El difícil escenario legislativo que enfrentan los cuatro proyectos OCDE
Paula Gallardo df
Con plazos acotados marchan en el Congreso los cuatro proyectos que de acuerdo al gobierno son requisito para que Chile reciba a fines de año la invitación formal a ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Se trata de las dos iniciativas de gobierno societario -Codelco y el de empresas privadas-, y los proyectos de responsabilidad penal de las personas jurídicas y de intercambio de información bancaria con fines tributarios, más conocida como el levantamiento del secreto bancario. Esto, porque en noviembre las delegaciones chilenas encargadas rendirán examen ante las comisiones examinadoras de la OCDE y el gobierno espera que para entonces las iniciativas ya estén despachadas a ley. Pese a que el Ejecutivo afirma estar optimista frente a los plazos, los legisladores oficialistas reconocen que deberá exisitir un esfuerzo por alinearse si quieren tener éxito en la discusión, pues los proyectos pese a tener suma urgencia, están enfrentando entrabados debates en las comisiones que los analizan y con múltiples indicaciones.
Secreto bancario
El proyecto que establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria fue ingresado en abril de 2009 e inició su debate en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, desde donde fue despachado a la instancia de Constitución con informe negativo.Esto, porque si bien fue aprobada la idea de legislar, el articulado no logró mayoría debido a la abstención de los diputados de la Alianza y de dos de la Concertación. El debate estuvo precedido por un duro intercambio entre el oficialismo y oposición -que incluyó a los candidatos presidenciales- respecto de si la iniciativa viola o no la privacidad de los cuentacorrentistas y las atribuciones que la norma da al director del Servicio de Impuestos Internos (SII) por el hecho de ser un cargo designado políticamente. Para evitar el naufragio de la iniciativa, ayer la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, anunció que el gobierno presentará hoy una indicación sustitutiva que recoge algunas de las inquietudes de la Alianza. En ella, según fuentes parlamentarias, se establece tajantemente que la información que el SII solicite y que no use, sea destruida; que se restrinja la autorización por omisión, es decir, que si el cuentacorrentista no responde a la petición del SII éste deba enviar una segunda solicitud y que en la petición de información quede especificado cuáles son las razones.
Responsabilidad penal
El proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, ingresado el pasado 31 de marzo de 2009, fue puesto ayer en tabla para ser votado hoy en la Sala de la Cámara de Diputados.
Se trata de la única iniciativa que no ha sufrido mayores traspiés en su debate, aunque se aprobó con varias indicaciones, la primera de las cuales, incluso, le cambió el nombre de responsabilidad "legal" a responsabilidad "penal".
Además, entre las modificaciones propuestas se planteó ampliar los delitos perseguidos incluyendo, por ejemplo, violaciones medioambientales y tributarias, las que pese a no ser acogidas, serían reincorporadas en su paso por el Senado.
El proyecto busca que las empresas sean responsables de los delitos cometidos por sus dueños, controladores, responsables, representantes o administradores, en su interés o para su provecho, así como también de los ilícitos cometidos por personas que estén bajo la dirección o supervisión de éstos. Adicionalmente, se incorpora como excepción los casos en que las personas naturales hayan cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o en favor de un tercero.
Gobierno de Codelco
La reforma al estatuto orgánico de la cuprífera ingresó a debate en el Congreso en marzo de 2007 y estuvo paralizado en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados hasta marzo pasado, fecha donde se aplicó suma urgencia acompañado de un oficio de la presidenta Bachelet, que agregó la indicación que capitaliza a la cuprífera por US$ 1.000 millones. La iniciativa pasó al Senado el 18 de marzo y hoy se encuentra en un segundo período de indicaciones hasta el 31 de julio, para luego volver a debate en las instancias de Hacienda y Minería de la Cámara Alta. Esto, ya que la Sala aprobó la idea de legislar, pero dejó pendiente la votación del articulado. Los puntos que han generado mayor polémica tienen que ver con la forma de elección de los directores independientes; los organismos que fiscalizan a la empresa estatal; y la recapitalización de la empresa. Además, el debate ha estado cruzado por la demanda de legisladores de la Concertación para que el gobierno reforme la Ley Reservada del Cobre, que obliga a Codelco a entregar el 10% de las ventas del mineral a las FF.AA. De hecho, el gobierno se vio obligado a comprometer el envío de una iniciativa en tal sentido en agosto y además, establecer que la cuprífera elabore planes trienales que deban ser aprobados por el gobierno, abriendo un nuevo flanco de conflicto.
Empresas privadas
El ingreso del proyecto sobre gobierno societario de las empresas privadas comenzó su tramitación en septiembre de 2007 y hace una semana inició el debate en la Comisión de Hacienda del Senado, luego de ser despachada desde la Cámara de Diputados recién en enero pasado. En la Cámara Alta, la iniciativa ha recibido indicaciones por parte de los parlamentarios en dos oportunidades –mayo y junio- y ayer se aprobó el articulado que establece la definición de sociedad anónima abierta; la obligación de directores y ejecutivos de informar de las compras o ventas que hagan de sus posiciones relacionadas y proveedoras; la definición de inversionista calificado ya sea intermediario, persona jurídica, etc- a objeto que la ley proteja al minoritario sin experiencia y la obligación de la empresa a definir e informar en qué momento los integrantes de su directorio no pueden transar en la Bolsa. Pero queda pendiente un punto donde no ha habido acuerdo sobre la definición de director independiente. Aquí existen dos criterios: uno, que define este concepto como quien no necesita de los votos mayoritarios para serlo, y dos, que plantea que este director no depende económicamente de la empresa. "Dependiendo de qué se considera director independiente se definirán sus atribuciones y ésa es el principal discusión", advierte la presidenta de la Comisión, Evelyn Matthei (UDI).
Fuente:df
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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