El país ha sido testigo en las últimas semanas de mi preocupación por el mal funcionamiento del nuevo sistema de transporte público de Santiago. He manifestado de manera reiterada mis reparos a su diseño e implementación, así como también mis observaciones al proyecto de ley, actualmente en trámite en el Congreso Nacional, que crea el fondo de estabilización del Transantiago.
Desde mi intervención en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, en mayo pasado, mi conducta ha sido una sola: exigir y proponer una solución radical y transparente a la crisis que hoy vivimos, que tiene su expresión más dolorosa en las millones de personas que a diario deben sufrir las incomodidades de un mal servicio, cuya gestión ha estado muy lejos de lo que se prometió.
Animado por ese espíritu, junto al vicepresidente del Senado, Carlos Ominami, presentamos algunas indicaciones a la iniciativa que actualmente se discute en el Parlamento y que acaba de ser despachada por la Cámara de Diputados. El objetivo no es otro que perfeccionar el proyecto para que sea más transparente, sobre todo porque sólo está destinado a enfrentar una emergencia y no soluciona el problema de fondo del Transantiago.
Por eso es que no entiendo y me sorprende la virulenta reacción que hemos encontrado en algunos actores políticos luego que incluyéramos estas indicaciones a la iniciativa, que -además de ser una potestad de los parlamentarios en la tramitación de cualquier proyecto de ley- fue firmada por los jefes de bancada de todos los partidos de la Concertación, quienes obviamente estaban al tanto de su contenido y propósito.
Aquí no hay intereses ocultos, ni mucho menos afanes personalistas. Por el contrario, las indicaciones van en la línea de lo que vengo diciendo desde hace más de un mes, en el sentido de que el Estado debe tener una mayor ingerencia en el sistema de transporte público de Santiago y que debe haber total claridad respecto al uso de los recursos para que realmente ayuden, aunque sea parcialmente, a mitigar el problema. Estas aspiraciones han sido conversadas reiteradamente con diversas autoridades de Gobierno y senadores y diputados de nuestro conglomerado.
La transparencia, que a algunos parece tanto molestarle, es un elemento esencial en cualquier política pública. Más aún lo es en este caso, el que ha estado salpicado desde su origen por una serie de decisiones poco afortunadas como cambios reiterados en las reglas del juego, contratos abiertamente perjudiciales para los intereses del Estado y escasa claridad en los temas financieros.
Respecto a un tema tan delicado como éste, lo menos que puedo hacer para salvaguardar el interés colectivo y del Estado de Chile es exigir una rendición de cuentas de lo que se está haciendo en forma periódica y transparente. Conforme a ello, reitero que no estoy dispuesto a dar un cheque en blanco al Transantiago, menos cuando se trata de platas que pertenecen a todos los chilenos.
Asimismo, tal como lo dije anteriormente, en esta misma tribuna, no sacamos nada con inyectar fondos al sistema para salvarlo de la quiebra e impedir el alza de tarifas, si esto no va aparejado de una mejora sustancial en la calidad del servicio. De lo contrario, seguiremos dilapidando recursos entregándoselos a quienes han hecho mal su tarea. Por lo mismo, es que también pedimos al Ministro de Transportes que presente a la brevedad un plan alternativo al Transantiago para ponerlo en práctica si éste no entra a la brevedad en proceso de franca mejoría.
La transparencia no le hace daño ni al Gobierno ni a la Concertación, sino que la fortalece. No me importa si este afán le incómoda a tal o cual dirigente político. No es el momento de hacerse el simpático, sino de hablar fuerte y claro defendiendo los intereses y el bienestar de la ciudadanía.
En la tramitación del proyecto en cuestión, como Mesa del Senado hicimos siempre presente a los ministros correspondientes, que nuestros requerimientos podían dejarse establecidos en un Protocolo adjunto a la ley. De este modo, evitamos una prolongada tramitación en una materia urgente y a la vez quedan establecidos los adecuados requerimientos de transparencia y rendición de los fondos asignados.
Como presidente del Senado y como ex Presidente de la República es mi deber representar en forma constructiva el malestar y la angustia que hoy sufren los habitantes de Santiago, quienes hoy claman por soluciones de fondo y dignas a un problema que les afecta centralmente.
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