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jueves, diciembre 07, 2006

experto en transparencia a gerencia en la Moneda

Experto en reforma procesal penal asumirá como "gerente" de agenda de probidad
Miércoles, 06 de Diciembre de 2006
Economía y Negocios, El Mercurio
E. Olivares, C. Salinas
 

 
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El abogado DC fue el coordinador general de la nueva justicia y asumiría su cargo -con oficina en La Moneda- esta semana.Gobierno ingresa hoy la primera batería de proyectos de ley del plan pro transparencia e incluye cambios constitucionales.

Un joven abogado y académico fue el escogido por la Presidenta Michelle Bachelet para una de las iniciativas más complejas de su mandato: la coordinación o "gerencia" de toda la agenda de probidad que anunció hace dos semanas en La Moneda y que, a partir de hoy, se traducirá en una serie de proyectos de ley.

Es Rafael Blanco Suárez (DC), abogado de la Universidad Católica y uno de los arquitectos de la reforma procesal penal.

Una llamada desde Palacio la semana pasada lo sorprendió en República Dominicana, adonde viajó como destino habitual de sus asesorías al gobierno local. El cargo -que se denominaría "secretario ejecutivo" y tendría una oficina en La Moneda- será oficializado entre hoy y el lunes.

Cercano a la presidenta DC, Soledad Alvear, fue jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia cuando la hoy senadora era titular de esa cartera.

"Su fuerte experiencia con la reforma penal, que tenía un alto componente de transparencia, lo convierte en un muy buen candidato", comenta un correligionario. Otro elemento a su favor fue su comprensión de materias de probidad -integró la Comisión de Ética Pública en 1994- y una anterior tarea de "gerenciamiento": fue coordinador general de la reforma procesal penal en los "90.

La nueva agenda que deberá coordinar es prioridad para Bachelet tras los escándalos en Chiledeportes y en los planes de empleo. En noviembre, la Mandataria convocó a un conjunto de expertos -coordinados por el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro- para que elaborara propuestas drásticas para contrarrestar la corrupción.

Al anunciar su plan, la Presidenta se enfocó en tres áreas: transparencia, modernización del Estado y calidad de política. En el primer eje, hay medidas de publicidad de actos administrativos; en el segundo, se aumenta la concursabilidad de cargos públicos, hay cambios a la Contraloría y nueva gestión presupuestaria. En el tercer campo hay criterios sobre financiamiento electoral y duras sanciones para parlamentarios involucrados en actos de corrupción, entre otros.

Tras el alineamiento de los parlamentarios de la Concertación logrado en el cónclave del lunes en La Moneda, el Gobierno enviará hoy al Congreso la primera batería de iniciativas.

El cronograma legislativo se hará en tres fases y contempla modificaciones constitucionales, nuevos proyectos e indicaciones a mociones presentadas por parlamentarios.

Entre los cambios, están la cesación en el cargo y la inhabilidad para volver a ser candidato de parlamentarios que infrinjan gravemente la ley de gasto electoral, así como el establecimiento de sanciones para los diputados y senadores que promuevan asuntos en los que tengan involucrados intereses personales.

Otras propuestas buscan facilitar las primarias de las coaliciones políticas que lo deseen y contemplan un rediseño institucional de la Contraloría General de la República. También se presentará una reforma que establece medidas contra la intervención electoral del Gobierno.

Este miércoles ingresaría al Congreso una reforma a la Ley de Gasto Electoral que prohíbe el aporte de personas jurídicas a las candidaturas presidenciales, parlamentarias y municipales.

En el ámbito de la probidad, otras propuestas legales que serán ingresadas hoy apuntan a proteger a los funcionarios públicos que denuncien de buena fe actos de corrupción y establecer incompatibilidades a las personas que transiten desde organismos reguladores a entes privados que estén sujetos a dicha fiscalización.

En el plano de la transparencia, se presentarán indicaciones a los proyectos sobre acceso a información pública y lobby.

Su impronta alvearista
Aunque de bajo perfil público, Rafael Blanco es uno de los principales asesores legislativos de la senadora y presidenta de la DC, Soledad Alvear, y es cercano a los alcaldes Claudio Orrego y Alberto Undurraga.

"No es que sea de una vida partidaria muy activa, pues se ha volcado más a la academia", dice un cercano.

La senadora le tiene tanto aprecio que lo integró al grupo de profesionales que redactó las 28 propuestas de probidad que la DC le hizo a la Presidenta Michelle Bachelet para que ésta las incluyera en su agenda pro transparencia.

El amplio currículum de Blanco

Rafael Blanco es uno de los mayores especialistas de la Reforma Procesal Penal y en seguridad ciudadana. Ha efectuado asesorías internacionales y hecho clases en las universidades Católica de Chile, Alberto Hurtado, de Valparaíso y Católica de Valparaíso; de Florida y de Chicago (en Estados Unidos), entre otras.

Fue presidente del Centro de Alumnos de Derecho UC en 1991, trabajó en la Secretaría General de la Presidencia, integró la Comisión Nacional de Ética Pública en 1994 y fue coordinador general de la Reforma Procesal Penal.

Actualmente, Blanco es director de Relaciones Internacionales y de Extensión de la Universidad Alberto Hurtado e integra el comité editorial de la Revista "Sistemas Judiciales del Centro de Estudios de Justicia de las Américas" (Ceja).

Entre otros cargos, ha sido director del programa de asesoría legislativa de la Corporación Tiempo 2000, asesor del Gobierno de República Dominicana en materia penal, y consejero de la Agencia de Cooperació

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