Además de nuevas leyes, hay que generar un cambio cultural en el país para incorporar los valores de probidad en la sociedad
Por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente del Senado
Presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle
En una democracia el combate a la corrupción y el debido resguardo de la probidad en el ejercicio de la función pública es un desafío permanente, en el que siempre hay espacio para seguir avanzando. En ese entendido se enmarcan las iniciativas recientemente anunciadas por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, las que son especialmente oportunas luego que se descubrieran graves irregularidades en el uso de recursos fiscales en Chiledeportes, en los planes de empleo de emergencia y en la rendición de cuentas de determinadas campañas políticas.
Estamos frente a un tema de la mayor seriedad, por lo que espero un debate con altura de miras y responsable por parte de nuestra clase política, particularmente en el Parlamento cuando se tramiten los proyectos de ley respectivos. Sin duda, la corrupción es un fenómeno que cuando se presenta provoca un lógico rechazo e indignación. Sin embargo, frente a ella tenemos que mantener la lucidez y dimensionar los hechos en su justa medida, de manera que junto con las debidas investigaciones y eventuales sanciones, seamos capaces de tomar los resguardar necesarios para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
Ello implica actuar con sentido de país y espíritu constructivo, evitando la tentación de la crítica artera y descalificadora. Digo esto, porque, a pesar de la visión apocalíptica de algunos, la realidad nos demuestra que en nuestro país estamos lejos de la inacción en materia de probidad. Hace más de diez años que en Chile se vienen realizando esfuerzos concretos para combatir la corrupción y en efecto, las políticas que se han implementado han servido como un importante muro de contención para prevenir una mayor cantidad de ilícitos en la administración pública.
Mucho de ello se debió a la voluntad política que mi gobierno demostró desde sus inicios para preservar la larga y sólida tradición de integridad de nuestros funcionarios públicos. Precisamente, a sólo días de asumir el mando de la nación, convoqué a distintas personalidades, provenientes de los más diversos ámbitos laborales y sectores políticos, para que se integraran a una Comisión Nacional de Ética Pública, la que fue presidida por el entonces senador Gabriel Valdés.
La idea era que estudiaran y elaboraran propuestas de políticas públicas e iniciativas legales que permitieran reforzar los procedimientos e instituciones que cautelan el cumplimiento de los deberes legales y éticos en la actividad pública. Tras cien días de ardua labor, la Comisión presentó un informe que contenía 41 propuestas, las que fueron abordadas ya sea a través de iniciativas legislativas o mediante disposiciones administrativas.
Asimismo, creamos el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, organismo asesor del Presidente de la República que se encargó de coordinar la política de auditoría del gobierno y de fomentar tanto el control del uso de los recursos como la transparencia de los actos administrativos.
Estas y otras medidas se tradujeron en logros concretos y en el reconocimiento de diversas organizaciones internacionales. En lo principal, nuestro país experimentó un avance significativo en el informe de probidad que anualmente elabora Transparencia Internacional, gracias a lo cual Chile fue percibido como el país más probo de Latinoamérica.
No obstante lo anterior, y como lo dije anteriormente, esta es una tarea de largo aliento. Hoy hay nuevas necesidades y es nuestro deber apoyar las iniciativas anunciadas por la Presidenta Bachelet, con lo cual además daremos cumplimiento a las demandas de la ciudadanía que exige señales contundentes en esta materia.
Entre ellas quisiera destacar la instalación completa del sistema de selección de la Alta Dirección Pública para profesionalizar, especialmente, aquellos programas a los que se asignan importantes partidas de recursos; la institucionalización del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno; las reformas al financiamiento de la campañas políticas; y la prohibición a parlamentarios de desarrollar actividades privadas simultáneas que puedan suponer conflictos de interés, así como también votar o promover asuntos en los cuales tengan intereses directos o personales.
Asimismo, quiero resaltar que la reforma a la Contraloría General de la República, constituye el núcleo central y más urgente de las modernizaciones propuestas por la Presidenta Bachelet. La situación que afecta a este organismo no resiste más. La confluencia de roles que se le han impuesto, han comprometido su independencia funcional y, al mismo tiempo, le han restado fuerza para desempeñarse como un auténtico agente auditor externo del fisco y de los municipios. Sin duda, la Presidenta Bachelet se encuentra frente a una reforma que podría pasar a ser uno de los principales legados de su Gobierno.
Como es posible apreciar a pesar de los evidentes avances que hemos experimentado, todavía tenemos un largo trecho por recorrer. Como Concertación, a la luz de lo sucedido, tenemos el deber de apoyar sin dilaciones estas medidas y, si es necesario, proponer otras que permitan despejar los nubarrones que han quedado al descubierto en el último tiempo. En mi calidad de Presidente del Senado, estoy comprometido a tomar todos los resguardos que se requieren para un pronto despacho de las propuestas que son materia de ley. Sin perjuicio de ello, no debemos olvidar que la corrupción, aparte de nuevas leyes, implica generar un cambio cultural que apunte a incorporar los valores de la probidad como elemento vital de nuestro quehacer como sociedad.
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