Barcelona contará con el primer fiscal especializado en acoso inmobiliario

Barcelona contará con el primer fiscal especializado en acoso inmobiliario

À. GUBERN. BARCELONA

Al igual que existe una fiscalía especializada en violencia de género o en delitos medioambientales, la Fiscalía Superior de Cataluña creará una nueva área de trabajo específica, en este caso para llevar los casos de acoso inmobiliario, o «mobbing» inmobiliario, como también se conoce. Sólo en Barcelona, entre 2004 y lo que llevamos de 2008 las oficinas municipales recibieron 530 consultas relacionadas con este fenómeno, cuyo perfil típico es el de un tiburón inmobiliario, normalmente el casero, que se dedica hostigar a un anciano que vive en un piso de renta antigua para que lo abandone. De los 530 casos, siete han llegado a los tribunales.

La escalada de precios, los procesos de reforma de los cascos antiguos de las grandes ciudades emprendidos en los últimos años y el furor especulativo de gente sin escrúpulos han hecho eclosionar un fenómeno que ahora la Fiscalía, de la mano del Ayuntamiento de Barcelona, quiere encarar con mayor eficacia. Así, se designará a un fiscal, Fernando Rodríguez Rey, que en coordinación con el Consistorio analizará los posibles casos que se hayan detectado y, si se intuyen indicios de delito, instruir las diligencias. Acompañada por el alcalde Jordi Hereu, la fiscal jefe de Cataluña, Teresa Compte, señaló que «la especialización da una mayor eficacia» y se «evita la dispersión de trámites» dentro de la misma Fiscalía. Compte explicó que espera que otros municipios se sumen a este plan del Ministerio Público pionero en España.

La manera de proceder será la siguiente. En primer lugar, las oficinas de vivienda de cada distrito de la ciudad recabarán información sobre los distintos casos de «mobbing» y tutelarán a los vecinos, ejerciendo una mediación que en uno de cada diez casos se ha demostrado suficiente para solucionar el problema. Si la mediación no resulta -«saber que la Fiscalía está detrás ayuda mucho a que funcione», ironizó el alcalde-, el expediente se traslada a la fiscalía, que entonces, con la «instrucción» ya hecha, puede actuar de inmediato.

El nuevo fiscal para casos de acoso inmobiliario señaló que aunque el Código Penal no tipifica de manera específica esta práctica, sí se puede abordar con garantías como un delito de coacción o de atentado contra la integridad moral, lo que se castiga con penas de hasta tres años de prisió

 

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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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