INUSUALES PRESIONES DE TRABAJADORES DEL REGISTRO CIVIL AL GOBIERNO
Trabajadores del Registro Civil amenazan con paro nacional si no restituyen a director
El gobierno removió a la cúpula del organismo tras conocerse irregularidades en un proceso de licitación.
Rodrigo Mejías y Cristián Chandía
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Cerca de unos 300 trabajadores del Registro Civil realizaron una protesta al interior del edificio central del organismo, ubicado en calle Huérfanos, como un acto de desagravio a la suspensión del director nacional, Guillermo Arenas, a causa de las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de la nueva plataforma tecnológica del servicio.
El edificio atendió sólo a las personas que quedaron en su interior, ya que sus puertas fueron cerradas debido a que el hall central y segundo piso del edificio fue tomado por los funcionarios.
Los trabajadores indicaron que no existen investigaciones que comprueben las acusaciones que se han realizado, y señalaron que "esto es otra medida del gobierno para ocultar el caso de la ministra (de Educación Yasna) Provoste",
En tanto, los funcionarios del Registro Civil, agregaron que si Guillermo Arenas no es restituido en su cargo, realizarán un paro nacional.
El presidente de los trabajadores del servicio, Juan Lavín, indicó que exigen "al ministro de Justicia que se inicie una investigación seria y que los resultados sean de conocimiento público al igual como se anunciaron en la prensa las presuntas irregularides". Además agregó que "debemos aclarar a las autoridades de gobierno y a la ciudadanía que no somos corruptos".
CONFIRMAN DENUNCIA CRIMINAL
En otra arista del mismo caso, el encargado de Delitos Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, Iván Millán, confirmó que el jueves pasado, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, presentó una denuncia con carácter criminal para investigar las presuntas irregularidades al interior del Registro Civil.
El fiscal sostuvo que, en una diligencia coordinada con la fiscal Alejandra Godoy y bajo la supervisión de la fiscal general Sonia Rojas, se conformará un equipo multidisciplinario para indagar la licitación ganada por la empresa india TATA, que, según denuncias, estaría viciada porque uno de sus ejecutivos era también asesor del servicio.
Cabe recordar que dicho proceso fue anulado por el saliente director del servicio, Guillermo Arenas.
La fiscalía tendrá que determinar si el lobby realizado por distintas firmas para adjudicarse la licitación de la nueva plataforma computacional del servicio -de más de 80 millones de pesos-, fue delito o no.
Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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