| autoridades incompetentes Severos cuestionamientos por actuación en caso de "femicidio":
Reproches cruzados de autoridades por crisis en la justicia de familia
X. MARRÉ, X. PÉREZ, C. VALENZUELA, M. CAMPUSANO
Titular del Sernam objetó que una jueza de familia no cumpliera mandato legal de decretar medida de protección a mujer que fue asesinada.
Un debate entre los tres poderes del Estado desencadenó la crisis de los tribunales de familia, en que los distintos actores se enrostran responsabilidades por la falta de soluciones.
La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, cuestionó que una jueza de familia se haya excusado de su mandato legal de decretar medidas de protección, aduciendo que no había hora para audiencias, en el caso que terminó con el homicidio de la joven Katherine Casas-Cordero, en Maipú.
"No se necesita que haya una audiencia para decretar medidas de protección. Cuando existen presunciones de riesgo, que es algo que debió evaluar el tribunal, cuando se recibió a la mujer que fue asesinada, se pueden decretar medidas de protección", remarcó la secretaria de Estado.
Sin alusiones directas, la ministra Albornoz replicaba así a las palabras de la jueza de familia, Gloria Negroni, quien reprochó al Ejecutivo la falta de recursos para nombrar más jueces y funcionarios que permitan absorber la gran demanda por la justicia de familia.
Incluso, la ministra estimó que frente a un divorcio, una pensión de alimentos o una violencia intrafamiliar, por criterio, debieran priorizarse los casos de violencia. "Además del mandato legal, opera un tema de criterio", acotó.
Si bien dijo compartir con los demás actores que hay atochamiento en los tribunales de familia y para eso hay un proyecto de ley en discusión, advirtió que "no compete que cualquier autoridad perteneciente a un órgano del Estado, presente excusas respecto de su obligación legal".
La ministra Albornoz informó que Carabineros, el año pasado, derivó a los tribunales de familia 96 mil denuncias de violencia intrafamiliar, sin embargo, se decretaron dos mil medidas de protección y se cursaron mil multas. "¿Parece eso razonable?", preguntó.
A su juicio, la dotación de más recursos a la institucionalidad judicial tiene que traducirse en más medidas de protección a las víctimas.
No obstante, remarcó que en los temas de violencia hay debilidades. "Es un tema cultural, que requiere de capacitación sobre el fenómeno de la violencia, de creerle a las mujeres cuando denuncian y no esperar a una audiencia posterior", dijo.
"Pero lo que no puede pasar -agregó- es que una autoridad pública se pueda excusar del cumplimiento de una obligación legal, justificando el hecho, porque eso deja a las personas en situación de indefensión".
Desde el Senado, también surgieron críticas a la actuación del Gobierno. La ofensiva opositora la lideraron los senadores Alberto Espina (RN) y Andrés Chadwick (UDI), quienes anunciaron que si bien aprobarán el proyecto de ley para mejorar la justicia de familia, exigirán aumentar significativamente el número de jueces, de manera de llegar a 517 en todo el país, y superar los 316 que propone La Moneda.
La arremetida contó con el apoyo del abanderado RN, Sebastián Piñera, y la vocera de ese partido, Lily Pérez, quienes pidieron, además, que La Moneda acelere las iniciativas legales para sancionar con mayor dureza los denominados "femicidios".
Desde la DC, en tanto, su presidenta, Soledad Alvear, dijo estar molesta y dolida con el colapso de los tribunales y dijo que su puesta en marcha debió haberse hecho en forma paulatina. Eso sí, para Alvear el problema no radica en el número de tribunales, sino en la recarga de trabajo.
Las críticas por el atochamiento en los tribunales de familia emanaron de la ex jueza Alba Llanos, poco después de inaugurado el sistema.
En mail, jueza acusó conflicto
En correo de despedida, la magistrada dice que la justicia de familia la hizo "colapsar".
En un correo electrónico enviado el sábado 22 de septiembre a sus amigos y colegas, la jueza Alba Llanos se despidió sosteniendo que "la modernización en el ejercicio de la judicatura reposaba sobre la premisa de la humanización (...) pero en los hechos ello resulta ser una verdadera parodia de desaciertos y equivocaciones, y en los tribunales de familia, puede evidenciarse incluso una manifiesta denegación de justicia". Además, dice que "la mirada eficientista nos centra en las estadísticas (...) todo ello propuesto por los cerebros de las reformas, sin perjuicio que ni ellos ni nuestros superiores han tenido la ocasión de sentarse en un estrado para percibir la dimensión del siniestro".
Suprema: "Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance"
Si bien el pleno de la Corte Suprema no analizó ayer formalmente el colapso de los Tribunales de Familia, el ministro vocero del máximo tribunal, Urbano Marín, afirmó que la solución para el problema está en corregir los defectos de diseño y estructura y aumentar los jueces.
No obstante, el magistrado recordó que el Poder Judicial no puede adoptar medidas sin el acuerdo de los otros poderes del Estado. "Por nuestra cuenta, hemos hecho lo que está a nuestro alcance", dijo, y precisó que el Poder Judicial reforzó con más personal algunos tribunales con fondos correspondientes a otros ítems. Marín dijo además que para la Suprema el gasto en justicia es una inversión política y socialmente correcta. "Desde el punto de vista económico, la ubicación del país como país confiable desde el punto de vista de las inversiones, del turismo y los negocios, también pasa por la calidad de su justicia".
La primera en alertar el colapso
Alba Llanos dejó el Poder Judicial en marzo pasado.
El mismo sistema cuyo colapso destapó, le terminó pasando la cuenta a la ahora ex jueza del Primer Juzgado de Familia Alba Llanos, quien en enero de 2006 fue la primera en alertar la crisis en los tribunales de familia, poco después de su partida.
El 19 de marzo pasado, la magistrada dejó su puesto de trabajo y acogiendo la recomendación de su médico, decidió tramitar su jubilación anticipada para recuperarse de una grave depresión. "Me costó, he llorado mucho y lo he lamentado, porque ha sido fuerte para mí. Pero desde el punto de vista de mi conciencia, creo que es lo que tenía que hacer (...) No me interesa ser ganapán. No puedo. Estaba a contrapelo en un sistema que no respondió", dice.
Reconoce que su lucha por mejoras en los juzgados de familia le trajó altos costos y nulos resultados, y asegura que el fracaso del sistema responde fundamentalmente a una "desidia institucional muy profunda". Subraya que no se escuchó a técnicos y expertos que advirtieron temprano las falencias del sistema. "Con un país que no toma en cuenta las opiniones técnicas de quienes han estado codo a codo luchando con el tema, y sólo se toma en cuenta la opinión política y cuánto marqueteo eso tenga por los votos, yo no puedo lidiar con un sistema así, no puedo tener un cargo público siendo obsecuente a ese sistema".
Trayectoria
Alba Llanos Melussa, 55 años, empezó su carrera en el Poder Judicial como asistente social, en 1981. Luego se convirtió en jueza de Letras de Buin y de Menores de San Bernardo. Fue una de las primeras magistradas de la justicia de familia, inaugurada en octubre de 2005. Y también inició las críticas al nuevo sistema. "Se reventó", dijo, ante el colapso de los tribunales. Fue elegida dirigenta de la Asociación Nacional de Magistrados. Antes de retirarse del Poder Judicial, recibió un llamado de atención del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago por haber asistido a un seminario mientras estaba con licencia médica.
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