Consejo para la Transparencia

Consejo para la Transparencia Juan Pablo Olmedo Presidente Fundación Pro Acceso En sus fases finales de tramitación legislativa se encuentra en estudio de una Comisión Mixta de senadores y diputados el proyecto de ley que establece el estatuto de acceso a la información pública. Una de las mayores innovaciones del futuro estatuto radica en la creación del Consejo para la Transparencia, un nuevo órgano del Estado, de naturaleza autónoma e independiente, que será responsable de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a información pública por parte de la Administración del Estado. El Banco Central y la Contraloría General de la República han manifestado su preocupación respecto de las competencias y atribuciones del Consejo para la Transparencia. Por disposición expresa de la Ley Nº 18.575 ambos órganos integran la Administración del Estado y por ende quedan incorporados dentro de las competencias del futuro Consejo. Sin embargo, cuentan con reconocimiento y autonomía garantizada por la Constitución Política, se rigen por sus respectivas leyes orgánico constitucionales y reclaman independencia del nuevo órgano fiscalizador. El punto en discusión es relevante y la preocupación formulada debe ser atendida con perspectiva país. En primer término cabe recordar el valioso consenso en la necesidad de crear un órgano, con autonomía, facultades, recursos y capacidad institucional, destinado a promover la transparencia y el derecho de acceso a información pública. Distinto es el alcance de las competencias y atribuciones del Consejo. El artículo 8 de la Constitución Política establece los principios de probidad, publicidad y transparencia y su obligatoriedad para todos los órganos del Estado, incluidos el Congreso, el Poder Judicial y todos los órganos con autonomía constitucional. La recomendación del Grupo de Trabajo sobre Transparencia del año 2006 fue la creación de un órgano preferentemente de rango constitucional que abarcara a todos los órganos del Estado. Por último, el proyecto de ley en discusión, si bien limita la competencia a la Administración del Estado, considera rectificaciones específicas en las normativas que rigen al Poder Judicial y al Congreso y otorga al Consejo para la Transparencia el mandato de vincularse y coordinarse con todos los órganos del Estado. Adicionalmente, y tras el fallo reciente del Tribunal Constitucional, el derecho de acceso a información pública es un derecho fundamental de la persona humana de aquellos que protege el artículo 5 de la Constitución Política. Su reconocimiento implícito se funda en los artículos Nº 4, 8 y 19 Nº12 de la Constitución y se confirma lo ya señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo en contra del Estado de Chile de 2006. Más aún, al ser parte e integrar el derecho a la libertad de expresión, el derecho de acceso a información, tras la sentencia del TC, se encuentra protegido por los recursos constitucionales de protección que alcanzan también a todos los órganos del Estado. De lo expuesto, sólo cabe concluir que las competencias y funciones del Consejo para la Transparencia son de naturaleza expansiva, progresiva y destinada a incluir a todos los órganos del Estado, debiendo en su etapa inicial focalizar sus esfuerzos en la Administración del Estado que, para estos efectos, incluye al Banco Central y la Contraloría General. Ambos órganos, desarrollan y han sido impulsores de buenas prácticas de transparencia. No obstante, son parte de la tradición de secreto aún imperante en el país, y han sido objeto de requerimientos de acceso a información pública que, en el caso del Banco Central, incluyen la intervención y un caso pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El apoyo, la transmisión de experiencia y la colaboración explícita al Consejo de la Transparencia resultan esenciales y no pueden ser considerados como un menoscabo a sus legítimas autonomías constitucionales. Muy por el contrario, en el contexto de una sociedad democrática, las perfeccionan y satisface los estándares de rendición de cuenta que nuestra sociedad hoy les exige. Más aún, la práctica e interacción generada por ambos órganos y el Consejo para la Transparencia debieran ser ejemplificadoras para perfeccionar, en un futuro próximo, el estatuto de acceso a información, extendiendo las competencias al Congreso y el Poder Judicial, elevando su estatus y reconociendo al Consejo como un órgano constitucional, al amparo del artículo 8 de la Constitución Política. más informacion ,pinche aquí http://editorial.elmercurio.com/archives/2007/08/consejo_para_la.asp#more

Saludos
Rodrigo González Fernández
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