Las negociaciones entre el gobierno y los 14 gremios de trabajadores del sector público, por el reajuste de salarios y beneficios monetarios para el ejercicio 2014, vuelve a centrar la mirada sobre el tamaño del Estado chileno, la eficiencia de su administración y las dificultades para estructurar su personal.
Pese al compromiso de los últimos dos gobiernos de reducir la masa de funcionarios a honorarios, el Ejecutivo ha tomado una dirección contraria: datos oficiales revelan que en los últimos nueve años la dotación de personal a honorarios se triplicó, pasando de 11.694 funcionarios, en 2004, a 30.858 al primer trimestre de este año. En términos globales, este grupo representa el 12% de la dotación del sector público (ver infografía). El resto se distribuye en un 34% de empleados de planta; un 52% de personas bajo la modalidad de contrata y el restante 2% contratado bajo el Código del Trabajo.
En Chile, los funcionarios públicos, incluyendo personal de planta, contrata, honorarios y Código del Trabajo, y excluye a las Fuerzas Armadas y Carabineros, suman 249.278 personas, según la Dirección de Presupuestos (Dipres). A nivel local, en tanto, los empleados fiscales equivalen a menos del 10% de la población laboralmente activa, porcentaje que en el promedio de la Ocde asciende a casi 15%.
Las mejoras económicas que buscan los sindicatos de funcionarios públicos en tratativas con Hacienda y Trabajo sólo benefician a la dotación de planta, a personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y a algunas contratas, pero dejan fuera a los trabajadores a honorarios. El valor de la planilla por ítem es algo que la Dipres y el Ministerio del Trabajo no informan.
Sin embargo, datos oficiales de Hacienda señalan que en 2012 los funcionarios sujetos a reajuste fueron 599.762, ya que se incluye a personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros. En tanto, los aguinaldos y bonos se dieron a 865.787 personas.
NEGOCIACION EN CURSO
Mañana será una jornada clave en las tratativas que llevan el gobierno y los empleados fiscales, proceso en que estos últimos son apoyados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como ya es tradición.
El presidente de la Anef (uno de los 14 gremios en tratativas), Raúl de la Puente, advirtió el miércoles pasado que si hoy el Ejecutivo -representado por Hacienda y secundado por Trabajo- no entrega una propuesta concreta de reajuste al alza en remuneraciones y beneficios, se volcarán a una serie de movilizaciones.
Hasta ahora sólo se conoce el petitorio económico de los funcionarios públicos, que en lo medular apunta a un reajuste salarial de 8,8% y a un aumento de 10% para los funcionarios que ganan salarios considerados por los gremios como bajos.
Pero también piden normas para dar mayor estabilidad laboral al sector y seguro de cesantía para sus asociados, entre otros beneficios. El foco de los sindicatos es lograr el cierre de este tema antes de las elecciones del 17 de este mes.
En 2012 el acuerdo al que llegaron los gremios, la CUT y el gobierno -y que después fue ratificado por el Parlamento- contempló un reajuste de 5% nominal y 2,1% real en los salarios e incluyó, por primera vez, un bono de vacaciones desde enero de 2013 de entre $ 60.000 y $ 40.000, de acuerdo con el nivel de remuneraciones de cada trabajador.
