Esta semana recibí de la Iglesia Católica un documento denominado "Chile, una mesa para todos en el Bicentenario", que contiene reflexiones sobre el sentido de nuestro Bicentenario y una solicitud para que, con motivo de su celebración, se conceda un indulto a quienes se encuentren presos en situaciones especialmente aflictivas. También recibí de las Iglesias Evangélicas propuestas conteniendo reflexiones y solicitudes de la misma naturaleza.
En los días posteriores, consulté opiniones sobre estas reflexiones y propuestas a líderes del mundo político y religioso, y seguí con mucha atención el debate generado en la sociedad civil.
Todo ello me ha permitido realizar un proceso sereno de reflexión sobre estas propuestas y sus posibles consecuencias sobre nuestra convivencia y sociedad, y formarme una convicción profunda de lo que creo es lo mejor para Chile y el bienestar de los chilenos, que hoy quiero compartir con todos mis compatriotas.
En primer lugar, quiero valorar y agradecer sinceramente a la Iglesia Católica y Evangélica por sus valiosas reflexiones sobre virtudes tan significativas como la compasión, el perdón y la reconciliación, y por la inspiración noble y constructiva de sus propuestas. Este Presidente y nuestro gobierno comparten plenamente y tienen la firme voluntad de promover estos valores en la sociedad chilena.
Por otra parte, si bien valoramos el debate generado a partir de estas propuestas, no podemos ignorar que ellas continúan produciendo, en parte de la sociedad chilena, un clima de tensión y división que muchas veces reabre las viejas heridas y rencores del pasado.
Es también necesario y conveniente recordar que el año 2001, con ocasión de la celebración del nuevo siglo y milenio, se dictó la ley 19.736 sobre indulto general, que benefició a más de 1.500 condenados que recuperaron su libertad u obtuvieron significativas rebajas en sus condenas.
Adicionalmente, el año 2003 se dictó una nueva ley, la 19.856, que permitió a los condenados con buena conducta reducciones de hasta tres meses por año en sus penas. Esta ley ha favorecido a más de 18.500 condenados en el período 2004-2010 y lo seguirá haciendo en el futuro, pues se trata de una ley vigente y de efectos permanentes.
Finalmente, el año 2004 se dictó un tercer indulto general, a través de la ley 19.965, que favoreció a los condenados por el delito de asociación ilícita terrorista, delitos de la ley de control de armas y delitos sobre seguridad del Estado, ocurridos entre los años 1989 y 1998.
En otras palabras, en nuestro país y en menos de 10 años, ya se han realizado tres concesiones generales de indulto y perdón.
Por otra parte, nuestro gobierno asumió compromisos con la ciudadanía que vamos a honrar y cumplir. Entre ellos destaco combatir en forma firme y eficaz la delincuencia y el narcotráfico, proteger adecuadamente a las víctimas, resguardar con energía la seguridad ciudadana, y fomentar una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos de todos, en todo lugar, tiempo o circunstancia.
En consecuencia, incorporando todos los valores antes mencionados y considerando por sobre todo el interés superior de la patria y el bienestar de los chilenos, he llegado al convencimiento que, en los tiempos y circunstancias actuales, no es prudente ni conveniente promover el otorgamiento de un nuevo indulto de carácter general.
Sin perjuicio de lo anterior, acogeré el espíritu de las propuestas de las Iglesias y su invocación ala compasión, el perdón y la reconciliación a través del ejercicio de la facultad presidencial de otorgar indultos particulares. Para ello, este Presidente hará uso de sus facultades en forma prudente y restrictiva, analizando caso a caso consideraciones de carácter humanitarias debidamente acreditadas, y siempre que ello no debilite nuestra lucha frontal y decidida contra la delincuencia y el narcotráfico ni la cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos.
Estos indultos considerarán factores como la avanzada edad, enfermedades terminales y otras razones humanitarias equivalentes, y velando siempre porque estos beneficios no dañen el alma de Chile ni signifiquen un peligro para la sociedad. En consecuencia, quedarán excluidos de estos beneficios aquellos condenados por delitos especialmente graves, como son los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidio, de sangre, violaciones o abusos deshonestos contra menores, y otros equivalentes, además de delincuentes reincidentes.
También comparto con las Iglesias su profunda preocupación por las condiciones de vida de quienes están hoy presos en las cárceles chilenas. Al respecto, quiero recordar y compartir las palabras del Papa Benedicto XVI cuando afirmó que "la cárcel priva a un hombre de su libertad, pero jamás de su dignidad de ser humano". Nuestro gobierno está muy conciente del déficit heredado en materia de infraestructura y gestión penitenciaria y de las precarias condiciones y el hacinamiento en que viven muchos presos, lo cual atenta contra sus posibilidades de rehabilitación y reinserción social.
Sin embargo, estimamos que la mejor respuesta de nuestra sociedad a esta lamentable situación no pasa por la liberación masiva de presos, sino por una mejoría en las condiciones de vida y dignidad de los mismos. Por estas razones, nuestro gobierno está comprometido y avanzando decididamente en un ambicioso y exigente plan que contempla la construcción de más y mejores recintos penitenciarios, la ampliación y mejora de las instalaciones existentes, el rediseño de instalaciones penitenciarias en ejecución y el impulso de tratados que permitan el traslado de condenados extranjeros para que cumplan el resto de sus condenas en sus países de origen.
Adicionalmente, he solicitado al Ministro de Justicia que, en un plazo no mayor de 3 meses, realice una completa revisión de la situación de los internos en las cárceles de nuestro país, tendiente a mejorar las condiciones de vida de los reclusos y de trabajo de los gendarmes, modificar reglamentos penitenciarios para lograr mejoras en el trato a los internos, beneficios intrapenitenciarios, sistemas de visitas de los familiares, apoyo religioso y sicológico, asistencia legal a los más débiles y oportunidades de estudio, deporte, cultura, rehabilitación, reinserción social y empleos remunerados para los presos.
Además nuestro plan contempla un profundo fortalecimiento y reforma de las penas alternativas a la privación de libertad, tales como la reclusión nocturna, la libertad vigilada y los trabajos sociales en favor de la comunidad. Para que éstas penas sean efectivas y no pongan en peligro a las víctimas ni a la sociedad, estableceremos un adecuado régimen de control de estas penas alternativas, lo cual se logrará aumentando el número y capacitación de los delegados que las controlan y la aplicación de tecnologías de punta, como el brazalete electrónico y control domiciliario, para cierto tipo de delincuentes.
En otras palabras, más que perdonar nuevamente condenados para que, pasadas las celebraciones del Bicentenario, todo siga como antes, estamos comprometidos con una profunda reingeniería y modernización de nuestro sistema penitenciario, tanto en su infraestructura como en su gestión, y con mecanismos más eficaces de prevención y rehabilitación del delito, de forma de tener una sociedad más segura y con menos delincuencia.
El ejercicio de la Presidencia de la República nunca ha sido una tarea fácil. Significa tomar decisiones difíciles y complejas. Esta no ha sido una excepción. He tomado esta decisión después de una serena reflexión y con una profunda convicción de que es lo mejor para Chile y los chilenos.
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