27/05/2009
Por un código de conducta responsable (Rodrigo Egaña)
Tags: codigo de conducta"Después de este proceso de ponderación se procederá a una "Consulta Nacional Indígena" para tener la opinión de los beneficiarios de esta política. Luego, el código se discutirá en el Consejo Ministerial para Asuntos Indígenas, el cual deberá presentar una propuesta a la Presidenta, quien, si lo estima conveniente, emitirá un instructivo presidencial. En una primera etapa, el documento sería obligatorio para la inversión pública y voluntario para la privada
El Código permitirá no sólo que Chile cumpla con sus obligaciones, sino que, sobre todo, otorgará certidumbres. Por una parte, a los indígenas, garantizando que los derechos que tienen sean respetados, y, por otra, a los empresarios, protegiendo sus futuras inversiones."
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En los últimos días hemos leído y escuchado una serie de comentarios respecto de la propuesta gubernamental para crear un Código de Conducta Responsable en tierras indígenas y en Areas de Desarrollo Indígena (Adis).
En primer lugar, para quienes no estén familiarizados con el tema, cabe aclarar que la iniciativa del código de conducta tiene como objetivo la elaboración de un conjunto de reglas que definan los estándares de una gestión responsable de proyectos de inversión que se localicen en tierras indígenas y en Adis. Esa gestión será certificada en relación a nueve ámbitos de protección que están definidos en el documento.
El borrador en discusión está pensado para adecuar la normativa del país a los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que entrará en vigencia el próximo 15 de septiembre. En ese sentido, promueve y protege una serie de derechos para los pueblos indígenas. Se trata de un compromiso internacional -aprobado por el Congreso y promulgado por la Presidenta de la República- que el Estado tiene la obligación de cumplir.
De esta forma, el Código permitirá no sólo que Chile cumpla con sus obligaciones, sino que, sobre todo, otorgará certidumbres. Por una parte, a los indígenas, garantizando que los derechos que tienen sean respetados, y, por otra, a los empresarios, protegiendo sus futuras inversiones.
Si no aprobamos normas y reglamentos como el Código de Conducta Responsable para aplicar el Convenio 169, y si los derechos de los pueblos indígenas no están lo suficientemente garantizados, según sus normas exigibles, podríamos enfrentar conflictos muy complejos y de distinta naturaleza entre actores públicos y privados en los próximos años. Eso sí generaría incertidumbre.
Ahora bien, la propuesta del código será perfeccionada en base a los aportes de todos los actores involucrados. Por ello, lo hemos dado a conocer a los empresarios, a los centros de pensamiento, universidades y ONG, a la institucionalidad pública y a los dirigentes indígenas. Queremos recoger sus inquietudes y propuestas para que, una vez evaluadas, sean consideradas a la hora de elaborar una versión definitiva.
Después de este proceso de ponderación se procederá a una "Consulta Nacional Indígena" para tener la opinión de los beneficiarios de esta política. Luego, el código se discutirá en el Consejo Ministerial para Asuntos Indígenas, el cual deberá presentar una propuesta a la Presidenta, quien, si lo estima conveniente, emitirá un instructivo presidencial. En una primera etapa, el documento sería obligatorio para la inversión pública y voluntario para la privada. Una normativa de esta naturaleza sólo puede ser obligatoria para todos en virtud de una ley, lo que tomará tiempo.
Cuando se discutía la norma ambiental que rige en Chile, hace casi dos décadas, había voces críticas, similares a las de ahora. Hoy sabemos que proteger el medioambiente no sólo es una obligación del Estado, sino de todos nosotros.
Si bien los derechos indígenas son de naturaleza distinta y no están contemplados como tales dentro de la normativa ambiental, estamos seguros de que ocurrirá un proceso parecido y, dentro de unos años, serán parte de nuestra cotidianidad. El respeto de los pueblos indígenas y de todas las minorías no sólo es un componente de la política de protección social de la Presidenta Bachelet, sino que es imprescindible para que nuestro país siga insertándose en la economía internacional de forma competitiva.
- 27/05/2009 - 04:00
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