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martes, abril 29, 2014

Injurioso, populista y odioso: Empresarios indignados por video del gobierno sobre la reforma

Injurioso, populista y odioso: 

Empresarios indignados por video del gobierno sobre la reforma

Esos fueron sólo algunos de los calificativos que recibió el material audiovisual divulgado por internet. Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Andrés Santa Cruz, dijo que "promueve la división de los chilenos".  

por:  La Segunda
martes, 29 de abril de 2014

Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC.


Otra polémica: Las cifras del video

Tampoco hay acuerdo respecto de la veracidad o exactitud de las cifras que aparecen en el polémico video. Y entonces pedimos el análisis del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) y del gobierno.

El investigador de LyD, Francisco Klapp, dice que "el video tiene imprecisiones que llevan a confusión. Por ejemplo, cuando dice que el 1% pagará la recaudación prevista por la eliminación del FUT y el aumento del impuesto a las empresas se está refiriendo en realidad al 1% que hoy está en esa situación, pero no considera que cambia la base imponible y que con ello muchas más personas estarán en el tramo superior al 25%, y ahí está plata". 

Klapp también cree que es poco claro decir que 4.500 familias tienen ingresos mensuales per cápita superior a $ 82 millones, pues ello considera participaciones en empresas aunque estas no repartan dividendos. "Entiendo que ese número viene de un trabajo realizado por la Universidad de Chile, donde se imputan ingresos por participaciones en compañías según su valor", explica el economista. 

Mientras, desde el gobierno afirman que "las principales medidas que modifican el impuesto a la renta efectivamente se concentran en las personas de más altos ingresos" y que sus estimaciones indican que "el 70% de la población no verá modificada su carga tributaria. Los principales cambios se dan en el 10% más rico como hemos señalado". 

Respecto al punto que aborda a las 4.500 familias más ricas, los datos se obtuvieron el estudio de López, Figueroa y Gutiérrez -de la U. de Chile-, sobre la base de los datos administrativos recabados por el Servicio de Impuestos Internos, donde "se observa que el 0,1% más rico en Chile (cerca de 4.500 familias, con fuerte presencia empresarial) tiene un ingreso per cápita mensual de $82.856.249." 

Un aumento considerable en los decibeles con que se discute la reforma tributaria, se produjo tras conocerse un video realizado por el gobierno para explicar los alcances de los cambios tributarios que se quieren hacer.

El material difundido el lunes plante entre otras cosas que hay secretarias que pagan más impuestos que sus jefes, que no afecta a la clase media y que los que critican son "los poderosos de siempre".

Mientras la mitad de los chilenos apoya la reforma y la otra mitad la rechaza -según una encuesta dada a conocer este martes por radio Cooperativa- en internet han proliferado más videos sobre el tema: los de LyD, de la Asociación de Emprendedores, Felices y Forrados, y la Universidad del Biobío, por nombrar algunos.

Sin embargo, desde el empresariado afloró la indignación con todas sus letras, tras conocer el material preparado por el gobierno.

Al finalizar un reunión con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Andrés Santa Cruz, el dijo que "el video que ayer todos conocimos nos ha parecido arbitrario, injurioso, que promueve el odio y la división de los chilenos. Ese no es el camino para construir. Es un atentado contra la sana convivencia", dijo enfático.

Aunque señaló que "no nos sentimos particularmente atacados", advirtió que "por más que veamos actitudes inconducentes, agresivas, injuriosas, nosotros vamos a estar por buscar los puntos de encuentro".

Santa Cruz dijo que el sector siempre ha sido partidario del diálogo y que esto último no va a cambiar su disposición "positiva" y "dialogante".

"Esperamos que eso opere no sólo en el Senado, sino también en la opinión pública y en todos los actores (...) El camino es el diálogo. Y eso no va a cambiar en nosotros, independiente de las actitudes que veamos, de los improperios que se puedan recibir".

Arenas: "Algunos defienden sus privilegios"


En el marco de la firma del decreto que creó la Comisión Asesora sobre el Sistema de Pensiones, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, fue consultado por el video: "Para que lo sepa la gente en sus casas, lo que hace el gobierno es informar desde las cifras. Algunos que defienden sus privilegios, desinforman", sostuvo.

El secretario de Estado afirmó que "hemos estado desde el primer día explicándole a la ciudadanía la reforma tributaria. Sabemos que contamos con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, que también se ha dado en el Congreso".

Y enumeró una lista de acciones: minutas, idas a terreno, conversaciones con organizaciones sociales, con empresarios grandes, medianos y pequeños, "y básicamente, en un país moderno del siglo XXI, utilizamos las distintas plataformas que hay para comunicarse con la ciudadanía".

Polémica se tomó Icare


La polémica por el video de la reforma tributaria fue un ingrediente adicional en el seminario organizado hoy por Icare para, precisamente, conversar sobre este tema. Fue el mismo presidente de la entidad, Guillermo Tagle, quien dio inicio al seminario señalando que, por favor, no se tildara de "los poderosos de siempre" si alguno de los expositores se mostraba contrario a algún punto de la reforma.

Larraín Matte: "Caricaturas inhiben el debate"


Para el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, las caricaturas -en este caso al empresariado- no ayudan a discutir los mecanismos planteados para aumentar la recaudación.

"Es relevante la opinión de la empresa como conocedora de las dinámicas de inversión y ahorro, por tanto, no es bueno descalificar ni la opinión de los empresarios, ni de los actores sociales, ni de las Pymes. Todos deben participar del debate. Cuando se caricaturiza las opiniones se inhibe el debate", apuntó.

Camus: "Me sorprendería que una secretaria pague más"


Para el recién electo presidente de la Bolsa de Santiago y socio de BTG Pactual, Juan Andrés Camus, algunas aseveraciones del video le llamaron la atención. Por ejemplo, que las secretarias, proporcionalmente, paguen más que sus jefes. "Me sorprendería conocer un caso en donde haya una secretaria que pague más impuestos que su jefe, me sorprendería", dijo.

"Yo soy partidario de una sociedad de la cooperación y no de la confrontación. Los países progresan cuando hay cooperación en todos los actores y se ponen de acuerdo en cómo resolver los problemas, creo que no hay que apurarse tanto", recalcó.

Del Río: "El video es populista"


El video explicativo creado por el Ejecutivo sólo puede ser considerado "como populista", a juicio del socio de Falabella y Dersa, José Luis del Río.

"Hay que tener un debate de mejor nivel y eso es lo que se está haciendo acá (en el seminario de Icare). Es una pena que el subsecretario (de Hacienda, Alejandro Micco) no se haya quedado para que tengamos un debate de mejor nivel".

Luis Nario Matus: "Que los que ganen más paguen más"


El empresario, socio de Precon, y ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), señaló que si bien no ha visto el video, de acuerdo a las opiniones que ha recogido no está de acuerdo con cómo se plantea. Sí coincide en que "los que ganemos más paguemos más impuestos". Matizó eso sí, que el problema es ver qué se hace con los recursos.

Hans Eben: "Hay demasiada pasión y eso no ayuda"


Para el director de empresas, Hans Eben, el video del gobierno "no me pareció bien, creo que debiéramos fomentar el diálogo y no con propaganda e ideas que ya están bastante extendidas. Hay demasiada pasión, creo que eso no ayuda. Hay cosas que se pueden mejorar, pero hay mucho que discutir todavía (...) todos queremos un país sin pobres, pero tampoco queremos un país sin ricos, pues produce más pobreza".

Sobre el caso de la secretaria que paga más impuestos que su jefe dijo tajante: "Tampoco es tan así, puede que alguien tenga una secretaria gane un sueldo alto y pague un impuesto alto, y su jefe pierda plata y por lo tanto no paga impuestos. Siempre se puede decir algo así, pero no se puede generalizar".

Swett: "El lenguaje antagónico no nos ayuda"


Para el empresario Alfonso Swett Opazo el lenguaje del video fue "imprudente: Estoy de acuerdo que el gobierno quiera dar a conocer o explicar la reforma, pero creo que el lenguaje antagónico no nos ayuda. Para los desafíos de Chile no sobra nadie", dijo.

"Mi reparo al video es que cuando uno hace un cambio, lo que debe hacer es entusiasmar y no confrontar. Los cambios para que sean efectivos requieren un compromiso de todos, pero cuando se produce división, es tomar un riesgo adicional", subrayó.

Massú: "Arma polémica en vez de construir diálogo"


El presidente de Corpbanca, Fernando Massú, dijo que "en vez de establecer un diálogo constructivo, no lo hace. Creo que tiende a armar polémica más que construir un diálogo y a decir cuáles son las razones por las que esta reforma debiera contribuir a ser una sociedad más justa, y no a producir diferenciación entre aquellos que tienen y los que no".

 Alianza irá a la Contraloría y la Nueva Mayoría se divide


Argumentando que existe una abundante jurisprudencia administrativa que prohibe el uso de recursos públicos para financiar propaganda oficial que no se sustente en políticas públicas vigentes, diputados de la Alianza acudirán mañana a la Contraloría General de la República para pedirle un pronunciamiento sobre el polémico video del Gobierno relativo a la reforma tributaria.

Así lo anticipó hoy el jefe de la bancada de Renovación Nacional, el diputado Nicolás Monckeberg, quien afirmó que "la plata de la reforma tributaria no puede utilizarse para financiar este tipo de de acciones".

"La Contraloría ha sido categórica en prohibir el uso de recursos estatales para hacer publicidad o videos a menos que tengan como propósito explicar a la ciudadanía como se hace uso de un beneficio derivado de una ley o una política de gobierno", afirmó Monckeberg.

"En este caso se hace exactamente lo contrario, con un video se intenta hacer propaganda a un proyecto de ley que ni siquiera se ha votado en el Congreso y, lo que es peor, se hace en base a hechos falsos e imputaciones mal intencionadas a ciertos grupos", añadió.

El parlamentario de RN precisó que en el requerimiento a la Contraloría acompañarán antecedentes sobre al menos unos quince dictámenes del órgano fiscalizador donde se prohibe el uso de fondos públicos en este tipo de iniciativas.

En la misma línea se pronunció el diputado UDI Gustavo Hasbún, quien planteó que "es absolutamente impresentable y gravísimo el uso de fondos públicos para una campaña ideológica. Las campañas deben tener una clara orientación informativa, no un sesgo ideológico".

Hasbún hizo hincapié que la Contraloría debe determinar si existe malversación de fondos, a partir d elo cual evaluarían iniciar acciones legales.

Diferencias en la Nueva Mayoría


Sin embargo, el video no sólo fue cuestionado en la oposición sino también en el propio oficialismo.

En La Moneda, el presidente de la DC, el senador Ignacio Walker sostuvo que "cuando uno busca simplificar el mensaje muchas veces lo distorsiona. Lo único que yo digo es que hay que cuidar el lenguaje".

Sobre esta crítica, el presidente del PS Osvaldo Andrade respondió que "las cosas buenas, si son simples, son dos veces buenas... simplificar el lenguaje es muy conducente al propósito político de que la gente entienda que esto es bueno para Chile".

Por su parte, el senador y presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, consideró que el Ejecutivo debe continuar con este tipo de videos con el mismo lenguaje.

Consultado el senador Andrés Zaldívar (DC), descartó haber visto el video, pero recomendó: "Hay que ser cuidadosos en el lenguaje. Es importante evitar situaciones que provoquen agresividad, evitar confrontaciones innecesarias".

Otra polémica: Las cifras del video

Tampoco hay acuerdo respecto de la veracidad o exactitud de las cifras que aparecen en el polémico video. Y entonces pedimos el análisis del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) y del gobierno.

El investigador de LyD, Francisco Klapp, dice que "el video tiene imprecisiones que llevan a confusión. Por ejemplo, cuando dice que el 1% pagará la recaudación prevista por la eliminación del FUT y el aumento del impuesto a las empresas se está refiriendo en realidad al 1% que hoy está en esa situación, pero no considera que cambia la base imponible y que con ello muchas más personas estarán en el tramo superior al 25%, y ahí está plata".

Klapp también cree que es poco claro decir que 4.500 familias tienen ingresos mensuales per cápita superior a $ 82 millones, pues ello considera participaciones en empresas aunque estas no repartan dividendos. "Entiendo que ese número viene de un trabajo realizado por la Universidad de Chile, donde se imputan ingresos por participaciones en compañías según su valor", explica el economista.

Mientras, desde el gobierno afirman que "las principales medidas que modifican el impuesto a la renta efectivamente se concentran en las personas de más altos ingresos" y que sus estimaciones indican que "el 70% de la población no verá modificada su carga tributaria. Los principales cambios se dan en el 10% más rico como hemos señalado".

Respecto al punto que aborda a las 4.500 familias más ricas, los datos se obtuvieron el estudio de López, Figueroa y Gutiérrez -de la U. de Chile-, sobre la base de los datos administrativos recabados por el Servicio de Impuestos Internos, donde "se observa que el 0,1% más rico en Chile (cerca de 4.500 familias, con fuerte presencia empresarial) tiene un ingreso per cápita mensual de $82.856.249."































































































































































































































































Fuente:lasegunda

Saludos
Rodrigo González Fernández
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#AGRICULTURA: MONSANTO: pelea por vender maíz transgénico en México


Monsanto da pelea por vender maíz transgénico en México

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Proceso | 22:55

Distrito Federal— La empresa productora de transgénicos Monsanto está desesperada: este mes comienza el ciclo primavera-verano de siembra en el norte de México y no puede vender sus semillas de maíz modificado genéticamente. En 2012 solicitó el permiso para distribuirlas en un millón 840 mil hectáreas, pero un juez suspendió el procedimiento y otro ratificó la pausa.

Según productores del cereal, se necesitan aproximadamente 80 mil semillas de maíz para cubrir una hectárea, y cada bolsa de 60 mil semillas de Monsanto cuesta 3 mil pesos. La utilización de esa simiente implica además el uso exclusivo del herbicida de la trasnacional Roundup. Así que el mercado mexicano es multimillonario para la compañía: un ciclo de siembra le daría –sólo por venta de semilla– 5 mil 520 millones de pesos.

Signo de la desesperación de Monsanto es el ataque jurídico que emprendió contra un juez que confirmó la decisión de frenar los permisos experimentales, piloto y comerciales de maíz transgénico en el país.

Hasta 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) sólo entregó licencias para sembrar granos transgénicos con fines experimentales en superficies de pocas hectáreas. Pero a partir del 7 de septiembre de ese año el Gobierno dio luz verde a las empresas de biotecnología para solicitar autorizaciones con fines comerciales.

En un año, entre el 7 de septiembre de 2012 y el 3 de septiembre de 2013, diferentes consorcios presentaron 14 peticiones de uso comercial de maíz transgénico, a distribuirse en 5 millones 973 mil hectáreas de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa y Baja California Sur, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

La suspensión en la entrega de avales fue dictada por primera vez el pasado 17 de septiembre por el Juzgado XII en Materia Civil del Distrito Federal, en el juicio de demanda colectiva que interpusieron organizaciones civiles contra la Sagarpa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y sociedades productoras de maíz transgénico.

En el texto de la demanda, cuya copia obtuvo Proceso, los demandantes exigieron al juez una medida precautoria con el argumento de que mediante la polinización los organismos genéticamente modificados (OGM) se escapan de las zonas donde los confina la ley, contaminan otras plantaciones y amenazan de esta manera la diversidad biológica de los maíces en el país. El juez concedió la medida solicitada.

El fondo de la denuncia, empero, aún se discute: los inconformes piden a la justicia reconocer claramente que, al expedir permisos comerciales de siembra de maíz transgénico, se viola la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), instrumento que ordena proteger el grano nativo. En otras palabras, las organizaciones civiles reclaman la anulación definitiva de la entrega de autorizaciones.

Desde la resolución provisional, la Sagarpa, la Semarnat y las empresas productoras han tratado de cancelar la medida. No obstante, diversos fallos judiciales han frustrado sus intentos. Entre ellos se encuentra el que emitió el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta el pasado 20 de diciembre, al reconocer que la LBOGM protege al cereal nativo. Puntualizó que la suspensión sólo aplicará mientras dure el juicio.

Marroquín arguyó que la medida precautoria no constituyó un "acto privativo" contra los consorcios (que les quitara algún bien o derecho), ya que las empresas todavía no empezaban la venta de semillas. Señaló que no existen pruebas "que pongan en evidencia que alguna de las demandadas esté sufriendo una afectación ruinosa". Explicó en su sentencia que cancelar la medida podría incitar a la Sagarpa y a la Semarnat a extender las licencias actualmente en trámite y así liberar el transgénico, sin que pudiera controlarse su expansión. Y agregó: "Se podrían ocasionar daños de difícil o imposible reparación".

Esas declaraciones, según Monsanto, ilustran la falta de imparcialidad del magistrado. El pasado 28 de febrero la empresa interpuso un "incidente de recusación" contra Marroquín, en el que exigió sacarlo del juicio. El magistrado, según la empresa, "ha externado su opinión respecto de las pretensiones demandadas, así como de la procedencia y legalidad de la medida precautoria".

En la recusación, Luis Miguel Velásquez Líbano –el abogado de Monsanto– defiende también a la Sagarpa y a la Semarnat, encargadas de otorgar los permisos: "No es justificable la actuación del juzgador cuando son ellas (las dependencias) y nadie más quienes por mandato legal les corresponde aplicar" (sic).

En su defensa, el magistrado Marroquín declaró, ante el juez encargado de decidir su suerte, "no tener interés personal alguno en el asunto", por lo que "lo resuelto en las referidas resoluciones y en las que eventualmente pudiera llegar a dictar se apegará estrictamente a la ley".

Contactados por este semanario, representantes de la trasnacional aseveraron: "Monsanto reitera su respeto a las leyes mexicanas y el apego al derecho de sus autoridades para resolver conflictos de manera justa. (…) En este momento no estamos en una posición para informar o especular sobre la situación actual de los permisos".

El pleito legal

El pasado viernes 4, la directora de la fundación Semillas A.C., y representante común de la acción colectiva, Adelita San Vicente Tello, entregó al III Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa los argumentos de las organizaciones civiles contra las acusaciones de Monsanto.

El documento, del que este semanario también posee una copia, se refiere a una resolución que emitió el magistrado Walter Arellano Hobelsberger el pasado 30 de enero, en la que negó a la empresa un amparo contra la medida precautoria.

En la solicitud de ese amparo, la compañía aseveró que la medida viola la ley y "paraliza la actividad de la administración pública". Por lo tanto, abundó, la medida "sería atentatoria del orden público e interés social", así como de "la libertad de comercio". Denunció también que el juez no otorgó el derecho de audiencia ni a las corporaciones ni a las secretarías —federales.

En su decisión, Arellano Hobelsberger reconoció que las aseveraciones de Monsanto eran "fundadas", pero enseguida las calificó de "ineficaces". Y usó prácticamente los mismos términos que Marroquín para mantener la medida precautoria: "La sola o mera posibilidad de que se afecte el medio ambiente es suficiente para mantener vigente la medida cautelar".

Según René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas A.C., y representante legal de las organizaciones civiles en la demanda colectiva, el argumento emitido por Arellano Hobelsberger –magistrado del V Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de mayor jerarquía que Marroquín– comprueba que este último se apegó a la ley cuando confirmó la medida precautoria.

En el expediente que las organizaciones civiles entregaron para rechazar la revocación de Marroquín, se lee que "las comunidades locales y los movimientos sociales de todo el mundo oponen resistencia y rechazan a Monsanto y el modelo agroindustrial que representa".

El documento evoca el juicio en contra de Mahyco-Monsanto "por el delito de biopiratería" que se efectúa en India. Agrega que en América Latina las protestas también han crecido, como en Perú, donde el gobierno aprobó una moratoria de 10 años a los transgénicos.

Asimismo, asevera que "Monsanto y otras empresas de biotecnología enfrentan demandas judiciales en Estados Unidos, entre ellas juicios con los que (el Gobierno) pretende evitar que los cultivos transgénicos se propaguen en refugios nacionales de vida silvestre". Las organizaciones retoman dos decisiones de la justicia francesa, en las que condenó a Monsanto por publicidad engañosa. Los quejosos también plantean que a raíz de la expansión de las semillas modificadas y, por lo tanto, del Roundup, su famoso plaguicida, aparecieron "supermalezas" resistentes al glifosato, el principio activo del insecticida.

El juez Manuel Suárez Fragoso desechó la petición de Monsanto el lunes 21 y dio la razón a Marroquín. En su resolución, argumentó que Marroquín se apegó a la ley cuando confirmó la medida precautoria, ya que respetó el "buen derecho" y "el peligro de la demora", y asentó que su decisión "no pone en peligro la seguridad o la economía nacionales".

Resistencias

Del 5 de julio de 2013 –cuando las organizaciones civiles depositaron la demanda de acción colectiva– a la fecha, el juicio lleva 49 impugnaciones en cuatro diferentes tribunales. "El juicio apenas empieza", señala a este semanario Adelita San Vicente Tello. Y el abogado Sánchez Galindo añade: "nos tratan de cansar".

Hasta la fecha, las secretarías federales y las empresas de biotecnología interpusieron 11 amparos contra la medida cautelar –dos de ellos provenientes de la Sagarpa– y tres contra la demanda.

Las dependencias fueron las primeras en interponer recursos, el 9 y el 10 de octubre respectivamente. Como lo documentó Proceso, argumentaron la violación a su derecho de audiencia.

El pasado 14 de febrero, la Sagarpa solicitó un nuevo amparo contra la medida cautelar. Esta vez arguyó que se violaba su seguridad jurídica.

Fuente:

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corrupción: Un imputado por corrupción, fichado para formar a políticos iberoamericanos


Un imputado por corrupción, fichado para formar a políticos iberoamericanos

ROBERTO PÉREZ / ZARAGOZA
Día 29/04/2014 - 09.19h







El socialista Carlos Esco, hombre de confianza de Marcelino Iglesias, impartirá un máster en «transparencia y seguridad jurídica» de la Escuela de Política y Alto Gobierno

El socialista Carlos Esco, imputado por corrupción y hombre de confianza del actual portavoz del PSOE en el Senado, Marcelino Iglesias, ha sido fichado por la Escuela de Política y Alto Gobierno («Goberna América Latina»). Imputado en dos casos de presunta corrupción cometida en la empresa pública aragonesa Plaza (Plataforma Logística de Zaragoza), Esco figura en la lista de profesores de un programa de alta cualificación dirigido a políticos iberoamericanos. Más curioso aún -dados los hechos que se le imputan- es el tema del que trata este programa formativo y del que dará clases Carlos Esco: transparencia y seguridad jurídica.

Esco se dedicó a la política desde 1990 hasta finales de 2009, cuando dejó el Gobierno aragonés para convertirse en alto ejecutivo de Telefónica (director de relaciones institucionales de la compañía para Iberoamérica). Esto pese a que su formación y trayectoria profesional hasta ese momento -al margen de la política- había sido la de un funcionario de la Diputación de Huesca dedicado a la arqueología. Licenciado en Filosofía y Letras, ocupaba una plaza de técnico cultural en esa diputación, en la que empezó a hacer carrera política de la mano de Marcelino Iglesias, cuando este presidía esa institución antes de dar el salto al Gobierno aragonés.

Esco, del más íntimo círculo de confianza de Iglesias, desembarcó en el Ejecutivo autónomo tras hacerlo su amigo. Lo mismo que la mujer de Esco, Eva Almunia, quien fue también consejera del Gobierno aragonés, secretaria de Estado de Educación con Rodríguez Zapatero y la elegida por Marcelino Iglesias para sucederle como candidata a la presidencia del Ejecutivo regional por el PSOE en las elecciones de mayo de 2011. Iglesias había estado de presidente de Aragón durante tres legislaturas consecutivas, doce años. La esposa de Esco perdió las elecciones autonómicas de 2011 y, desde entonces, es diputada en las Cortes regionales.

Imputado por dos juzgados

Carlos Esco está imputado en dos de las seis causas abiertas por presunta corrupción cometida en la empresa pública Plazacuando fue responsable de esa sociedad. Se le investiga por sospechosos sobrecostes y enriquecimientos ilícitos.

Además de haber sido nombrado por Iglesias viceconsejero de Obras Públicas, le encomendó el control político directo de una empresa pública que acumula cuentas ruinosas y que se ha convertido en foco de investigación policial y judicial por los más que sospechosos manejos de fondos públicos que se hicieron en ella.

Entre los imputados está también el constructor y dueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, figura que mantuvo estrecha relación con la cúpula socialista que lideró Iglesias en Aragón y que aparece en varias causas judiciales como pieza clave en supuestos negocios fraudulentos trabados en Plaza.

Ahora, exhibe su curriculum doble de político y directivo -sustancia subjetiva que acompaña a su condición de imputado- para figurar en el plantel de once profesores del «Programa de Alta Dirección Pública en Transparencia y Seguridad Jurídica».

Este programa de alta formación se impartirá con sesiones presenciales entre el 7 y el 11 de de julio en la Residencia de Estudiantes de Madrid, y se completará con sesiones en el campus virtual de Goberna América Latina, entre el 21 de julio y el 9 de noviembre.

Goberna América Latina está integrada por grandes compañías y altas instituciones internacionales. Entre ellas, la OCDE; la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores; y empresas comoIberia y Telefónica.

El director de Goberna América Latina es el politólogo y catedrático español Fernando Vallespín, al que Rodríguez Zapatero nombró presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cargo que desempeñó entre los años 2004 y 2008.

El programa en el que Carlos Esco aparece como «docente» será inaugurado por el propio Vallespín, junto al director de este curso de alta dirección política, que es el abogado, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona y expresidente del Consejo Consultivo de la Generalitat, Joaquín Tornos Mas. Matricularse como alumno en este programa cuesta 4.000 euros.

«Transparencia y rendición de cuenta»

Según la documentación del curso, está concebido para abordar aspectos que «promueven el fortalecimiento de las instituciones públicas, desde la perspectiva de la transparencia y la rendición de cuenta», así como «la construcción de una Administración moderna que brinde seguridad jurídica a los agentes económicos y sociales y esté más cercana al ciudadano».

Va enfocado -dice la misma documentación- a aumentar la «preparación» de «los predirectivos y directivos públicos, cargos electos, políticos actuales y futuros de los distintos niveles de gobierno de América Latina». con el fin de que estén mejor formados «para liderar los procesos de cambio en las instituciones públicas a la luz de las nuevas demandas ciudadanas».





































































































































































Fuente:abc.es

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Rodrigo González Fernández
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