discursos presidenciales

Análisis de Libertad y Desarrollo
DISCURSOS PRESIDENCIALES 1990-2007: LENTO GIRO A LA IZQUIERDA

Este trabajo de Libertad y Desarrollo (LyD) consistió en analizar los discursos presidenciales del 21 de mayo desde 1990 hasta el 2007 y desde la perspectiva de las políticas públicas analizar 5 áreas relevantes: educación, salud, empleo, delincuencia y vivienda.
El lunes recién pasado la Presidenta Bachelet dio cuenta pública del estado de la Nación ante el Congreso pleno. Esta es la ocasión en que tradicionalmente los Presidentes se han fijado metas, directrices y propósitos de gobierno, así como también han hecho recuentos de los avances, y en alguna ocasión han repasado los desafíos pendientes.

En momentos en que el transporte, la educación, la delincuencia, la energía y el medio ambiente entre otros temas han estado en boga por su deterioro o por sus problemas, es factible cuestionarse qué nos dicen estos discursos, cuáles son las promesas que los gobiernos de la Concertación le ha propuesto al país y si se aprecia una continuidad o un giro ideológico en la exposición de los diferentes mandatarios. Para intentar responder estas inquietudes revisamos los discursos desde 1990 hasta 2007.

Lo primero que se observa es que -más allá de una eventual "alma concertacionista"- lo que en gran medida determina el eje de las políticas públicas es el partido político del Presidente de turno parece más relevante.

70 días después de asumir la Presidencia, Patricio Aylwin acude al Congreso con un mensaje estructurado sobre la base de 5 tareas: reconciliación nacional; democratización de las instituciones, corregir las desigualdades sociales; impulsar el desarrollo económico, crecimiento y modernización; y la reinserción internacional de Chile.

Una revisión somera de los sucesivos discursos de los Presidentes de la Concertación, demuestra que en la gran mayoría de ellos la estructura es la misma , es decir, los temas son reiterativos, pero matizando el grado de extensión que abarca uno.

En materias sociales, ya en 1990 se criticaba la escasa calidad de la educación pública, pero se dejaba establecido que "buscaremos hacer efectivo el derecho y la oportunidad de los chilenos a una buena educación (...) reafirmando los principios de libertad de enseñanza..." Aylwin lo dejaba muy claro: calidad en libertad. E incluso profundiza declarando "nuestro objetivo es consolidar una institucionalidad que combine los principios de descentralización, participación de los profesores y la comunidad, respeto a las diversidades culturales y regionales, y eficiencia administrativa."

La reforma curricular llevada a cabo por Frei propugnaba contenidos mínimos que todos los establecimientos debían enseñar, sobre los cuales los colegios podían elaborar sus propios planes. Para el gobierno de entonces era "un innovador paso hacia la descentralización y la autonomía de los establecimientos", que contrasta significativamente con las propuestas actuales.

Un principio similar se observaba en materia de vivienda. En 1994 se implantaba un nuevo mecanismo de subsidio habitacional que "permita a los beneficiarios libremente elegir la ubicación, diseño y calidad de sus viviendas (...) esta modalidad reconoce la plena capacidad de los sectores modestos de elegir y definir sus inversiones en vivienda (...) es aspiración de los chilenos a no verse obligados a aceptar una casa en un sector determinado por el gobierno."

El argumento contrasta con los principios que -al menos en materia educacional- se observa bajo la Presidenta Bachelet, que a través de un proyecto de ley entraba la posibilidad de elección a los más pobres de la sociedad, para que sus hijos se eduquen en colegios cuyo contenido y calidad determina el gobierno.

Así, en materia social se observa una transición desde la descentralización y la libertad de elección a uno esquema de centralización y control estatal que limita las opciones de decisión libre las personas.

En lo que respecta a la economía, el primer gobierno concertacionista reconocía en el sector privado el motor de crecimiento económico. Aún más, establecía que el sector privado requiere de un tratamiento favorable en el sistema tributario y en las regulaciones a la inversión extranjera, "normas e incentivos que no modificaremos". Nada más alejado a las continuas demandas de los partidos oficialistas durante 2005, en la era Lagos, para la implementación del royalty minero.

La disciplina fiscal fue un importante factor para el crecimiento económico de los primeros 7 años de la década pasada: durante el gobierno de Aylwin, el fundamento era que una expansión del gasto fiscal implicaba una fuerte presión a la política monetaria nacional, ya que implicaba un aumento de la inflación, un impuesto al poder adquisitivo de los más pobres. De hecho se afirmaba en 1991 que "No vacilaremos en controlar el gasto público , y aún reducirlo - si fuese necesario- para disminuirla (la inflación)." De la misma manera, Frei y Lagos respetaron en la práctica el superavit estructural del 1%. Bachelet, el año pasado afirmaba: "reitero el compromiso de mi gobierno con la meta del superavit estructural del 1%", sin embargo no sólo el 2007 ha sido uno de los más expansivos en gasto social, sino que en el reciente discurso se contempla flexibilizar la regla fiscal en forma más acelerada de lo que recomiendan los expertos, con el eventual impacto que ello pueda significar en la inflación y el tipo de cambio real.

Así, mientras durante los primeros años de la Concertación el sector privado era visto como un aliado y un motor esencial, desde el Presidente Lagos se observa una creciente tendencia a la regulación y a un rol preponderante del Estado en la economía, especialmente a través de un gasto social expansivo.

En lo político En lo político también es posible identificar un viraje a la izquierda, con un discurso en que cada vez se acentúa más la demanda por "derechos" y "garantías" que debe proporcionar el Estado.

Además se observa una creciente demanda de "inclusión", cuya finalidad es el ingreso de la izquierda extraparlamentaria al Congreso.

Por otra parte, se observan cambios en lo valórico, que han culminado en decisiones como la píldora del día después y los renovados debates respecto al aborto, todos temas impulsados por sectores socialistas.

En cuanto a la forma de abordar el pasado, el gobierno de Aylwin fue extremadamente moderado en su forma de referirse al Gobierno de las Fuerzas Armadas, mientras que Frei en su primer discurso ya homenajeaba a Allende, como lo haría después su sucesor, mientras Bachelet en su retórica, acostumbra ensalzar a Tencha Allende o a la dirigente del movimiento de detenidos desaparecidos Sola Sierra.

La tendencia es evidente hacia un socialismo discursivo y de hecho, denotando un intento de izquierdización del sistema social y político. Así por ejemplo, se insiste en destacar la mala distribución del ingreso en lugar del pobre crecimiento económico de la última década; en materia política se habla de reformas al sistema electoral para incluir a las fuerzas de izquierda extraparlamentaria, pero poco se trabaja en cambio por modernizar el Estado y despolitizar diversas esferas de la administración. Y muy especialmente, comienza a acentuarse un discurso basado en los derechos, mientras muy poco se dice sobre responsabilidades y libertades individuales.

Los temas pendientes

En materia de políticas públicas, durante 17 años se han prometido muchas veces las mismas cosas como que la educación debe mejorar, modernizar la gestión del Estado, elevar la calidad de las viviendas sociales (como contrapunto están las casas de 9 mts cuadrados de hace unos años en Malloa o las casas "chubi") descentralización y mayor poder de decisión a las regiones. Impactante es ver lo que se dice de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, donde "se espera recuperar la valiosa infraestructura ferroviaria del país e incentivar a los privados a que ingresen al negocio"(1995) y Lagos en su discurso de despedida promete Ferrocarril hasta Puerto Montt y tren ligero en Valparaíso (2005), contrastando con el presente de la empresa, que ha perdido varios millones de dólares en los últimos años, y cuyos recorridos antes mencionados han sufrido dificultades de infraestructura serios.

Es evidente que sí se ha avanzado en varios ámbitos, como la infraestructura carretera (gracias al sistema de concesiones) o la conectividad de las escuelas a la red mundial, pero definitivamente hay temas en los que la Concertación ha fracasado: la delincuencia nunca ha sido una prioridad,; la probidad en la administración pública ha mostrado serias deficiencias y los últimos resultados del Simce muestran persistente estancamiento en educación.

Conclusiones
Al comparar los perídodos Aylwin-Frei con los períodos Lagos-Bachelet se observa un claro giro a la izquierda en la coalición gobernante, expresado en un discurso cada vez más estatista, hoy enfocado a la consolidación de un estado de bienestar, al tiempo que pierde en focalización de los recursos en los más pobres de la sociedad

Los resultados han derivado en el deterioro del patrimonio de todos los chilenos, además de afectar -como era de esperar- la calidad de vida de los chilenos (Transantiago es el mejor ejemplo de ello).
El último discurso presidencial no hace sino acentuar los temores de una creciente intervención estatal en todas las esferas y un deterioro de las responsabilidades y libertades de las personas. El cambio tal vez sea lento, casi imperceptible, pero recuperar dichos espacios costará muchos años y mucho esfuerzo.

Tareas pendientes

Educación: Se observan dos tiempos muy diferentes. Aylwin y Frei, prometen sistemáticamente mejorar la calidad de la educación por medio de mejoras salariales a profesores, aumento de recursos y extensión de la jornada escolar, además de la reforma curricular impulsada por Frei, al tiempo que se promete impulsar la descentralización como esquema fundamental. Por otro lado, los gobiernos de Lagos y Bachelet realizan promesas más concretas, aunque difíciles de cumplir. Lagos prometía que al 2010 se hablaría fluidamente inglés, habría computadores para los docentes y que la educación impartida por un establecimiento público será igual a la de un colegio particular. Hoy todas esas promesas parecen imposibles de cumplir.

Salud: En los primeros 3 años de gobierno de la Concertación hay revisión de infraestructura y un intento por mejorar las falencias en los hospitales. Aun así no se rinde mayores cuentas de los logros o incumplimientos de las metas. En el año 1993 se habla de una gran reforma al sistema de salud. Sin embargo, hasta la fecha no se observan mayores cambios pese a la cuantiosa inyección de recursos. Con Lagos se aprueba el AUGE y aunque se observan mejoras en la cobertura de salud, las personas siguen esperando horas para ser atendidas y hasta meses para ser operadas. Lo más curioso de las promesas presidenciales son los hospitales que se repiten entre 2006 y 2007, entre los cuales se incluye "hospitales" sin camas.

Vivienda: En materia de vivienda desde 1990 se promete el progresivo fin de déficit habitacional, es decir que cada familia tenga su casa propia. En 1992 se habla de ordenar el crecimiento de Santiago, así como el mejoramiento de su sistema de transportes. Tendencias transversales han sido la preocupación y las consiguientes amnistías a los deudores habitacionales, y la promesa de aumento de la calidad y metros construidos en viviendas sociales, ofertas que contrastan con la realidad de casas como las "Copeva" o las "Chubi". Sigue pendiente la promesa de Lagos (2000) de erradicar todos los campamentos.

Trabajo: En cuanto a Trabajo, la tendencia de los gobiernos de la Concertación ha sido la de promover legislación que reduce el empleo, como la rigidización del mercado del trabajo y aumento de salario mínimo. Ya en 1990 se prometía equiparar los derechos de las mujeres para ingresar al mundo laboral, como forma de combatir la pobreza, sin embargo se observa muy poco progreso en la materia (no se ha cumplido el "igual trabajo, igual remuneración"). Se pide que el sector privado sea el que cree empleo, pero las trabas impuestas y el debilitado crecimiento económico impiden logros definitivos. Las autoridades han debido recurrir a los empleos de emergencia, que lamentablemente han sido utilizados incluso con fines electorales.

Delincuencia: Pese a la cantidad de programas de prevención anunciados, la delincuencia azota hoy el país en su peor forma. Las cifras de denuncias muestran aumentos de casi un 120% entre 1990 y el 2007. Con respecto a las promesas de mejoramiento carcelario y que no haya hacinamiento, se ha cumplido sólo parcialmente, pues aun existe un déficit importante (aun no se entregan las 10 cárceles prometidas) y existe hacinamiento en gran parte de las cárceles del país.

Sin duda el avance más significativo y que merece un reconocimiento especial es la exitosa puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal, probablemente uno de los cambios institucionales más significativos de la historia de Chile. El Plan Cuadante y el Plan Comuna Segura, ambos mencionados en los discursos presidenciales, no han probado su eficacia (al menos no existen evaluaciones oficiales al respeecto). El aumento de dotación en Carabineros (anunciado por la Presidenta el 2006) se está implementando, pero agregar 6 mil funcionarios no parece suficiente. Probablemente se requieren 10 o 12 mil.

Finalmente, el anunciado Ministerio de Seguridad Ciudadana (promesas del discurso 2006 y de la campaña presidencial) hoy parece definitivamente descartado.

Otras informaciones

Santiago, 25 de mayo de 2007


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