LOBBY: PROYECTO CONTROVERTIDO.

Viernes 23 de febrero de 2007

Iniciativa del Ejecutivo considera como lobbistas a organizaciones gremiales y sindicales:

CPC y CUT se unen contra el Gobierno por indicaciones de proyecto que regula el lobby

 

		Fecha: 23 de febrero de 2007   Paulina Veloso, ministra de la Segpres. • Cerrar ventana

Eduardo Olivares C.

El texto define qué gestiones se entienden como propias de esta actividad y pone una serie de restricciones a los que la efectúan.

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EDUARDO OLIVARES C.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) podrían dar una inédita pelea en conjunto, que tiene como rival al Ejecutivo y sus indicaciones al proyecto de ley que regula el lobby. Esto, porque la iniciativa incluye a los gremios privados y a los sindicatos como entidades que efectúan esta actividad.

Según expresó el titular de la CPC, Alfredo Ovalle, en una entrevista reciente, las nuevas normas no distinguen entre aquellas compañías que se dedican en forma periódica y profesional al lobby "con quienes legítimamente, y de acuerdo con estatutos propios y disposiciones legales vigentes, tenemos como deber y fin representar los intereses de nuestros asociados".

La opinión la comparte la presidenta (s) de la CUT, Ana María Muñoz. "Lo que nosotros hacemos es defender los intereses de nuestros trabajadores, no intereses ajenos. Este tema lo hemos tratado en nuestros consejos internos y nos parece inadecuado que el Gobierno insista en reponer esos artículos", comentó.

El proyecto lo ve la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. La polémica indicación dice que se entenderá por lobbista a quien, como parte de una empresa o persona jurídica, "realiza, como parte de sus funciones habituales, acciones de gestión de intereses". Y se incluye en esa categoría "a los representantes de organizaciones gremiales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, centros de estudio, colegios profesionales, así como a cualquier otra entidad análoga, con independencia de la naturaleza u origen del interés que promuevan".

Batalla desde marzo

En marzo, tanto la CPC y sus ramas, como la CUT -presidida por Arturo Martínez- pretenden intensificar sus gestiones para que el Gobierno retire tales definiciones. "El sistema terminará siendo muy engorroso y costoso para organizaciones gremiales. Nuestro interés es trabajar también esto con la CUT", dice un importante actor empresarial. "Desde marzo nos iremos con todo contra eso. Si hay que trabajar con la CPC para reclamar por esto, no habrá ningún problema", afirma Muñoz.

Las principales objeciones de las entidades gremiales y sindicales se refieren a las duras exigencias que hace la ley a las entidades que se dedican a esto de manera profesional. De partida, tienen que estar listados en registros públicos de lobbistas; deben informar sobre sus reuniones con autoridades y funcionarios ante los cuales hicieron gestiones, y entregar datos semestrales sobre su incorporación de nuevos socios o cambios de propiedad. Entre los puntos más rechazados por los gremios privados, está aquel que prohíbe que un lobbista financie candidaturas políticas. "Si eso prospera, ninguna de las empresas de un gremio podría entregar su respaldo a alguien en período electoral", plantea un dirigente.

Entre los parlamentarios no existe interés porque las organizaciones gremiales y sindicales tengan las mismas exigencias que aquellas empresas dedicadas en forma más habitual al cabildeo. De hecho, esta parte del proyecto que las incluyó fue rechazada por la unanimidad de la Comisión de Gobierno Interior del Senado en la última semana de enero, pero el Ejecutivo -a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia- insistió en las indicaciones.

Oposición parlamentaria

Los legisladores en general no aceptan la inclusión de estas organizaciones en la futura ley. "Lo que sí deben regularse son las empresas profesionales dedicadas a esto, aquellas que no sabemos qué van a hacer al Congreso. En cambio, todos sabemos a qué van la CUT, la CPC o la Sofofa, y no son lobbistas", plantea el senador Víctor Pérez (UDI). Su colega Ricardo Núñez (PS) dice que todo organismo cuyos dirigentes son elegidos por votación "no hacen lobby ni ante el Gobierno ni el Congreso, pues representan a grupos en forma democrática".

Para Antonio Horvath (RN), todas estas entidades deben ser reguladas en la ley, pero con exigencias menores que aquellas que se dedican en forma profesional al cabildeo

Saludos cordiales
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
CONSULTAJURIDICACHILE.BLOGSPOT.COM
Renato Sánchez 3586 dep 10
Santiago, Chile