El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, afirmó esta tarde que nadie de los 23 notificados por el Caso Riggs contará con medidas cautelares especiales tras su detención, incluidos los cinco hijos del fallecido general (r) Augusto Pinochet Ugarte y su viuda, Lucía Hiriart. "No tiene porqué haber medidas especiales mayores que las que hay con cualquier persona detenida que significa velar por su integridad, por su seguridad y también que no evada la acción de la justicia", sentenció el secretario de Estado.
Agregó que "no tenemos ningún criterio de privilegio, lo he dicho siempre como ministro de Justicia, los chilenos somos todos iguales ante la ley y así lo ha señalado también claramente la Presidenta Michelle Bachelet".
Respecto a la situación de Lucía Hiriart, quien fue trasladada al Hospital Militar, tras ser notificada, a causa de una presunta descompensación, el secretario de Estado afirmó que será el ministro de la Corte de Apelaciones, Carlos Cerda, quien resolverá esa situación.
"Como Gobierno, tenemos que esperar lo que resuelva el ministro a cargo de la causa, él tiene la competencia en esta materia de resolver cuál es la situación de estas personas, si permanecen privadas de libertad y el lugar en que tendría que cumplirse esa privación de libertad", aseveró Maldonado, quien dijo que se debe esperar la resolución del magistrado, respecto a dónde serán enviadas todas las personas que hoy fueron notificadas.
Agregó, que el Gobierno está a la espera de lo que determine el juez luego de aplicarse los procedimientos judiciales correspondientes.
El juez Carlos Cerda, a cargo del caso Riggs, a las 07:00 horas de hoy, procesó y ordenó la detención de 23 personas, entre ellos los cinco hijos del general (r) Augusto Pinochet y su viuda, Lucía Hiriart, por el delito de malversación de caudales públicos.
De esta forma, durante toda esta mañana personal de Investigaciones ha ido notificando al círculo cercano del general en retiro, fallecido en diciembre pasado.
El secretario de Estado entregó estas declaraciones luego de reunirse, junto al nuevo Fiscal nacional, Sabas Chahuán, con la Presidenta Michelle Bachelet.
A la salida, el nuevo fiscal afirmó que el encuentro fue protocolar y para agradecer a la Mandataria "la confianza que ha depositado en mí".
Afirmó que no se habló de ningún tema político y que sólo se centraron en impresiones generales y técnicas de distintos temas, pero básicamente dentro de un término protocolar.
Consultado acerca de su designación y del debate en torno a ésta, sostuvo que es "sano que se diga la opinión que se tiene y con respecto a mí, lo he interpretado como una opinión legítima, válida, democrática y que yo sepa no hubo ningún cuestionamiento a mi persona como tal o como capacidad técnica, es un sano juego democrático".
Sostuvo que los pasos a seguir es coordinarse con el fiscal saliente, Guillermo Piedrabuena, para realizar todos los traspasos pertinentes.
