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martes, abril 12, 2016

SOLEDAD TEIXIDO _


El emprendimiento y la innovación no son sólo para quienes impulsan los proyectos, también son para quienes los norman y los introducen en el sistema, y ése es un desafío que aún no parece estar completamente resuelto.
Publicado el 12.04.2016
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Estamos inmersos en una sociedad que premia y aplaude a aquellos que apuestan por el emprendimiento y la innovación como estilos de vivir y de generar negocios, alianzas o cluster, porque se ha extendido la idea de que estas vías de desarrollo son alternativas eficaces y de probada validez en cuanto a productividad; término que se ha vuelto a poner tan de moda en las últimas semanas.

Sin embargo, me parece que poco valor y significado tienen estos conceptos ya a estas alturas, pues se han explotado tanto en el campo del discurso que su sentido semántico se ha desvirtuado y con ello toda su carga asociada. Con esto me refiero a los valores como flexibilidad, resiliencia, perseverancia y adaptación, que forman parte del alma de cualquier emprendimiento o proyecto de innovación, y por cierto, de todo proceso productivo. Porque las iniciativas que surgen sobre la base de estos modelos de negocio y con estas visiones estratégicas traen implícitas una importante dosis de creatividad y evolución, que necesariamente vienen ligadas al desarrollo de habilidades específicas. La adaptación resulta especialmente interesante, porque presenta un desafío mayor, que bien resuelto puede generar un salto cualitativo en una sociedad; y en muchas ocasiones un nuevo proyecto que no había sido considerado al inicio.

Es decir, que si como sociedad somos capaces de adaptarnos a los cambios que nos proponen estos nuevos modelos de negocios y los incorporamos como parte del sistema –con todo lo que eso implica- habremos crecido y dado un salto cualitativo que tiene como consecuencia la evolución.

No obstante, es conocido por la mayoría que la resistencia al cambio es uno de las grandes trabas que tenemos como personas y, por tanto, como sociedad. Aunque también es cierto que hay sectores más proclives a esta resistencia -ya sea por lentitud o por falta de entendimiento de lo que realmente ocurre-, pero la evidencia es que se van quedando atrás y ponen palos en las ruedas de quienes avanzan con sentido de eficiencia y productividad; de aquellos que se han subido al carro del emprendimiento y de la innovación.

Entonces vale la pena preguntarse: ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder y adaptarnos para crecer? ¿En Chile, somos de aquellas sociedades que apoyan y promueven el cambio o de aquellas que lo restringe?

Entiendo que el cambio y los nuevos modelos de negocio deben ordenarse, regularse e integrarse formalmente en el sistema, sin embargo, es posible hacerlo desde una mirada adaptativa y no prohibitiva. Todos los sectores están llamados a sumarse al cambio y a evolucionar, pero de forma coherente. El emprendimiento y la innovación no son sólo para quienes impulsan los proyectos, también son para quienes los norman y los introducen en el sistema, y ése es un desafío que aún no parece estar completamente resuelto.

En los últimos meses, hemos ido observando gestos de parte de nuestros líderes que más bien limitan y dificultan el emprender. Leyes y regulaciones apuntan a la sospecha de lo que uno tiene intención de ser o hacer. No es un ambiente que promueve las libertades individuales.

Y ese es precisamente el problema de fondo. Porque aquellos que marcan una tendencia diferenciadora y hacen las cosas de manera novedosa son rápidamente apartados del rebaño por un sistema que dice una cosa pero hace otra. Un sistema que no tiene la capacidad –ni la voluntad al parecer- de adaptarse, y que en definitiva apela al discurso retórico como mecanismo dinamizador.

Experiencias de discusión como las de la viabilidad de los taxis Uber; la ley de detención por sospecha; la ley mordaza; la escasa presencia de impuestos verdes; la falta de recursos para nuevos proyectos; la ausencia total de una política pública que consolide el crecimiento de una sociedad civil articulada y empoderada, por nombrar sólo algunos casos, son una clara muestra de que hay un vacío en ese discurso. Porque como decíamos al comienzo, utilizar conceptos como innovación y emprendimientos en enunciados y propuestas no genera el cambio. Es necesario agregarle todos los demás ingredientes que van asociados al ADN de la evolución y del crecimiento para obtener resultados. Y aparentemente eso está lejos de ocurrir.

Falta aún mucha visión, mucha apertura de mente para entender que el modo de vivir y la participación de las personas cambiaron radicalmente. Que si no aceptamos la diferencia y la integramos como parte de nuestra realidad nos quedaremos anclados y atrasados en términos de desarrollo.

Las nuevas formas de crecimiento y productividad no vienen de la mano de la imposición y el control, sino de la colaboración, la creación conjunta y el fomento de sinergias.

 

Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva PROhumana.

 

 

FOTO: JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO

Fuente:ELLIBERO

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Rodrigo González Fernández
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información & transparencia

12/04/2016

CORTE SUPREMA DESECHA RECURSO DE QUEJA CONTRA DECISIÓN QUE ORDENÓ A SVS ENTREGAR INFORMACIÓN POR LEY DE TRANSPARENCIA

La Corte Suprema desechó el recurso de queja presentado en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que ratificaron la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó a la Superintendencia de Valores y Seguros entregar información requerida por el Centro de Investigación Periodística (Ciper-Chile), sobre las sanciones aplicadas por la entidad a Roberto Guzmán Lyon, en 2000 y 2001.

En fallo unánime (causa rol 16628-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Jaime Rodríguez– desestimó el recurso disciplinario, porque del "(…) mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte".

El fallo recurrido, dictado el 1 de marzo pasado por la Primera Sala de febrero de la Corte de Apelaciones de Santiago, ratificó la decisión del CPLT que ordenó a la SVS entregar la información requerida por el centro periodístico. Resolución del tribunal de alzada que consideró que "(…) normas como la del artículo 21 de la Ley 19.628 en la que pretende asilarse la Superintendencia de Valores y Seguros para no solo negar la información requerida por CIPER Chile, sino que recurrir de ilegalidad en contra de la Resolución del Consejo de Transparencia, que ordenó entregar la información son de carácter excepcional, y deben ser interpretadas restrictivamente a objeto de que su aplicación no vulnere en este caso la garantía consagrada en el artículo 19 N° 12 de la misma Constitución política respecto de la libertad de información invocada por CIPER".

Fallo que agrega "(…) que estos sentenciadores comparten el criterio sustentado por el Consejo de Transparencia en cuanto a que el artículo 21 de la Ley 19.628 debe interpretarse de una forma armónica con el principio general de publicidad de los actos administrativos, y que dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos caducos como sanciones prescritas o cumplidas en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero que no puede extenderse a las sanciones contenidas en actos administrativos que originalmente impusieron la medida disciplinaria. Es como si por ejemplo extrapolada la situación al caso de las sanciones penales, se pretendiera que por no poder figurar ya una sanción en el extracto de filiación y antecedentes, pasare por ello a estar prohibido el otorgar copia de la sentencia que la impuso".

VER FALLOS (PDF)
Corte Suprema
ICA Santiago
Fuente:

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lunes, abril 11, 2016

EL GURÚ FINANCIERO MONTANER Y LA LENTA AGONIA DE CORREDORA DE BOLSA

La lenta agonía de Fit Research, la corredora de bolsa que promete salvar Francisco Montaner

Sus problemas patrimoniales se han agravado con el tiempo: en octubre fue declarada en quiebra y la autoridad está por sacarla definitivamente de los registros.

por:  Pablo Tapia C.
viernes, 14 de noviembre de 2014
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"Muy pronto van a estar todos los temas resueltos". La frase se le escucha decir una y otra vez a Francisco Montaner. La pronuncia por lo menos desde 2008. Desde ese año que el "niño prodigio" de la bolsa, el ex panelista de radio y televisión, responsable en Chile de uno de los primeros proyectos punto com financieros ligado al gurú latinoamericano de internet Wenceslao Casares, viene a los trastabillones. Una y otra vez, como quien cae de noche por una escalera con la luz apagada.

Tras alcanzar hace algunos años un acuerdo con el holding financiero EuroAmerica, para terminar con un juicio en su contra por uso de información privilegiada (fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros) y pagar a cambio $15 millones más otro monto que no se hizo público, hoy el nombre de Montaner nuevamente es protagonista del comidillo en el mundo de los negocios.

La intermediaria bursátil de la que es socio, Fit Research Corredores de Bolsa, fue declarada en quiebra. La Bolsa de Comercio le canceló su licencia para operar en ese mercado. Y el síndico que hoy está a cargo de pagarle a sus acreedores, Ricardo Alid, incautó las acciones de las bolsas de Santiago y Valparaíso que pertenecen a la sociedad y que en conjunto valen poco más de $2 mil millones. "La primera con numerosos embargos, los cuales serán alzados para su enajenación, y dichos juicios acumulados a la quiebra", asegura el interventor.

Además, la custodia de acciones que mantenían para sus clientes fue traspasada al Depósito Central de Valores, y cerca del 50% de esos papeles han sido reclamados por sus dueños.

Entretanto, Montaner -que no quiso hablar para este artículo- insiste en que está cerrando la venta de la mina Sierra Miranda, propiedad del empresario antofagastino Mohamed Duk, al norteamericano Roger Kennedy, y que en paralelo trabaja en el levantamiento de la quiebra. Y asegura que luego habrá dinero para pagarles a todos sus acreedores. Incluyendo a Juan Alberto Scuncio, el dueño de Inversiones Ramaja, sociedad que pidió la quiebra de Fit al 4º Juzgado Civil de Santiago alegando una deuda de $1.100 millones originada "en diversas operaciones bursátiles y de cambio de monedas".

Mientras, su gerente general interino Antonio Fuenzalida, es el encargado de dar la cara y contener a los clientes que le quedan a la corredora.

Durante los últimos 9 meses y tras la abrupta salida del ex gerente general Gerardo Rojas -quien estaba encargado de levantar un salvador aumento de capital por US$25 millones que fue informado a la SVS y a las bolsas pero que nunca se concretó-, Fuenzalida se ha dedicado a visitar clientes en Antofagasta, Concepción, Punta Arenas, Valdivia, Viña del Mar y Santiago para entregarles la poca información que emana de sus jefes y de la cual parece haber realizado un acto de fe.

El abogado David Pincheira -que representa a la importadora Universal Nutrition Chile Limitada, uno de los clientes acreedores de Fit- se entiende principalmente con el ejecutivo y confía en la disposición de pago que, a nombre de la compañía, ha mostrado. Sin embargo para este reportaje, Fuenzalida optó por guardar silencio.

Pincheira agrega que no tuvo una buena experiencia con su antecesor, Gerardo Rojas, quien "prometió pagarnos en junio y nunca más dio la cara".

Los cheques sin fondo

El día que el tribunal declaró la quiebra de Fit Corredores de Bolsa pedida por Scuncio, el 13 de octubre de este año, la corte reveló que la intermediaria entregó 5 cheques de $250 millones cada uno para saldar dicho compromiso, pero esos documentos no tenían fondos. "El hecho de que el acreedor no deposite de inmediato los cheques, no constituye igualmente, en modo alguno, la concesión de plazos, como tampoco ningún tipo de esperas o prórrogas", se lee en la resolución de quiebra.

No es la primera vez que Fit tiene problemas con cheques. En junio de 2014, la clienta Eloísa Noches Sánchez presentó un escrito en el 11° Juzgado Civil de Santiago para notificar el protesto por falta de fondos de un documento por $65 millones.

En el 7º Juzgado Civil se ventilan tres causas más: dos corresponden a las que ingresó la ex gerente comercial -renunció en julio de este año- María Graciela Iturra por cheques que suman casi $65 millones, los que recibieron órdenes de no pago, una de ellas sin motivo; el otro, por "incumplimiento contractual". El tribunal dijo que dentro de las causales para protestar un cheque no se incluía dicha figura y le dio curso a la demanda.

La otra corresponde a la proveedora de insumos industriales Prisa, que también entabló una demanda ejecutiva por facturas impagas cercanas al medio millón de pesos.

Una de las últimas acciones legales que constan en los registros del Poder Judicial, es una notificación por otro cheque protestado de $108 millones girado en favor de Inversiones Santis, la que fue ingresada el 22 de octubre al 29º Juzgado Civil de Santiago.

En los tribunales también hay varias otras causas en contra de la intermediaria bursátil por el no pago de arriendo de algunas de sus sucursales, algunas de ellas ubicadas en Concepción.

Sueldos impagos

A su historial de incumplimientos, se agregan dos multas cursadas por la Dirección del Trabajo. Una, por no exhibir los documentos que acrediten el pago de cotizaciones previsionales de algunos de sus trabajadores entre noviembre y diciembre de 2013, y la otra, por "no pagar las remuneraciones consistentes en sueldo base con la periodicidad estipulada en el contrato" ni acreditar el pago de asignaciones familiares durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año.

Según Alid, al momento de la quiebra había 42 empleados con contrato vigente.

"Respecto de los juicios civiles y laborales, y su cuantía los conoceremos a medida que se vayan verificando sus créditos, o sus expedientes sean acumulados al proceso de la quiebra", explicó el síndico.

Aunque es difícil saber a ciencia cierta cuán profundo es realmente el hoyo financiero de Fit, fuentes al interior de la compañía lo avalúan en cerca de $2 mil millones y que su origen está en los supuestos incumplimientos de uno de sus clientes principales, Oscar Johnson -uno de los fundadores de la empresa de comidas La Punta y hermano del conocido banquetero Juan Pablo- por operaciones simultáneas. En estas transacciones, la corredora realiza "préstamos" garantizados con títulos accionarios a sus clientes para efectuar operaciones bursátiles de montos mayores al capital disponible de quien lo realiza.

Aunque Johnson no estuvo disponible para este artículo, en octubre de 2013 Fit informó a la SVS que había logrado "renegociar la deuda mantenida por el principal cliente de esa corredora, obteniendo un pago inicial de $300 millones y un compromiso de pago para la cancelación de $2.600 millones, en dos cuotas, al 15 de octubre y al 15 de noviembre de 2013". Al 21 de noviembre de ese año y de acuerdo a lo informado por la gerencia de Fit a la SVS, "el referido cliente no ha realizado el pago de ninguna de las cuotas comprometidas con esa corredora".

21 de noviembre, plazo fatal

La SVS dio plazo hasta el 21 de noviembre para que Fit regularice su situación patrimonial. Si no lo hace, le cancelará su inscripción en el Registro de Valores, casi el último vestigio que le va quedando como corredora bursátil, luego de que la Bolsa de Comercio le quitara esa calidad en la reunión del 28 de octubre de este año. Aunque todavía figura como intermediaria en la Bolsa de Valores de Valparaíso.

Para la primera quincena de diciembre, además, se espera la convocatoria a junta de acreedores donde deberían quedar verificadas todas las deudas. Ahí se podrá saber exactamente de cuánto es el forado financiero de la corredora, que todavía tiene una chance de salir del impasse: convocar a junta extraordinaria de acreedores para proponerles un convenio judicial donde deberá ofrecer una opción de pago mejor que en el escenario de la quiebra. Para eso, necesita los cerca de US$20 millones que supuestamente recibirá la agonizante casa de bolsa por la venta de Sierra Miranda, cuyo negocio otra vez, "está muy pronto a cerrarse", aseguró ayer un cercano a Montaner.

 Gerardo Rojas: Habla el ex gerente de la fallida capitalización

Sobre la anunciada pero fallida capitalización de Fit, Gerardo Rojas explicó a La Segunda: "yo propuse un aumento de capital en junta extraordinaria de accionistas, donde incluso otros accionistas se sumaron al mismo". "En ningún caso fue un compromiso personal de realizar el aumento, sino una proposición a los accionistas", agrega.

"Lamentablemente, las condiciones comerciales acordadas por parte de los financistas fueron modificadas unilateralmente, debido a problemas políticos e incertidumbre con las reformas tributarias y sus alcances propuestas en ese momento, dado que gran parte de los nuevos recursos serían utilizados para el desarrollo de proyectos de energía y minería. Se intentó con nuevas fuentes de financiamiento, pero no fue posible llegar a acuerdo en las condiciones", detalló.

-¿Por qué renunció a la gerencia general?

-Principalmente, debido a problemas personales y familiares. Además, ya no era necesaria mi participación.

-En Fit acusan que usted los dejó botados y que no contesta ni el teléfono. ¿Qué responde a esas acusaciones?

-No he dejado botado a nadie de Fit, y siempre contesto todas las llamadas que recibo, incluso la suya, sin saber quién me llama. El mismo personal que colaboró en Fit durante mi período podrá contestarle esa pregunta, dado que siempre he tenido un especial cuidado y preocupación por todas las personas, teniendo siempre una política de "puertas abiertas" para poder recibir sugerencias y resolver problemas.

Registro de la SVS: ¿Quiénes son los dueños de la intermediaria bursátil?

Según información recogida de la Superintendencia de Valores, la propiedad de Fit se reparte entre 14 sociedades.

Como mayor accionista aparece el Fondo de Inversión Privado Exchange , con el 34% y cuyo representante es Ricardo Montaner Lewin.

El Fondo de Inversión Privado Trogir , representado por Juan Esteban Montero León, figura con el 16,4%. Montero también aparece como representante de Inversiones Miluro , que tiene el 2,33%.

Francisco Montaner ha representado a Inversiones Cortadera (9,61%), Dubois y Jarpa -ligada a Germán Dubois- (2,93%), Inversiones Montaco (1,03%), GDI Ingeniero limitada (0,49%) e Ingeniería y Construcción del Bosque (0,45%).

Artrux Investment , que tiene personalidad jurídica de nacionalidad española, posee el 13% y su representante es Manuel José Montes Cousiño.

Inversiones Amanda , ligada a Gerardo Rojas, ostenta el 6,51%.

Inversiones y Asesorías Magalet , representada por Alvaro Magallón Quezada, figura con el 1,16%.

Sociedad de Inversiones y Asesorías La Araucaria , ligada a Roberto Guzmán, aparece con el 3,69%.













































































































































































































































Fuente:LASEGUNDA.CL 

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POLITICA: normas que fija la nueva ley para regular el financiamiento de campañas políticas

Estas son las normas que fija la nueva ley para regular el financiamiento de campañas políticas

Pérdida de escaño, menor gasto electoral y cero aportes de empresas son algunos de los puntos que contempla la ley de fortalecimiento y transparencia de la democracia que promulgó la Presidenta Bachelet.

Rosario Álvarez11 de abril del 2016 / 12:38 Hrs
Agencia Uno

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó esta mañana la ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, norma que regulará el financiamiento de las campañas políticas, el gasto electoral y las sanciones para quienes infrinjan la ley. 

Revisa a continuación los principales puntos de la nueva ley.

GASTO ELECTORAL

- Aumenta el aporte estatal a los partidos al inicio de las campañas electorales de 0,01 a 0,02 UF por votos obtenidos en la última elección. Asimismo, se incrementa el aporte que los candidatos reciben por concepto de reembolso de gastos electorales al término de las campañas, de 0,03 a 0,04 UF por voto obtenido.

Se rebaja el límite de gasto electoral en un 50%, con excepción del caso de las elecciones municipales donde se mantuvo el límite vigente debido a su bajo monto.

Se prohíben los aportes de personas jurídicas a campañas.

- Aporte de personas naturales: Se rebaja el aporte de las personas naturales, quienes no podrán aportar, en una misma elección, una suma que exceda el 10% del límite del gasto electoral fijado para la respectiva comuna. Tampoco podrá efectuar en una misma elección de alcaldes o concejales aportes por una suma superior a las 1000 UF o  2000 UF en el caso de comicios parlamentarios, de consejeros regionales o presidenciales.

- Reinscripción de militantes: Para que los partidos puedan acceder a los dineros públicos, deberán cumplir una serie de reglas, entre ellas: reinscribir a todos sus militantes en un plazo de 12 meses luego de promulgada la ley.

Aportes menores sin publicidad: Todos los aportes efectuados a candidatos o sus partidos durante las campañas electorales deberán ser públicos y fácilmente consultables por la ciudadanía. Sin embargo, habrá aportes menores sin publicidad cuyo total no superen el equivalente en pesos a 40 UF (($1.025.0000). En el caso de las elecciones presidenciales; 20 UF para comicios parlamentarios y 15 UF en campañas para alcaldes.

- Los aportes personales que los candidatos efectúen no pueden superar el 25% del gasto electoral permitido.

- Campaña electoral: Aumentará el periodo de campaña electoral a 200 días anteriores al día de la elección definitiva, solamente para quienes aspiren a ser candidatos a Presidente de la República. En ese periodo podrán percibir los aportes de personas naturales y se aplicará como límite al  gasto electoral el 10% de lo permitido para elección presidencial.

- Pérdida de escaño: Podrán perder su escaño aquellos representantes que cometan infracciones graves a la legislación sobre el control y gasto electoral.

PROPAGANDA ELECTORAL

- Sólo se podrá instalar propaganda electoral en espacios públicos permitidos por el Servel.

- Los candidatos, jefes de campaña o quienes estén a cargo de coordinarlas deberán denunciar toda falta o delito cometido por sus brigadistas.

- Quienes hagan campaña no podrán hacerlo utilizando gigantografías.

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

- El Servel, será el cargado de fiscalizar los procesos eleccionarios, con mayores herramientas de control y nuevas atribuciones.

- El que otorgue u obtenga aportes para candidaturas o partidos políticos, cuyo monto excediere en un 40% lo permitido por la ley, tendrá una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a  3 años y un día) y una multa equivalente al triple de lo otorgado u obtenido.

Si se reciben aportes de una persona jurídica, las personas arriesgan presidio menor en su grado mínimo a medio  (61 días a 3 años y un día)  y una multa equivalente al triple de lo otorgado u obtenido.

- El administrador electoral, el administrador general electoral o el administrador general de fondos de un partido político que proporcione al Servicio Electoral antecedentes falsos, tendrá presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a 5 años).


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sábado, abril 09, 2016

DERECHO A LA INFORMACIÓN: JORGE DÍAZ : SOCIEDAD DE LA INFORMACION

América latina y su educación ante la neoliberal "Sociedad de la Información"

Por:  | Sábado, 09/04/2016 02:21 PM | Versión para imprimir

           La implementación mundial capitalista de la sociedad de la información va a exigir formas de regulación que trasciendan las fronteras de los estados-nación, así como de la implantación de una infraestructura tecnológica que acelere esa trascendencia fronteriza.  De aquí que esta mundialización se inscriba como objetivo primordial en las agendas internacionales.  A tal efecto, se  promueven distintas iniciativas de carácter internacional.  Entre éstas destaca la convocatoria a una Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), planteada en Minneapolis en 1998, durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), e inscrita en el orden del día del Comité Administrativo de Coordinación del Sistema de la ONU, y aprobada por la Asamblea General de la ONU para realizarse en dos fases, una primera fase o etapa en el 2003, y otra segunda fase en el 2005.

            Frente a la convocatoria de la CMSI, en América Latina y el Caribe se producen reuniones interministeriales o gubernamentales que generan documentos negociados o consensuados que sirven de corpus para analizar los discursos respecto de los criterios de integración regional latinoamericana y caribeña a la global sociedad de la información.  A partir de ello, reseñaremos tres de esos documentos: la Declaración de Florianópolis, la Declaración de Bávaro y el Compromiso de Rio de Janeiro.  

          Declaración de Florianópolis.  Esta inicia reconociendo el deseo de los países firmantes de adherirse a la sociedad de la información basada en una economía global fundamentada en el conocimiento "con eficiencia, equidad y sustentabilidad" (Declaración de Florianópolis, 2000, p. 1), para luego manifestar sus reservas con respecto a que sea el mercado el ente regulador de dicha sociedad de la información, ya que éste puede incrementar las desigualdades sociales al propiciar nuevas formas de exclusión, así como otras consecuencias desfavorecedoras  de la globalización, y de profundizar la división entre naciones centrales hegemónicas y las periféricas o dependientes.
"dejar que la evolución de la sociedad de la información y del conocimiento sea conducida solo por los mecanismos del mercado conlleva el riesgo de aumentar las brechas sociales al interior de nuestras sociedades, creando nuevas modalidades de exclusión, de expandir los aspectos negativos de la globalización y de incrementar las distancia entre los países desarrollados y en desarrollo" (ob. cit., p. 1)

         No obstante estos temores, no se deja de reconocer "el importante potencial que dichas tecnologías encierran para el desarrollo social y político de los países de la región" (ob. cit.), pero las condicionan a una adecuación pertinente culturalmente "si la tecnología de información es apropiada a nuestra cultura y se crean contenidos pertinentes en forma continua, se puede potenciar la diversidad y reafirmar la identidad cultural" (ob. cit.).

          En lo que atañe a la educación, el documento insta a los países centrales a apoyar a los periféricos en la consecución de la siguiente línea de acción:
"Crear condiciones y mecanismos para la capacitación universal de la ciudadanía en la nuevas tecnologías y difundir la globalización digital, en particular fomentando experiencias innovadoras en educación a distancia, educación no formal y formación de los educadores como condición necesaria para insertar favorablemente a la población en el marco de las nuevas formas de producción basadas en el conocimiento, propiciando asimismo , el acceso y la utilización de las tecnologías de información y las comunicaciones en las metodologías destinadas a acelerar los procesos educativos de las poblaciones marginadas y en extrema pobreza" (ob. cit.).

          En esta última cita del documento sobresale el papel atribuido a las Tecnologías de Información y Comunicación  (TICs) como aceleradoras de los procesos educativos, en tanto se las implique en las metodologías utilizadas en dichos procesos, sin mayor consideración al respecto; esto es, se las concibe como mecanismos que pueden neutralizar los retardos y rezagos educativos que presuntamente presentan las poblaciones marginales y de extrema pobreza.  Siendo eso manifestación de una visión tecnicista de la educación que obvia la comprensión sociocultural para comprender los problemas estructurales de la sociedad que reproducen las desigualdades excluyentes en los sistemas educativos.

           Declaración de Bávaro.  Esta declaración fue producida en la Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de América Latina para la primera fase de la CMSI realizada en Punta Cana, República Dominicana, en enero de 2003, con la colaboración de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).

          En dicha declaración, se parte del reconocimiento de la sociedad de la información como sistema no tan solo económico sino también social, en el que la información y el conocimiento son factores de progreso y bienestar para la región latinoamericana y caribeña si ella se inscribe local y globalmente en el contexto de la profundización de principios como el respecto a los derechos humanos y otros.  Asimismo, se reivindica que las perspectivas y prioridades regionales deberían ser parte relevante de las estrategias para  implementar la sociedad de la información.

"La sociedad de la información es un sistema económico y social donde el conocimiento y la información  constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso, que representa una oportunidad para nuestros países y sociedades, si entendemos que el desarrollo de ella en un contexto tanto global como local requiere profundizar principios fundamentales tales como el respeto a los derechos humanos dentro de un contexto más amplio de los derechos fundamentales, la democracia, la protección del medio ambiente, el fomento de la paz, el derecho al desarrollo, las libertades fundamentales, el progreso económico y la equidad social.  Al mismo tiempo, considerar que la decidida promoción de la visión y prioridades de los países de la región en los foros mundiales, entre otros la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003-2005), debería ser un elemento clave de la estrategia regional sobre la sociedad de la información" (ob. cit.).

De la misma manera, en la declaración se resalta la necesidad de superar la denominada "brecha digital" en clara alusión a igualar las oportunidades con relación al acceso y uso de las TICs, en tanto dicha brecha es indicadora de las desigualdades sociales entre naciones y dentro de ellas.

"Nuestros países, conscientes de la necesidad de generar igualdad de oportunidades en el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación, se comprometen a desarrollar acciones tendientes a superar la brecha digital, la cual refleja e incide en las diferencias económicas, sociales, culturales, educacionales, de salud y acceso al conocimiento, entre los países y dentro de ellos" (ob. cit.).

          A continuación la declaración enuncia principios rectores que adopta, entre los cuales se indican:

          1°) la indispensabilidad de la TICs para realizar las necesidades sociales. Carácter de imprescindibilidad que se emparenta con el imaginario del reduccionismo pantecnológico, "el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC) son indispensables para satisfacer las necesidades de los individuos, de las comunidades y e la sociedad en general" ob. cit.).

           2°) el imperativo de que la sociedad de la información se oriente a superar las desigualdades sociales e impedir el surgimiento de otras modalidades excluyentes en las poblaciones, "la sociedad de la información debe estar orientada a eliminar las diferencias socioeconómicas existentes en nuestras sociedades y evitar la aparición de nuevas formas de exclusión y transformarse en una fuerza positiva para todos los pueblos del mundo" (ob. cit.).

          3°) la conformidad de lograr la accesibilidad de todos a las TICs con base en el marco regulatorio vigente de la naciones.  Ello reivindica el ordenamiento legal local ante las regulaciones globalizadoras, "el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación debe ser un objetivo de todos los actores involucrados en la construcción de la sociedad de la información, de conformidad con el marco jurídico vigente de cada país" (ob. cit.).

          4°) la reivindicación del empleo de las TICs para propósitos públicos y sociales en los ámbitos gubernamentales de salud y educación, y no tan solo o prioritariamente en los ámbitos mercantiles internacionales o nacionales, "el aprovechamiento de las mismas mediante la articulación de acciones locales, regionales y globales, y su uso con fines públicos y sociales en áreas tales como el gobierno, la salud y la enseñanza" (ob. cit.).

          5°) la coexistencia del libre flujo de información que aliente la transferencia de conocimientos que inciten la innovación y formación de capital humano, con el respeto a los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad y la seguridad entre otros.
"Las tecnologías de información y comunicación fomentan el flujo e intercambio de información, alentando la transferencia  de conocimientos y estimulando la innovación y formación de capital humano, propiciando que el libre flujo de información coexista con el respeto por la vida, la propiedad privada, la privacidad, la propiedad intelectual, la confidencialidad y la seguridad." (ob. cit.).

          6°) el reconocimiento de que la naturaleza mundial de la sociedad de la información implica para el desenvolvimiento global en cuanto a formulación política de sus tendencias mundiales, la participación de los niveles regionales y subregionales a fin de considerar: la provisión de  asistencia técnica en el marco de la cooperación regional e internacional, el intercambio de experiencias y de conocimientos, y el establecimiento de normas y estándares compatibles con las características e intereses nacionales, "la sociedad de la información es eminentemente global.  De tal modo, un diálogo de política basado en las tendencias mundiales de la sociedad de la información debe tener lugar en niveles globales, regionales y subregionales." (ob.cit).

          7°) El requerimiento de que el acceso a las TICs sea regulado por la protección que brindan las leyes internacionales para impedir la afectación por parte de decisiones tomadas unilateralmente.  Este principio no fue refrendado sino objetado por escrito, por la representación de los EE.UU. que estuvo presente en la reunión, lo que evidencia que la prevención es tomada con relación a ese país, "el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones debe realizarse al amparo del derecho internacional, teniendo en cuenta que algunos países se ven afectados por medidas unilaterales no compatibles con éste que crean obstáculos al comercio internacional." (ob. cit., p. 3).

           Por otra parte, en la declaración se adoptan otras posiciones prioritarias como la de que bajo la cobertura del derecho a la libertad de expresión y de opinión, se reivindica además de la libertad de buscar y recibir información, el de impartir o dar información, libertad que será facilitada por vía de la educación.  Por tanto, se infiere que la educación deberá promover la producción o creación de información por medio de las TICs y no únicamente su consumo o recepción.

             "Garantizar que en la sociedad de la información se protejan y promuevan los derechos      humanos, incluido el derecho al desarrollo.   Todos tienen derecho a la libertad de opinión     y expresión; este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y a     buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación     sujeto a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.  El ejercicio de este derecho se     facilitará con las oportunidades educacionales para todos." (ob. cit., p. 4).

           Compromiso de Rio de Janeiro.  Esta declaración es resultado de la "Conferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe.  Preparatoria para la Segunda Fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información", realizada en Brasil en junio del 2005.

          En este documento se reafirma el compromiso de las naciones latinoamericanas con la edificación de la sociedad de la información de naturaleza inclusiva y contribuyente con el desarrollo de la región. "Declaramos: nuestro profundo compromiso con la construcción de una sociedad de la información inclusiva y orientada al desarrollo en América Latina y el Caribe, basada en los principios de paz, derechos humanos, solidaridad, libertad, democracia, desarrollo sostenible y cooperación entre los países dentro del marco de la sociedad global de la información.  Nuestra decisión de contribuir también a la creación de dicha sociedad a nivel global." (Compromiso de Rio de Janeiro, p. 1).

          Asimismo, se asocia y destaca el fomento de la integración regional y su desarrollo sociocultural y económico con la construcción de la sociedad de la información, "nuestro reconocimiento de la máxima importancia que reviste el desarrollo de la sociedad de la información con el fin de fomentar la integración y el desarrollo social, económico y cultural de los países de América Latina y el Caribe". (ob. cit.)

          Del mismo modo, se manifiesta el compromiso gubernamental de promover la participación de todos los interesados en la creación de la sociedad de la información que se fundamente en la compartición de los conocimientos. "Nuestro compromiso, como gobiernos, de facilitar la inclusión de todas las partes     interesadas –el sector privado, la sociedad civil, la comunidad científica y académica y     cualquier otra— en el proceso de creación de una sociedad de la información basada en     conocimientos compartidos." (ob. cit. p. 2).

           Se comprometen los firmantes a favorecer la inversión privada, junto con la pública, para incrementar el acceso a la TICs bajo el concepto de responsabilidad social empresarial. "Nuestro compromiso de crear un entorno propicio para la inversión y la innovación, que fomente la cooperación y las asociaciones regionales entre los sectores público y privado y permita invertir recursos y capital, como corresponda, para ampliar el acceso a las TIC  despertar mayor conciencia sobre su potencial en el contexto de la responsabilidad social empresarial." (ob. cit.).

           Por otro lado, se resalta la concepción instrumentalista y no tecnocrática de que las TICs son mediaciones o medios para favorecer el crecimiento económico, así como el pleno empleo y la competencia. "Nuestra convicción de que las tecnologías de la información y las comunicaciones no son un fin en sí mismas, sino un instrumento del desarrollo, orientado a la búsqueda de un desarrollo humano equitativo y sostenible dentro del marco del crecimiento económico, el pleno empleo y la competitividad." (ob. cit.).

          Se atribuyen a las TICs potencialidades sobrevaloradas para el logro de objetivos sociales que no dependen decisivamente de su  acceso y uso. "Nuestra  determinación de utilizar el potencial de las TICs para la consecución de los objetivos del Milenio, es decir, para la erradicación de la extrema pobreza y el hambre; el logro de la enseñanza primaria universal; la promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; la reducción de la mortalidad infantil; el mejoramiento de la salud materna; el combate contra el VIH/SIDA,  el paludismo y otras enfermedades; asegurar la sostenibilidad del medio ambiente; el fomento de la asociación mundial para el desarrollo, y la creación de un mundo más pacífico, justo y próspero." (ob. cit.).

          Se reivindica la necesidad de desarrollar una sociedad de la información de carácter regional, que tenga enlace con la Internet pero con nodos y servidores propios en función del contexto latinoamericano y caribeño.
"Nuestro interés en impulsar el desarrollo de una infraestructura de redes, lo que es indispensable para la sociedad regional de la información, que incluya puntos de intercambio de Internet, troncales regionales y servidores primarios, respetando la situación y la necesidades especificas de América Latina y el Caribe." (ob. cit.)

          Reafirman enfáticamente el planteamiento que fue objetado por los EE.UU. en la declaración de Bávaro, respecto de cualquier medida tomada unilateralmente y que no se ajuste a la normativa de las leyes internacionales.
"Nuestro enérgico rechazo a toda medida unilateral que no sea conforme al derecho internacional y a la carta de las Naciones Unidas y que, en el contexto de la construcción de la sociedad de la información, impida el pleno logro del desarrollo económico y social a la población de los países involucrados o limite el bienestar de la población, así como nuestro consiguiente compromiso a dar ayuda a los países afectados por medidas de esa índole a superar los obstáculos que impiden a su población aprovechar plenamente los beneficios de la sociedad de la información." (ob. cit., p. 4).

           Igualmente se reitera la posición de que la integración en la sociedad de la información debe estar soportada en la compartición recíproca de conocimientos, lo que conlleva a no ser tan solo consumidores o usuarios de los flujos informacionales de las TICs, sino a ser agentes del desarrollo como productores de información y contenidos en el contexto cultural global y local de intercambios de saberes.
"Nuestra firme convicción de que todo individuo debe participar activamente en una sociedad de la información basada en conocimiento compartidos, no solo como usuarios de nuevas tecnologías, sino también como agentes del desarrollo y la producción de contenidos.  Para alcanzar este objetivo, reiteramos la necesidad de fomentar el libre flujo de ideas e información, y el desarrollo de una cultura global y regional que comparta conocimientos." (ob. cit.,  p. 5)
      
Se asume como necesario robustecer la cooperación para incentivar la creación de fuentes de financiamiento para la generación de empresas que produzcan para las TICs contenidos de carácter nacional, aplicaciones y programas.
"Expresar nuestro compromiso de fortalecer la cooperación y la coordinación regionales para el fomento y la creación de nuevos mecanismos de financiamiento del desarrollo de una industria dedicada al desarrollo de contenidos nacionales, aplicaciones y programas." (ob. cit.).

               Se manifiesta expresamente el interés de participar en la gobernanza mundial de Internet con base en principios que descarten el unilateralismo, la falta de transparencia y su ejercicio democrático.
"Nuestro compromiso de contribuir a la evolución de un sistema internacional de gobernanza de Internet basado en los principios de Ginebra, particularmente los relacionados con el multilateralismo, la transparencia y la democracia." (ob. cit.).

          Finalmente, en el documento se define y ratifica el compromiso para financiar y estimular la producción tecnológica propia en lo que respecta a equipos, partes, componentes, productos digitales, aplicación, software y contenidos en idiomas nativos para la infraestructura de las TICs.

Nuestra voluntad de fortalecer la cooperación y coordinación regionales en el marco del Consenso de Monterrey con el fin de mantener los actuales compromisos en materia de financiamiento e impulsar el desarrollo y la creación a nivel nacional de mecanismos innovadores para financiar la producción local de equipos, partes y componentes, y productos digitales para infraestructura e industrias de las TIC, incluidos aplicaciones, software y contenido en idioma local." (ob. cit., p. 6).

    En definitiva, pese a las críticas, observaciones, reservas y prevenciones manifestadas en las declaraciones, y la proyectada interconectividad al margen de los nodos contralores de los EE.UU., la región asumió en general las orientaciones y políticas de la CMSI impuestas por los países neoliberales hegemónicos y sus ONGs como la UIT, y desde entonces, aunque expresando reticencias ocasionales y puntuales, ha venido realizando reuniones intergubernamentales en las que se han diseñado planes de acción y metas para los lapsos 2005-2007, 2008-2010 y 2011-2015 (E-LAC, s/f).

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