tortura y prisión política, para la que se fijaron montos mínimos de $ 104 mil 960 pesos, si la viuda fuera menor de 70 años; $ 114 mil 766 si tuviera entre 70 y 75 años y $ 122 mil 451 si es mayor de 75 años de edad.
El texto establece, también, una Comisión destinada a recibir nuevos antecedentes sobre detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y casos de tortura durante el régimen militar e institucionaliza el PRAIS para evitar que pudiera ser eliminado por futuros Gobiernos.
"Lo anterior viene a dar seguridad a muchas víctimas y sus familiares, en tanto, este programa se había configurado a través de decretos y resoluciones administrativas cuya continuidad era incierta, lo que ahora queda asegurado", precisó el senador Muñoz.
Puntualizó además la trascendencia del despacho de este proyecto de ley, indicando que "constituye un avance trascendental, en cuanto permitirá al país, por primera vez en su historia, contar con una entidad especializada en la promoción y protección de los derechos humanos".
CONSULTEN, ESCRIBAN OPINEN LIBREMENTE
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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