Se aprobó en tercer trámite constitucional el proyecto de Ley General de Educación, excepto un artículo muy importante, que pasó a comisión mixta. Este último permitiría a quienes posean un título profesional o licenciatura de a lo menos ocho semestres realizar clases en la educación secundaria, en un área afín a su especialidad. La Cámara de Diputados había aprobado este artículo en primer trámite, pero él fue excluido en el Senado, a propuesta de parlamentarios socialistas. Mientras este punto no se zanje en la comisión mixta (probablemente en abril entrante), dicha ley no puede promulgarse y publicarse. Esto tiene la arista de que no estaría vigente antes del 2 de abril, fecha en que el gremio de profesores ha llamado a un paro ilegal en protesta contra la nueva normativa.
Con todo, se está poniendo fin a una larga discusión sobre el marco general que debe regir la educación chilena, el cual resultó de un acuerdo político muy significativo en el que todos los sectores con representación parlamentaria cedieron parcialmente en aspectos sustanciales de sus respectivas plataformas programáticas. Las tensiones de este proceso llegaron incluso a sacudir emocionalmente, por desgaste, a la ministra Jiménez.
Pese a tal convergencia, la tramitación tomó más tiempo de lo esperado, pues la Concertación demostró poca capacidad de atenerse al acuerdo firmado en La Moneda por los presidentes de los partidos. La Alianza, en cambio, mantuvo un férreo y unitario compromiso con el mismo, transmitiendo, en una materia de trascendencia y en la que coexisten diversas visiones en su seno, una imagen de gobernabilidad que no se le conocía. Ello fue fruto de un trabajo mancomunado de sus líderes políticos y equipos técnicos, que el oficialismo no pudo igualar.
Esta futura ley tiene aspectos de enorme valor, entre los que destacan una mejor definición de derechos y deberes; exigencias más elevadas para los colegios; mayor libertad curricular y una reorganización de las etapas escolares, reduciendo la enseñanza básica a seis años y alargando la media en dos. Esto permitirá que profesores especializados impartan clases a cursos más bajos en la educación subvencionada, práctica que ya emplean los colegios particulares pagados y que es una fuente de desigualdad de oportunidades.
En congruencia con esta medida, ampliamente respaldada por técnicos y expertos, y en concordancia con la carencia objetiva de profesores en disciplinas tales como matemáticas, el acuerdo político permitía que profesionales de disciplinas afines pudieran incorporarse a la educación media. Numerosos países tienen prácticas similares en los cursos superiores, y el nuestro necesita allegar más conocimientos a las salas de clases, sobre todo las de los establecimientos más vulnerables. La situación de éstos contrasta con la de los planteles privados y algunos otros que pueden costear en sus cuerpos docentes a profesionales extranjeros de alta formación -de lo que daba cuenta una crónica en nuestra edición de ayer-. Por eso, cerrar igual opción a las escuelas menos pudientes golpea injustamente a los estudiantes más pobres.
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2009/03/21/lge-aprobacion-y-articulo-pend.asp#comments
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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