La crisis de la administración pública es ética

Desde hace un par de años la administración pública chilena exhibe signos graves de deterioro no sólo en sus desempeños técnicos o sus  procedimientos sino también en la ética y responsabilidad que rodean sus actos.

El origen de ello no puede ser atribuido de manera exclusiva a los malos salarios –que por estos días se discuten-  o a las difíciles condiciones en las cuales muchos funcionarios públicos deben desempeñar su trabajo. La sombra de una desidia y quemimportismo desenfadado ronda en todas las negligencias administrativas  y actos de corrupción que han conmocionado al país en las últimas semanas, sea en el sector salud, educación, obras públicas o cualquier otro.

Es posible que el escándalo de los exámenes de SIDA no notificados tenga explicaciones en los yerros legales y en la dificultad de encontrar a las personas por el bajo compromiso de ellas con su salud.

Pero la actitud funcionaria de dejarse estar por años sin hacer nada, de su indiferencia para permitir que los problemas se acumulen con riesgo de muerte para cientos de seres humanos, indica que tiene como principal explicación el relajamiento de la responsabilidad por lo que se hace y cómo se hace. Hay aquí una mezcla casi intolerable de degradación del trabajo y de fuga de toda responsabilidad que excede la responsabilidad política de los jefes superiores.

La simulación pública ocurrida en la inauguración de un hospital en el sur en la que se involucró de manera impune a la propia Presidenta de la República indican un grado de deterioro ético importante.

Si una sociedad exhibe una grieta así de profunda es porque no solamente han fallado los sistemas de control. Seguramente también tiene una baja propensión a la probidad y la transparencia, entendidas como una responsabilidad y orgullo por lo que se hace y como un acto con valor social respecto de otro. Y entonces enfrenta una crisis de moral cívica y está a punto de perder sus valores de orientación colectiva.

Es efectivo que durante la dictadura militar se hizo una  rebaja brutal de la idea de lo colectivo, deconstruyendo el valor social de las personas al  privarlas de sus derechos y al introducir un individualismo ciego.

Pero también la democracia, durante los sucesivos gobiernos de la Concertación, ha sido incapaz de reconstruir el valor ético del trabajo y del servicio público. Existe una enorme cantidad de iniciativas en la administración pomposamente denominadas modernización o reforma del Estado que muestran éxitos, básicamente en las aplicaciones tecnológicas o en la velocidad de los servicios. Pero ninguna ha logrado introducir un cambio cultural en la administración. Especialmente en la función de información y transparencia, dejando en el secreto cosas que finalmente estallan en escándalos que nadie puede ignorar, como en el caso del SIDA. La propensión de los organismos públicos a escudarse en el secreto y ocultar información sigue siendo la tónica de cada día.

El último artefacto del Estado en esta materia ha sido la creación de una Comisión de Transparencia,  ahora con carácter de organismo permanente, presupuesto propio y dietas para sus miembros, encargado de velar porque la administración entregue la información solicitada por los ciudadanos.

El problema es que la norma que estableció la mentada comisión fijó como causal de reserva para no entregar información que la solicitud afecte el cumplimiento de las funciones del órgano requerido o distraiga indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales. Esto no es precisamente una propensión a la transparencia.

Fuente:el mostrador
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

 

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