¿Robo o secuestro? Las precipitadas declaraciones del ministro del Interior respecto de la tipificación legal de un delito que afectó a una hija de un funcionario del Ministerio de Agricultura en la madrugada del 6 de diciembre han provocado una innecesaria contradicción entre dicha cartera y el Ministerio Público. Mientras el primero declaró que sólo se trató de un robo, pero no de un secuestro, la Fiscalía Centro-Norte formalizó a dos de los detenidos en este caso por robo con intimidación y secuestro. Así, el pronunciamiento de una autoridad política ha sido contradicho por el pronunciamiento técnico del ente estatal autónomo e independiente encargado de dirigir la investigación de los delitos y la acción penal contra sus autores. Gracias al nuevo sistema de justicia penal, esta tipificación ha ocurrido con celeridad, en lo que constituye un recordatorio de la inconveniencia de que instancias políticas comenten hechos delictivos que están siendo procesados por los órganos competentes. Las declaraciones del ministro llaman la atención pública, además, por cuanto desconocen la ocurrencia de un fenómeno delictivo específico, cuya existencia -al igual que la de todos los demás delitos- debe ser, antes que nada, reconocida por la que se ha establecido como la más alta autoridad en materia de política de reducción de la delincuencia. Sin este primer paso -al cual los gobiernos de la Concertación se negaron sistemáticamente en la década pasada respecto del fenómeno delictivo en general- no se emprenderán con celeridad y prioridad suficientes las múltiples acciones que competen a los órganos de control del delito para prevenir su mayor ocurrencia. De ser así, la frecuencia de los secuestros crecerá, tal como lo está haciendo la delincuencia en general: según la última medición de victimización realizada por Fundación Paz Ciudadana-Adimark (que se suma a la serie de datos estadísticos más extensa en el tiempo con que cuenta el país), el porcentaje de hogares en que algún miembro ha sido víctima de robo o intento de robo alcanzó a 42 por ciento en noviembre de este año, cifra que constituye un máximo histórico y que está 11 puntos porcentuales por sobre la primera medición, en mayo de 2000. Respecto de los "secuestros express", en un año y medio de aplicación, la nueva justicia penal registra casi 50 casos en la Región Metropolitana. Urge contar con un estudio estadístico riguroso a este respecto, para determinar si se trata de una tendencia creciente. En tal caso, la información oportuna y confiable es indispensable para disponer de una respuesta que impida que Chile sufra en esta materia lo que otros países del continente. |
Posteado por El Mercurio a las Diciembre 16, 2006 08:50 AM | Comentarios (4) Ven en elmercurio.com este artículo y sus interesantes comentarios asi se formaran su propoia idea y conviccion sobre hechos de nuestra democracia y gobernantes |
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