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Otorgar una mayor certeza jurídica a la nueva institucionalidad medioambiental; otorgar una solución definitiva a todas las áreas protegidas del país y al rol que cumple la Corporación Nacional Forestal CONAF, son los temas que deberá definir la Comisión especializada en el marco del estudio del proyecto, en segundo trámite, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente.
Así lo afirmó el senador Pablo Longueira, presidente de la instancia quien admitió que "acordamos concentrarnos en los puntos más complejos del proyecto y elaboramos un cronograma para acelerar la tramitación y la próxima semana nos abocaremos al análisis de la protección de la biodiversidad y el rol de CONAF. Asimismo se realizarán una serie de audiencias públicas antes de votar la idea de legislar".
Precisó que "el punto más complejo es cómo garantizamos la certeza jurídica en toda la institucionalidad medioambiental del país y que no se judicialicen los procesos de evaluación. Deseamos que existan normas claras, objetivas y transparentes que no solo cuiden el medio ambiente sino que den garantías a los inversionistas de que finalmente se adjudican los proyectos".
Aseveró que "la idea es que no existan instancias judiciales que entorpezcan todos los procedimientos que se van a establecer mediante el Servicio de Evaluación, la Superintendencia y el Ministerio de Medio Ambiente".
El senador Longueira, manifestó que "si estamos estableciendo una nueva institucionalidad lo que esperamos es que una vez que se cumplan los requisitos no se judicialicen los procesos porque lo importante es que haya equilibrio entre el desarrollo, crecimiento y el progreso que el país necesita con los cuidados y resguardos del medio ambiente".
Explicó que "en la actualidad existe una gran confusión porque mucha gente cree que los proyectos se rechazan por normas medioambientales, cuando en realidad no están cumpliendo las exigencias previas que derivan del lugar o la ubicación de los mismos".
Puntualizó que según los fallos de los tribunales, "es el Ministerio de Vivienda el que tiene la facultad de interpretar las normas urbanas, pero como simultáneamente se inicia la tramitación medioambiental, varias veces los proyectos cuentan con su resolución ambiental pero no cumplen con los requisitos previos que otra Ley establece".
Por ello, indicó que "es muy importante que esto se esclarezca, se precise, de modo que cuando se inicie el trámite medioambiental, efectivamente las otras normas estén aclaradas, aprobadas y legitimadas, para evitar casos como los que hemos visto en la tramitación de distintos proyectos que requieren evaluación ambiental".
ÁREAS PROTEGIDAS
El otro punto complejo que tendrá que despejar la Comisión de Medio Ambiente se refiere a la solución definitiva para todas las áreas protegidas del país. El senador Longueira aseguró que la opinión de varios parlamentarios es que debería existir "un servicio de la biodiversidad que no viene recogido en el proyecto porque ha habido un gran cuestionamiento con el rol que cumple la CONAF y la institucionalidad de protección de estas áreas sean fiscales o privadas".
El parlamentario afirmó que el texto legal solo contempla un artículo transitorio que establece que "en un año, el Gobierno tendrá que hacer algo sobre esta materia pero la verdad es que no existe la voluntad de que esto quede resuelto en este trámite. Por eso algunos han anunciado que éste será un punto fundamental en la discusión".
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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