SANTIAGO.- En el 20° Juzgado Civil de Santiago fue interpuesta la demanda de Empresas La Polar en contra de la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), en la que se exige una indemnización de más de $ 31.000 millones, junto con anunciar acciones legales contra la matriz, en Londres.
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La auditora es sindicada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y el propio mercado, como una de las principales entidades responsables del millonario fraude financiero que cometió la anterior administración en contra de la multitienda, y que se descubrió en junio del año pasado", señaló la multitienda por medio de un comunicado. La demanda está fundada en el negligente desempeño de la ex auditora de La Polar, pese a que tuvo acceso a todos los datos necesarios para descubrir un fraude, "bastando la realización de un análisis medianamente diligente para evidenciarlo", lo que no hizo.
Según La Polar, pese a la evidencia de su falta, "(PwC) lejos de asumir los errores cometidos y tomar las medidas pertinentes para evitar su reiteración, ha decidido intentar excusarse de toda responsabilidad, y en un acto insólito y lamentable, ha pretendido culpar de su propia negligencia a la principal víctima de la misma: nuestra representada", plantea la demanda en su introducción, donde también sostiene que "el increíble cúmulo de negligencias (...) se puede explicar, lógicamente, acogiendo la hipótesis de algunos actores relevantes del mercado, cual es: sólo se puede haber dado una negligencia tan aberrante mediante una colusión -tácita o explícita- con los ejecutivos que hoy se encuentran formalizados por diversos delitos, lo que no afirmamos ni negamos".
La Polar está exigiendo una indemnización total de más de $ 31.000 millones por los distintos perjuicios económicos sufridos, así como los costos asumidos por la actual administración de la empresa para sacarla adelante, haciendo además presente que se demanda por otros daños cuya avaluación deberá determinarse durante el proceso.
Entre los perjuicios detallados, se encuentran la restitución de los montos pagados a PwC por las auditorías efectuadas entre los años 2007 y 2010; la pérdida del valor de la marca; el monto pagado en 2011 en los planes de compensación en beneficio de los clientes repactados unilateralmente; y el daño derivado de la prohibición de emitir tarjetas de crédito, entre otros.
Cabe recordar que el fraude detectado le significó a la nueva administración de La Polar tener que enfrentar una situación financiera y política crítica, lo que derivó en que actualmente la multitienda esté en un Convenio Judicial Preventivo que establece como condición que la compañía concrete un aumento de capital por US$ 240 millones.
Negligencia e incumplimientos En el texto, se consignan las conclusiones de las investigaciones hechas por las autoridades fiscalizadoras del mercado, así como de la Cámara de Diputados, en las que se sostiene que PwC, en su calidad de auditora de La Polar entre los años 2007 y 2010, es responsable del fraude por la negligencia y la falta de cuidado en el desempeño de su labor de auditoría.
Esto, considerando que, de acuerdo al Título V de la Ley de Sociedades Anónimas, "la auditoría externa no sólo vela por el correcto funcionamiento del mercado de valores en su integridad, sino que también cumple un rol de fiscalización y disuasión al interior de la misma empresa auditada, contribuyendo a prevenir o detectar la aparición de posibles conductas negligentes o dolosas por parte de los administradores".
"La responsabilidad de los auditores se extiende incluso a las representaciones erróneas que contengan los estados financieros producidas por fraude. De forma tal que, toda argumentación tendiente a excluir la responsabilidad de un auditor por la sola existencia de fraude, o de un actuar doloso por parte de miembros de la administración, encuentra en el clarísimo tenor de esta norma (Ley N° 13.011, sección AU 110) un obstáculo infranqueable", sostiene La Polar en el texto.
Así, la demanda afirma que si bien es cierto que no es la función primordial de la auditoría externa la detección de fraudes, "resulta evidente que la labor de los auditores externos no puede reducirse a una simple y cándida revisión de los aspectos formales contenidos en los estados financieros proporcionados por la empresa auditada (...) vulneraría la normativa legal vigente que impone estrictos deberes relativos a la verificación de los respaldos y antecedentes que justifiquen la contabilidad de la empresa auditada".
En relación al contrato suscrito entre PwC y La Polar, se señala que "(PwC) comprometió la realización de lo que ellos mismos denominan como una 'auditoría orientada al riesgo'", por lo que "resulta totalmente incomprensible e inexcusable -siendo fiel reflejo de la brutal negligencia de PricewaterhouseCoopers- la falta de atención a un área tan relevante y riesgosa como las cuentas por cobrar, por lo que probablemente sea esta la más grave y evidente negligencia cometida por PwC".
Las cuentas por cobrar son el principal activo de las empresas del retail y en ellas se muestran las deudas que los clientes tienen con la empresa.
Además, el documento detalla una serie de incumplimientos de PwC que fueron considerados en la demanda, como deficiencias en la elaboración de los informes de control interno, negligencia en el análisis de las actas y en el desarrollo del proceso de circularización de saldos, ausencia de escepticismo profesional e insuficiencia de eficiencia de auditoría, y una falta total de comunicación con los gobiernos corporativos de la compañía.
El siguiente paso, según explicaron los abogados de La Polar, Davor e Iván Harasic, es avanzar en el estudio de posibles acciones en contra de PwC International Limited, con sede en Londres, atendida su eventual responsabilidad en el mismo fraude.
