Defensoría para víctimas
El senador Espina (RN) ha planteado la necesidad de crear una entidad independiente para atender a las víctimas de delitos, ya que, a su juicio, el Ministerio Público ha demostrado falta de competencia e interés para cumplir de modo satisfactorio esta función. Además, criticó fuertemente al Gobierno por no haber entregado el presupuesto comprometido para estos efectos en el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, suscrito hace un año. Éste previó un conjunto de medidas para garantizar la defensa jurídica y protección de las víctimas de delitos graves; entre ellas, la de consagrar la obligación del Estado de proporcionar defensa penal gratuita a las víctimas de delitos. Esto requiere una reforma constitucional, que si bien está en trámite en el Congreso, no registra avances desde mayo pasado. Cabe notar que 14 de las 15 medidas contempladas en ese acuerdo están paralizadas en el Legislativo o no han sido aún presentadas por el Ejecutivo.
En la misma época en que se firmó ese acuerdo, el Gobierno convocó a un amplio panel de expertos formado por destacados académicos, profesionales y especialistas que participaron en la reforma procesal penal, para sentar las bases respecto de cómo debiera materializarse la nueva institucionalidad para las víctimas. Algunos de ellos ya han manifestado que una nueva institución pública significaría duplicar recursos, inclinándose más bien por reforzar al Ministerio Público, mediante mayores recursos y la implementación de mecanismos efectivos de evaluación y accountability de los fiscales.
Debe distinguirse con claridad si el origen de estos problemas radica en el diseño de las instituciones o en su gestión, lo que cobra aún más relevancia si se contempla crear un fondo nacional para la representación de víctimas a cargo del Ministerio de Justicia, que ha mostrado serias deficiencias de gestión y sucesivas paralizaciones de los servicios bajo su responsabilidad.
Las cifras —según estadísticas entregadas por el presidente de la ONG "Víctimas de la delincuencia"— indican que el 97,2 por ciento de las víctimas de los delitos graves no ha recibido ninguna clase de ayuda, asesoría o protección del Estado. Siendo así, se puede concluir que el nuevo sistema de justicia penal ha cumplido efectivamente las primeras expectativas respecto de tasas de esclarecimiento de delitos, tasa de condenas, respeto al debido proceso, rapidez y transparencia, pero aún le falta por cumplir, como uno de sus principales desafíos, las debidas protección y reparación de las víctimas, frente a la extendida percepción ciudadana de que ellas no son correctamente acogidas, ni adecuadamente representados sus intereses. Más aún, existe la sensación de que el nuevo sistema protege más al delincuente. Esto último es estadísticamente insostenible, pero tal imagen persiste, y es preciso desvirtuarla con urgencia, pues está causando daño severo al prestigio del nuevo sistema procesal y sus instituciones.
La cobertura, los mecanismos de asistencia profesional y el soporte a las víctimas en cuanto a reparación económica y provisión de asistencia médica y psicológica son aún deficitarios, y corresponde al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público implementar con urgencia las medidas para superar esa situación, mientras no se defina el futuro institucional de la defensoría de víctimas.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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