En momentos en que el Ejecutivo anuncia una serie de reformas políticas -entre las que, sorprendentemente, no se incluyen normas que busquen poner freno a la intervención electoral-, es útil analizar la reciente acusación que la Fiscalía Regional del Ministerio Público de Valparaíso presentó por los delitos de estafa y fraude al fisco en contra de ocho personas, incluidos la diputada Laura Soto (PPD) y el ex secretario regional ministerial del Trabajo José Manuel Mancilla (PS), por el desvío a la campaña de esa parlamentaria de recursos destinados a programas de empleo.
A ello cabe agregar también no sólo el proceso ju-dicial abierto en contra del diputado Rodrigo González (PPD) por similares hechos, sino además la condena dictada el año pasado en contra de un ex gobernador de la provincia de Choapa, Julio Werner Rojos (DC). En este último caso, se acreditó que dicho funcionario contrató a trabajadores con cargo al Fondo de Absor-ción de Cesantía, "a sabiendas de que no realizarían la función que señalaban los respectivos contratos de tra-bajo, sino que prestarían servicios como activistas de la campaña política de la diputada Adriana Muñoz (PPD), o no ejecutarían ningún trabajo".
En lo específicamente relativo a la diputada Soto, el Ministerio Público considera que con los diversos medios de prueba que acompaña puede acreditarse que esa parlamentaria, "conociendo el origen, fin o destino de los fondos estatales asignados para la ejecución de los proyectos antes indicados (empleo), (...) intervino en y facilitó los medios para la selección, contratación y pago de las labores de campaña de los trabajadores adscritos a dichos proyectos, las que además presenció, a sabiendas de haber sido ellos organizados para trabajar a tiempo completo en favor de su campaña para la reelección parlamentaria". Por ello solicita que se la condene, como autora de estafas reiteradas, a la pena de cinco años de presidio.
Dado que la parlamentaria y otros acusados ale-gan haber desconocido esta situación, se espera que en los próximos meses tenga lugar un juicio oral en este proceso. Con todo, las pruebas aportadas hasta ahora por la fiscalía -las que sirvieron de base para el desa-fuero aprobado por amplia mayoría, tanto en la Corte de Apelaciones de Valparaíso como en la Corte Suprema- parecen contundentes, y dan cuenta de todo un aparato montado para defraudar al fisco y beneficiar a algunos candidatos de la Concertación.
Como se ha señalado en otras oportunidades, más allá de la determinación de las responsabilidades penales y administrativas, la gravedad de los hechos investigados -y de otros de diversa magnitud que no necesariamente tienen alcances penales, ocurridos en distintos lugares del país en período de elecciones- debe llamar no sólo a una profunda autocrítica de las autoridades de la época, sino también a que el Ejecutivo saque las debidas lecciones de tan condenables hechos. Siendo así, no resulta presentable que, al estudiar una profunda reforma a nuestro sistema político, se excluya un aspecto tan determinante como la intervención electoral. Sería prudente recordar los graves conflictos cívicos a que esa práctica ha dado lugar en nuestra historia y en la experiencia comparada. Cuando ilegítimamente se usan fondos fiscales -que en este caso estaban destinados a ayuda para los desempleados por medio de obras con claro beneficio comunitario- para campañas electorales, es ineludible la conclusión de que también resulta severamente lesionado el sistema político en su conjunto. Una real y convincente rectificación es impostergable, y el Ejecutivo debe abrirse a una reforma en esta materia.
Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA ONU
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