Señales negativas en la industria de los casinos
A los problemas con el uso de los recursos en municipios donde operan casinos, se suma la propuesta para extender la concesión de casinos municipales.
21/07/2014 - 04:00
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DOS SITUACIONES complejas confluyen en relación con la administración de casinos de juego en el país. Por un lado, un reportaje de este medio profundizó hace unos días respecto de la problemática coyuntura por la que atraviesa Mostazal, una comuna de 25 mil habitantes, con 11 mil millones de pesos en caja provenientes del casino Monticello por la ley de casinos, dos informes negativos de Contraloría y una investigación en curso que sigue el Ministerio Público. Como es sabido, la norma legal estipula que las comunas en donde están ubicados los casinos reciben un 10% de las ganancias totales de estos complejos. Otro 10% va a los gobiernos regionales.
La situación de Mostazal deja en evidencia que los municipios favorecidos por la presencia de un casino no siempre cuentan con la capacidad de administración para el adecuado y transparente manejo de estos recursos. Se trata de localidades con una condición de privilegio, ya que la ley establece que cada región puede contar con un máximo de tres casinos de juego y un mínimo de uno, no puede haber ningún casino en la Región Metropolitana y éstos siempre deben estar, a lo menos, a 70 kilómetros viales del más próximo, independientemente de la región en la que se localicen.
Todas estas disposiciones buscaron, por un lado, controlar la proliferación de casinos de juego en el país, considerando las externalidades negativas que pueden producir en su entorno y la necesidad de mantener una fiscalización estricta sobre ellos. Al mismo tiempo, se buscó que las comunas favorecidas tras un proceso de licitación público, y los respectivos operadores, contaran realmente con condiciones atractivas para el desarrollo de su inversión. Pero sería un mal precedente que el proceso terminara enlodado por la incapacidad de autoridades locales para aprovechar debidamente estos recursos adicionales y, en ese sentido, es la industria completa la que debe mirar estos problemas con atención y buscar soluciones. Tampoco constituye una buena señal para quienes propugnan una mayor descentralización en el manejo de los recursos públicos.
La segunda situación dice relación con la decisión del gobierno de enviar un proyecto de ley para extender en 15 años la concesión de los actuales casinos municipales, tal como lo había comprometido también el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. La ley de casinos estableció, de manera transitoria, un plazo de 15 años para que las siete municipalidades con casinos operando en esa época (Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales) pudieran mantener este privilegio sin acogerse plenamente a la nueva normativa. El plazo vence el 31 de diciembre de 2015. Los municipios, principalmente el de Viña del Mar, desarrollaron un fuerte lobby para prorrogar y, en la medida de lo posible, perpetuar su condición.
La nueva ley los igualaría en cuanto a la fiscalización de la Superintendencia de Casinos y, de acuerdo a trascendidos, a la obligación de entregar parte de sus ingresos al gobierno regional, pero perpetuaría una situación de privilegio con la que no cuentan otras comunas, permitiendo a éstas mantener un importante nivel de ingresos sin el incentivo de mejoras y eficiencias que constituye la competencia con otros municipios que podrían postular proyectos de casinos.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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Santiago- Chile
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