| Se fiscalizará gestión financiera y administrativa, además de la calidad de la atención al público: | |
| Una sorpresiva "auditoría integral" a cinco servicios realizará en 2008 la Contraloría | |
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| CLAUDIO SALINAS Y MARIO GÁLVEZ |
Ramiro Mendoza sigue con su pequeña revolución e infundiendo más dinamismo a la Contraloría General de la República.
A la reciente reorganización de los equipos directivos del organismo sumó ahora el anuncio de que va a llevar adelante, a partir de 2008, un plan anual de "auditorías integrales aleatorias" a servicios públicos, que implicará una revisión exhaustiva de sus procesos internos y áreas de gestión.
Las primeras cinco reparticiones a las que se les "dejará caer la Contraloría", a partir del 2 de enero próximo, son el Instituto de Normalización Previsional (INP), el Servicio de Registro Civil e Identificación, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología (Conicyt).
El contralor Mendoza precisó a este diario que los servicios seleccionados surgieron de un sorteo computacional a partir de una matriz de veinte organismos que fueron escogidos sobre la base de parámetros como tamaño, el volumen de recursos públicos involucrados, transferencias a terceros y relación con la ciudadanía.
En el caso de las entidades que atienden público -como el INP, el Registro Civil y Fonasa-, Mendoza sostuvo que ello fue un factor relevante para ponerlos en la lista, y una parte de la fiscalización se centrará también en la eficiencia con que se atienda a los usuarios.
A los jefes de los respectivos servicios se les comunicó el pasado miércoles que las entidades a su cargo serán sometidas en 2008 a estas auditorías, que incluyen la revisión del manejo de personal, remuneraciones, contrataciones, finanzas, legalidad de los gastos y adquisiciones, entre otros aspectos.
El contralor detalló que en las reparticiones señaladas se instalarán un par de fiscalizadores de la División de Auditoría Administrativa, que permanecerán a lo largo del año revisando los procesos internos para elaborar un informe, que se completará el primer trimestre de 2009 y que será enviado al jefe de servicio, al ministro del cual depende aquél y a la Presidenta de la República, tras lo cual quedará a disposición de todo el mundo en el sitio web de la Contraloría.
Mendoza explicó que la Contraloría no tiene recursos ni personal para fiscalizar integralmente todos los servicios estatales, y por eso ha decidido reorientar su labor en 2008 priorizando esencialmente el control del gasto de los programas públicos -más que la revisión de las distintas reparticiones-, porque allí se concentran los mayores volúmenes de fondos fiscales y las grandes transferencias de recursos. De allí que se haya optado por una selección aleatoria y a fondo, como una forma de disuasivo a todos los servicios públicos para que eleven sus estándares y no resulten sorprendidos.
El contralor hizo hincapié también en que estas auditorías integrales no constituyen un "control de mérito", vale decir, no examinarán si los procedimientos tienen buenos o malos resultados, sino básicamente que se ajusten a la legalidad.
Cabe recordar que el ministro Francisco Vidal, cuando reasumió como vocero del Gobierno a comienzos de diciembre, se reunió con el contralor Mendoza para pedirle que sometiera al ministerio a su cargo a una de estas auditorías integrales.
Sin embargo, primó el criterio técnico y los servicios escogidos surgieron de un sorteo computacional aleatorio y no de una determinación política.
Los cinco organismos sorteados para el inicio de la nueva fiscalización
FONASA
Con 350 empleados de planta, 346 a contrata y 33 a honorarios, es el organismo encargado de otorgar cobertura de atención a personas que cotizan el 7% de salud, como a quienes carecen de recursos propios. El año pasado fue sometido a indagación por la Contraloría ante los malos resultados del Plan AUGE. Su director es el doctor Hernán Monasterio (PS), quien fuera jefe de gabinete de la actual Presidenta Michelle Bachelet cuando ella era ministra de Salud. Su segundo es un funcionario de carrera, Pablo Venegas.
EFE
Actualmente es uno de los servicios estatales más cuestionados, e incluso enfrenta una investigación parlamentaria. Según cálculos estimados, la empresa ferroviaria tiene alrededor de 15 mil funcionarios distribuidos a lo largo del país. Su actual presidente es el ex ministro de Economía de la administración Lagos, Jorge Rodríguez (DC), mientras que el secretario de la empresa es el vicepresidente de ese partido, Eduardo Abedrapo. También ocupa uno de los cargos de director otro DC, Jaime Binder, jefe de gabinete del ministro de Transportes, René Cortázar.
INP
Con 3.100 funcionarios a nivel nacional, el Instituto de Normalización Previsional es dirigido por el ex subgerente general Sercotec-Corfo, Rafael del Campo Mullins. Es casado con una hija del ex diputado DC Alberto Zaldívar Larraín, hermano de Andrés y Adolfo. Aunque algunos lo ubican cercano a ese partido, otros lo dan por radical. Pero Del Campo fue uno de los primeros funcionarios elegidos por concurso de la Alta Dirección Pública. La entidad atiende a adultos mayores, personas discapacitadas y en situación de extrema pobreza.
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Según su página web, tiene 1.288 funcionarios de planta, 1.560 a contrata y 112 personas a honorarios. Su director nacional es Guillermo Arenas Escudero (PPD ex radical). El subdirector de Administración y Finanzas es Luis Mella Castro (PS); el subdirector de Operaciones es Enzo Pistacchio Sassarini (DC) y el subdirector de Estudios y Desarrollo es José Andrés Moreno Guillén (PRSD). Es uno de los servicios más extensos del país, pues cuenta con 467 oficinas, oficinas móviles, e incluso otorga atención por vía marítima.
CONICYT
La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) es dirigida por la ingeniera comercial Vivian Heyl (PPD). Su designación provocó molestia en el mundo científico por no provenir de esa área. También desató polémica por designar al cuñado del ex Presidente Ricardo Lagos, Pedro Durán, como asesor en materias internacionales (ya no ocupa el cargo), y a la hija del ex vicepresidente de Codelco, Juan Villarzú (DC), la asistente social María Villarzú, como directora de Explora. En total, la entidad tiene 285 empleados.
A la reciente reorganización de los equipos directivos del organismo sumó ahora el anuncio de que va a llevar adelante, a partir de 2008, un plan anual de "auditorías integrales aleatorias" a servicios públicos, que implicará una revisión exhaustiva de sus procesos internos y áreas de gestión.
Las primeras cinco reparticiones a las que se les "dejará caer la Contraloría", a partir del 2 de enero próximo, son el Instituto de Normalización Previsional (INP), el Servicio de Registro Civil e Identificación, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología (Conicyt).
El contralor Mendoza precisó a este diario que los servicios seleccionados surgieron de un sorteo computacional a partir de una matriz de veinte organismos que fueron escogidos sobre la base de parámetros como tamaño, el volumen de recursos públicos involucrados, transferencias a terceros y relación con la ciudadanía.
En el caso de las entidades que atienden público -como el INP, el Registro Civil y Fonasa-, Mendoza sostuvo que ello fue un factor relevante para ponerlos en la lista, y una parte de la fiscalización se centrará también en la eficiencia con que se atienda a los usuarios.
A los jefes de los respectivos servicios se les comunicó el pasado miércoles que las entidades a su cargo serán sometidas en 2008 a estas auditorías, que incluyen la revisión del manejo de personal, remuneraciones, contrataciones, finanzas, legalidad de los gastos y adquisiciones, entre otros aspectos.
El contralor detalló que en las reparticiones señaladas se instalarán un par de fiscalizadores de la División de Auditoría Administrativa, que permanecerán a lo largo del año revisando los procesos internos para elaborar un informe, que se completará el primer trimestre de 2009 y que será enviado al jefe de servicio, al ministro del cual depende aquél y a la Presidenta de la República, tras lo cual quedará a disposición de todo el mundo en el sitio web de la Contraloría.
Mendoza explicó que la Contraloría no tiene recursos ni personal para fiscalizar integralmente todos los servicios estatales, y por eso ha decidido reorientar su labor en 2008 priorizando esencialmente el control del gasto de los programas públicos -más que la revisión de las distintas reparticiones-, porque allí se concentran los mayores volúmenes de fondos fiscales y las grandes transferencias de recursos. De allí que se haya optado por una selección aleatoria y a fondo, como una forma de disuasivo a todos los servicios públicos para que eleven sus estándares y no resulten sorprendidos.
El contralor hizo hincapié también en que estas auditorías integrales no constituyen un "control de mérito", vale decir, no examinarán si los procedimientos tienen buenos o malos resultados, sino básicamente que se ajusten a la legalidad.
Cabe recordar que el ministro Francisco Vidal, cuando reasumió como vocero del Gobierno a comienzos de diciembre, se reunió con el contralor Mendoza para pedirle que sometiera al ministerio a su cargo a una de estas auditorías integrales.
Sin embargo, primó el criterio técnico y los servicios escogidos surgieron de un sorteo computacional aleatorio y no de una determinación política.
Los cinco organismos sorteados para el inicio de la nueva fiscalización
FONASA
Con 350 empleados de planta, 346 a contrata y 33 a honorarios, es el organismo encargado de otorgar cobertura de atención a personas que cotizan el 7% de salud, como a quienes carecen de recursos propios. El año pasado fue sometido a indagación por la Contraloría ante los malos resultados del Plan AUGE. Su director es el doctor Hernán Monasterio (PS), quien fuera jefe de gabinete de la actual Presidenta Michelle Bachelet cuando ella era ministra de Salud. Su segundo es un funcionario de carrera, Pablo Venegas.
EFE
Actualmente es uno de los servicios estatales más cuestionados, e incluso enfrenta una investigación parlamentaria. Según cálculos estimados, la empresa ferroviaria tiene alrededor de 15 mil funcionarios distribuidos a lo largo del país. Su actual presidente es el ex ministro de Economía de la administración Lagos, Jorge Rodríguez (DC), mientras que el secretario de la empresa es el vicepresidente de ese partido, Eduardo Abedrapo. También ocupa uno de los cargos de director otro DC, Jaime Binder, jefe de gabinete del ministro de Transportes, René Cortázar.
INP
Con 3.100 funcionarios a nivel nacional, el Instituto de Normalización Previsional es dirigido por el ex subgerente general Sercotec-Corfo, Rafael del Campo Mullins. Es casado con una hija del ex diputado DC Alberto Zaldívar Larraín, hermano de Andrés y Adolfo. Aunque algunos lo ubican cercano a ese partido, otros lo dan por radical. Pero Del Campo fue uno de los primeros funcionarios elegidos por concurso de la Alta Dirección Pública. La entidad atiende a adultos mayores, personas discapacitadas y en situación de extrema pobreza.
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Según su página web, tiene 1.288 funcionarios de planta, 1.560 a contrata y 112 personas a honorarios. Su director nacional es Guillermo Arenas Escudero (PPD ex radical). El subdirector de Administración y Finanzas es Luis Mella Castro (PS); el subdirector de Operaciones es Enzo Pistacchio Sassarini (DC) y el subdirector de Estudios y Desarrollo es José Andrés Moreno Guillén (PRSD). Es uno de los servicios más extensos del país, pues cuenta con 467 oficinas, oficinas móviles, e incluso otorga atención por vía marítima.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
www.Consultajuridicachile.blogspot.com
www.lobbyingchile.blogspot.com
www.el-observatorio-politico.blogspot.com
Renato Sánchez 3586
teléfono: 5839786
e-mail rogofe47@mi.cl
Santiago-Chile
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