Ha quedado fijado el primer trámite del litigio iniciado el 16 de enero por Perú en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia: las partes tendrán un primer encuentro con la presidenta del tribunal el próximo 14 de marzo, para conocer los procedimientos y ser oídas respeto del marco general del proceso. Este trámite de inicio tiene significación y es lo más importante en una semana en que fue detenido y multado un pesquero peruano por violar el límite marítimo del paralelo, se confirmó la posición fundamental ecuatoriana sobre la validez y vigencia de los tratados de 1952 y 1954, y hubo declaraciones relacionadas con el caso tanto en Santiago como en Lima.
En esta primera audiencia, Perú pedirá un plazo para presentar su memoria, que probablemente se extenderá entre ocho y 12 meses, determinando otro a lo menos igual para la contramemoria chilena. También podría dar lugar a que se reservaran, anunciaran o formularan excepciones preliminares sobre el carácter del cuestionamiento o diferendo y sobre la competencia de la Corte, y ser ocasión de que se pidan medidas provisionales.
Para Chile, pese al carácter básicamente procesal del comparendo, será su primera oportunidad de referirse a su posición, pues Perú ya lo ha hecho en su demanda, y la única formal antes de la contramemoria, distante en el tiempo. El litigio podría durar entre cuatro y seis años.
Ambas partes, por tanto, concurrirán con equipos completos, aunque la práctica quiere que sean limitados en número. Por Chile, el agente principal, Alberto van Klaveren, será acompañado a lo menos por la coagente designada y directora de Fronteras, María Teresa Infante, y por un abogado del equipo jurídico chileno, tal vez su coordinador, Jan Paulsson. Perú comparecerá probablemente con el agente Alan Wagner, algún miembro de su equipo peruano y uno de sus abogados extranjeros.
La audiencia también será ocasión de tratar del juez ad hoc a que tiene derecho cada litigante. Perú ya ha anunciado que el suyo será Gilbert Guillaume, asesor jurídico del Quai d'Orsay y ex ministro y presidente de la Corte de La Haya. Chile, con toda probabilidad, anunciará un nombramiento con las calidades requeridas y que tenga parecido valimiento ante los miembros del tribunal.
Perú ha dicho que su agente se reunirá con anticipación con todo su equipo jurídico, en Europa. Chile hará lo propio, y habrá reuniones del agente con sus colaboradores más cercanos y los abogados extranjeros, con antelación al comparendo, quizá en París y La Haya.
Si bien no será propiamente presentado en la audiencia, el agente chileno reafirmó nuestro entendimiento frente al caso: Chile sostiene que el límite marítimo fue fijado hace más de 50 años, expresado en los tratados de 1952 y 1954, y señalizado por acuerdo solemne de las partes en 1968 y 1969 en el paralelo que nace del hito 1. Esta definición fue una práctica de medio siglo por ambas naciones, todas las partes de los tratados, y reconocida internacionalmente. Es, además, la realidad actual, el statu quo vigente y válido. Perú comenzó sus primeras objeciones, su cuestionamiento e intento de cambiar el límite en los últimos años. En lo político-diplomático, el agente y canciller subrogante dejó en claro que la demanda peruana no podía sino afectar, de alguna manera, las relaciones diplomáticas.
En este marco se produjo la detención de un barco pesquero mediano, dotado de posicionador satelital y modernos equipos, sorprendido pescando más de una milla al sur del paralelo. Fue sancionado con una alta multa por la jueza competente -medida procedente y acorde con una realidad jurídica y práctica inveteradas-; su monto, sin embargo, podría ser rectificado por la Corte de Apelaciones de Arica. Más allá del significado limítrofe del asunto, convendría reactivar las instancias bilaterales de coordinación pesquera que existieron en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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