A segundo trámite proyecto que facilitará los convenios de reprogramación de quiebras de micro empresas

A segundo trámite proyecto que facilitará los convenios de reprogramación de quiebras de micro empresas

 

Senador Jovino Novoa, integrante de la Comisión de Economía

Senador Jovino Novoa, integrante de la Comisión de Economía

Senador Jovino Novoa, integrante de la Comisión de Economía

La iniciativa que tuvo su origen en una moción del senador Guillermo Vásquez permitirá que las pequeñas empresas y deudores puedan acogerse a mecanismos más expeditos de refinanciación en caso de quiebras.

Con el voto en contra del senador Mariano Ruiz-Esquide, la Sala del Senado despachó el proyecto que permitirá a las empresas con ventas anuales inferiores a las 100 mil unidades de fomento y a las personas naturales con ingresos netos que no superen las 25 mil unidades de fomento acogerse a mecanismos más expeditos de reprogramación y refinanciamiento en caso de quiebras.

 

Con ello, la iniciativa que tuvo su origen en una moción del senador Guillermo Vásquez quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputados.

 

El senador Jovino Novoa, integrante de la Comisión de Economía dio cuenta de las modificaciones que se introdujeron a la iniciativa y que fueron respaldadas por unanimidad con el fin de "establecer convenios no concursales, en los cuales un deudor llega a acuerdo con los acreedores sin necesidad de entrar en el procedimiento que contempla la Ley de Quiebras".

 

Explicó que "el tipo de convenio que se propone es simple y de carácter extrajudicial que se acuerda entre deudor y un grupo de acreedores y que, posteriormente, es sometido al resto de los acreedores. También se establece un convenio para pequeños deudores, es decir,  micro empresas cuyos pasivos no superen las 2.000 unidades de fomento y el convenio preventivo especial que pueden celebrar empresarios cuyas ventas anuales no superen las 100 mil unidades de fomento".

 

El parlamentario sostuvo que "esta legislación viene a llenar una necesidad y un vacío que la Ley de Quiebras no cubre adecuadamente por lo engorroso del procedimiento y el alto costo que demanda el proceso judicial". 

 

Puntualizó que también "se buscó una armonización con las normas del denominado Estatuto Pyme que se encuentra cumpliendo su primer trámite, en la Cámara de Diputados. Incorporamos muchos de los conceptos contenidos en el Estatuto, de modo que no tenga que sufrir modificaciones posteriores". 
 
En lo fundamental el proyecto establece un marco legal para proteger los intereses de los pequeños deudores en situación de remate de sus bienes. Así al menos unas 240 mil pequeñas y medianas empresas podrán ingresar de forma ágil a este tipo de acuerdos que se celebran entre los deudores insolventes y la colectividad de sus acreedores, a fin de garantizar los intereses de las partes involucradas.

 

Se implementa además un procedimiento sencillo de convenios porque en la actualidad, por sus costos y métodos estaría dirigido a la gran empresa, y  no se otorgarían los incentivos necesarios para evitar el conflicto final, es decir, la quiebra.

 

Cabe señalar que, de acuerdo a lo establecido por la legislación de quiebras, los costos básicos de un convenio que considere activos de 2.000 UF, incluyendo publicaciones, honorarios del síndico o experto facilitador, del auditor autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros o en su caso del interventor designado por el tribunal y del abogado patrocinante del convenio, asciende a más de $4 millones.

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Rodrigo González Fernández
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