EL OBSERVATORIO POLITICO

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sábado, agosto 23, 2008

Senadores: "rebaja al impuesto específico de las gasolinas es una medida correcta pero tardía"

Parlamentarios de todos los Comités parlamentarios si bien admitieron que el paquete de medidas anunciado por el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, va en un sentido adecuado, todavía es insuficiente.

Senadores Sergio Romero y Carlos Ominami

Como una medida "tardía, insuficiente" pero que, aún así, "va en el sentido correcto" calificaron los senadores Adolfo Zaldívar, Evelyn Matthei, Sergio Romero, Jaime Naranjo, Jaime Orpis, Carlos Ominami y Jorge Pizarro, la decisión del Ejecutivo de aplicar una reducción transitoria al impuesto específico de las gasolinas hasta abril de 2010, que se traducirá en una rebaja de unos $36 por litro.

Los parlamentarios coincidieron en que esta decisión debió haberse adoptado con anterioridad, tal como lo propuso por unanimidad el Senado, al proponer un paquete de 37 medidas para reactivar la economía en mayo pasado.

El Ministro de Hacienda, Andrés Velasco dio a conocer un paquete de medidas para combatir la inflación que incluye la rebaja de 4,5 UTM a 3,5 UTM por metro cúbico del impuesto específico de las gasolinas y la eliminación permanente del impuesto que grava las trasferencias electrónicas de dinero, operaciones en cajeros automáticos y cheques.

El Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar afirmó que "son medidas incompletas e insuficientes que se debieron haber tomado hace tiempo y no hacen más que confirmar el empecinamiento de la autoridad de mantenerse en una situación ortodoxa y fuera de la realidad".

A su juicio "el impuesto específico a los combustibles debió haberse eliminado hace tiempo, si realmente se quiere resolver en parte, el problema de alta inflación y bajo crecimiento que estamos enfrentando".

En tanto, la senadora Evelyn Matthei, integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos recordó que "veníamos señalando desde hace más de tres años la conveniencia de rebajar el impuesto específico a los combustibles. Por lo tanto, creo que si bien es una buena medida, es bastante tímida, porque hubiese esperado una rebaja mayor y permanente".

No obstante, reconoció que "esta rebaja transitoria va a tener un efecto inmediato de un 5% en el precio de las gasolinas y eso ayuda en la lucha contra la inflación porque tiene efectos en muchos rubros productivos. Por otra parte, la eliminación de los impuestos a las transacciones bancarias va a contribuir directamente a la productividad".

A su vez, el senador Carlos Ominami, quien también integra la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dejó constancia de que este paquete de medidas económicas es de mayor envergadura que los anteriores y será útil en la contingencia para enfrentar los efectos de las alzas en los precios de combustibles.

Sin embargo, advirtió que tiene dudas respecto a lo que sucederá en el mediano y largo plazo porque "este tipo de medidas va resintiendo una ya limitada capacidad del Estado, para financiar adecuadamente un conjunto de requerimientos de bienes públicos para la ciudadanía. La rebaja del impuesto específico tiene un carácter regresivo porque son los sectores de más altos ingresos los que consumen más combustibles y no van compensados con otros ingresos fiscales y eso merma los ingresos del Estado".

IMPUESTOS Y ALZAS DE PRECIOS

Por su parte, el senador Sergio Romero, impulsor de la campaña: "no más impuestos específicos a los combustibles, basta ya", explicó que con estas medidas "el Gobierno abre, nuevamente, la ventana para rebajar los impuestos específicos, pero esto no es suficiente, conforme al alto costo que tienen hoy las bencinas. Por lo tanto, esta acción, deja entrever que no es imposible una disminución, aún mayor, de los gravámenes".

En ese sentido anticipó que cuando llegue este proyecto al Congreso reiterará su propuesta en cuanto a que "el Gobierno debe establecer una banda de precios que coloque en un tubo las fluctuantes alzas del precio internacional del crudo: a mayor valor del barril de petróleo, menor impuesto específico de los combustibles".

En tanto, el senador Jorge Pizarro, recordó que ha insistido en rebajar el impuesto a los combustibles desde el año 2007 y calificó la iniciativa como insuficiente. No obstante, reconoció que "la reducción transitoria de un impuesto a las gasolinas es lo que esperaba la ciudadanía desde hace mucho tiempo, pero el gobierno puede más y puede seguir ayudando a los sectores vulnerables y la clase media", afirmó.

Indicó además que la inflación acumulada de 9,5% en los últimos 12 meses, se está combatiendo con seriedad y responsabilidad fiscal, situación que es un logro de todos los chilenos.

Por su parte, el senador Jaime Orpis, manifestó sus dudas por el monto de la rebaja del impuesto específico a las gasolinas y por el fondo de US$400 millones para proyectos de energía renovables no convencionales. "Hay que evaluar si la rebaja en 1 UTM por metro cúbico del impuesto específico es suficiente y si los fondos para energías no renovables van a disminuir o no el costo de la energía".

Añadió que también "habría ido más lejos" en el incentivo tributario del 14 bis de la Ley de Rentas que subió el tope desde las 3.00 UF a las 5.000 UF, para que los contribuyentes paguen impuestos sólo al momento de retirar utilidades. En ese sentido, aseguró que habría dejado sin tope esta posibilidad.

El senador Jaime Naranjo aseveró que "ésta es una muy buena noticia para los chilenos que habían venido solicitando esta rebaja por un largo tiempo y, en este sentido, me parece que más vale tarde que nunca".

Asimismo rechazó que "se trate de obtener ventajas políticas, señalando que estas medidas y la rebaja en el impuesto a la gasolina son insuficientes". Añadió que "lo importante y decisivo es que una vez que sea enviado el proyecto respectivo al Congreso éste sea apoyado por todos los sectores políticos, para la pronta implementación de estas medidas".

PAQUETE ECONÓMICO

Además de la rebaja al impuesto específico a las gasolinas, el nuevo paquete pro crecimiento del Ejecutivo contempla la eliminación permanente del impuesto que grava las trasferencias electrónicas de dinero, operaciones en cajeros automáticos, cheques y traspaso de fondos de cuenta corriente. El costo fiscal de esta iniciativa, que comenzará a regir en 2009, será de US$150 millones.

Además se establece la ampliación del número de empresas que pueden acogerse a los régimenes de tributación contemplados en los artículos 14 bis y 14 ter de la Ley de Renta, que permiten al contribuyente pagar impuestos sólo al momento de retirar utilidades. Lo anterior implica que una pyme podrá acceder a estos beneficios si vende hasta 5.000 UTM al año, tope que hasta el momento llegaba a 3.000 UTM. El costo de esta medida es de US$190 millones.

Por otra parte se crea un crédito tributario que beneficia a todas las viviendas de hasta 2.000 UF que deseen instalar paneles de energía solar. El costo estimado de esta medida es de US$40 millones en 2009.

Por último, el Gobierno anunció la creación de un fondo de nuevas energías que administrará Corfo. Se trata de US$400 millones para financiar proyectos de centrales hidroeléctricas de menor tamaño, y algunas de energía renovables como la solar, geotermia, biogas, biomasa, y de las mareas. Los fondos serán garantías para créditos bancarios destinados a este tipo de inversiones y para constituir también capitales de riesgo.

Provincia de Ranco pasará a denominarse "del Ranco"

La iniciativa legal que así lo establece fue aprobada por unanimidad por la Sala del Senado, por lo que quedó en condiciones de ser remitida a la Presidenta de la República para su promulgación.

Senadores Jovino Novoa y Hernán Larraín

Sólo falta que la Presidenta de la República promulgue la iniciativa para que la actual Provincia de Ranco pase a denominarse Provincia "del" Ranco. Esto, luego que el Senado aprobara en forma unánime el proyecto, en segundo trámite, que modificaba la denominación de dicha unidad territorial.

La iniciativa tuvo su origen en una moción de los diputados Adriana Muñoz, María Antonieta Saa, Laura Soto, Enrique Accorsi, Guillermo Ceroni, Roberto Delmastro, Enrique Jaramillo, Antonio Leal, Jaime Quintana y Alfonso de Urresti.

En lo fundamental apunta a modificar le denominación de dicha provincia, argumentando que ésta se debe que en ella se ubica el lago Ranco, por lo que la correcta expresión lingüística debiera ser "del" Ranco.

Cabe recordar que dicha unidad territorial , conformada por las comunas de La Unión, Futrono, Río Bueno y Lago Ranco, forma parte de la nueva Región de Los Ríos, que también integran la Provincia de Valdivia que considera las comunas de Valdivia, Mariquina, Lanco, Los Lagos, Corral, Máfil, Panguipulli y Paillaco.

Entre los argumentos que entregan los autores de esta moción se encuentra que los habitantes de la provincia no emplean la denominación que fija la ley, sino la que propone esta iniciativa.

Transgénicos: Comisiones Unidas acordaron regular solo los vegetales genéticamente modificados

Las instancias de Agricultura, Salud y Medio Ambiente decidieron despejar al máximo las definiciones conceptuales y científicas para avanzar en el proyecto que establece un marco regulatorio para los vegetales transgénicos

Transgénicos vegetales

Como "un tema complejo pero donde es posible seguir avanzando", calificó el senador Hernán Larraín, presidente de las Comisiones Unidas de Agricultura, Salud y Medio Ambiente, el proyecto, en primer trámite, que establece un marco regulatorio para los vegetales genéticamente modificados.

Cabe señalar que, la iniciativa generó un intenso debate en la Sala cuando fue aprobado en general debido a las ventajas y desventajas que pueden tener para la salud humana, la agricultura y la economía; la existencia y producción de vegetales genéticamente modificados.

Por ello, se acordó que el proyecto que tuvo su origen en una moción de los senadores Alberto Espina, Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma, Fernando Flores y Eduardo Frei fuera analizado en particular por las Comisiones Unidas.

Al respecto, el senador Larraín precisó que "con la colaboración de especialistas hemos ido despejando los aspectos más conceptuales de esta iniciativa que obviamente requiere de un apoyo científico muy importante".

Por ello, aclaró que "optamos por el criterio de reducir al máximo las definiciones científicas en la ley, ya que lo razonable es dejar que esto quede entregado al debate académico, lo cual nos va a ayudar a simplificar este proceso".

En ese sentido, aclaró que "las Comisiones Unidas acordaron circunscribir el análisis del proyecto sólo a lo relativo a los vegetales genéticamente modificados y no a todos a los organismos genéticamente modificados".

El parlamentario se mostró optimista de poder lograr un acuerdo sobre estas materias ya que "Chile necesita en forma urgente una legislación pues, hoy vivimos una situación bastante absurda porque solo podemos exportar semillas y no se pueden cultivar ni puede haber producción en el país".

Lo paradojal, recalcó el senador Larraín es que "nosotros importamos a precios más caros productos elaborados que son genéticamente modificados y los consumimos igual. Eso es lo que queremos cambiar con mayor información y regulación porque va en desmedro de nuestros agricultores".

El senador Larraín precisó también que "parte del proyecto busca definir cómo se realizaría esta producción y eso supone un procedimiento muy estricto para garantizar que las zonas de cultivos van a ser muy acotadas para asegurar que no va a hacer transposición ni irradiación sino que va a estar circunscrito en un área específica de producción de vegetales genéticamente modificados".

Avanza proyecto sobre contratos de tripulantes de vuelo y auxiliares de aeronaves comerciales

DE IGUAL MANERA DEBIERA AVANZAR CONTRATOS ENTRE PRODUCTORES Y EXPORTADORES QUE LO HAN HECHO DORMIR POR AÑOS ¿que pasa?

Avanza proyecto sobre contratos de tripulantes de vuelo y auxiliares de aeronaves comerciales

Comisión de Trabajo aprobó por unanimidad el proyecto en primer trámite que aborda la jornada laboral de tripulantes de vuelo y de cabina y de los trabajadores en tierra, y el ejercicio del derecho al descanso dominical.

La posibilidad de contar con una regulación laboral especial para los tripulantes de vuelo y auxiliares de aeronaves comerciales de pasajeros de carga, está avanzando en el Senado, luego que la Comisión de Trabajo, presidida por el senador Andrés Allamand, aprobara por unanimidad la idea de legislar sobre la iniciativa.

Ahora corresponde que la Sala se pronuncie en general, para luego retomar la discusión particular del proyecto en la citada instancia parlamentaria.

Según el senador Allamand "hubo coincidencia en la Comisión de que esta es una materia que necesitaba un ajuste de su normativa por distintas razones. Primero por la complejidad natural de la industria y por tratarse de una industria globalizada con todos los alcances positivos y negativos que eso puede tener".

Asimismo, señaló que actualmente existe una confluencia de normativas entre disposiciones provenientes del Código del Trabajo y disposiciones de la Dirección General de Aeronaútica Civil (DGAC), que de alguna manera generaban ciertas dificultades o colisión de normas.

El senador Allamand señaló que "esta industria es un caso ejemplificador de cómo las estructuras del Código del Trabajo en algunas oportunidades simplemente no se ajustan a la realidad laboral y a las realidades comerciales y empresariales de estas distintas actividades".

ANÁLISIS EN DETALLE

El presidente de la Comisión explicó que si bien todos los integrantes de esa instancia valoraron que el proyecto haya sido producto, en parte importante, del acuerdo de los principales actores, "también hicieron ver que era fundamental que durante la discusión en particular se analizara al detalle estas normas, para que bajo ninguna circunstancia la nueva normativa pudiera significar barreras de entrada o dificultades de ingreso a esta industria a otros actores, toda vez que todos favorecen en este y en otros ámbitos la competencia".

Buscan acuerdo para avanzar en reforma constitucional que reconozca los pueblos indígenas

PRIMERO BUSCAR ACUERDO DE CONDENAR A LOS TERRORISTAS DEL SUR

Buscan acuerdo para avanzar en reforma constitucional que reconozca los pueblos indígenas

Comisión de Constitución está trabajando en la búsqueda de un texto consensuado que posibilite la aprobación de la enmienda constitucional en la Sala.

Comisión de Constitución

"Estamos tratando de llegar a un acuerdo en lo posible pare el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Creo que hay avances importantes, que es fundamental hacerlo y soy absolutamente partidario de este reconocimiento", dijo el senador Alberto Espina al referirse al trabajo que está realizando la Comisión de Constitución sobre la materia.

La instancia, que preside el senador José Antonio Gómez, ha sesionado en reiteradas oportunidades para tratar el tema y ahora está trabajando sobre la base de un texto que presentó el Ejecutivo, que recaba las opiniones de los senadores de distintos sectores; además de informes en derecho.

Según explicaron los senadores Gómez, Espina y Hernán Larraín –todos integrantes de la citada Comisión- se espera alcanzar un acuerdo en las próximas semanas.

Junto con precisar que esto no tiene ninguna vinculación con los actos de violencia registrados en La Araucanía –dado que se está trabajando en la materia desde antes- el senador Espina señaló que "es absolutamente legítimo que en nuestra Constitución, como ocurre en todos los países donde hay comunidades indígenas relevantes, tenga un reconocimiento".

Agregó que dicho reconocimiento "debe apuntar a reconocer la existencia de los pueblos originarios y el derecho que ellos tienen para desarrollar y fomentar, sus tradiciones, sus culturas, su lengua y sus propias instituciones. Eso estamos haciendo en este momento y espero que esta vez podamos llegar a un acuerdo. Creo que están dadas todas las condiciones, las comunidades quieren ese reconocimiento y hay que hacerlo".

CONSENSO NECESARIO

En tanto el senador Gómez explicó que "hay que tener presente que esto es una reforma constitucional y por lo tanto, no solo se puede aprobar con votos de la Concertación sino que tiene que haber acuerdo con la Alianza. De todos modos, el acuerdo no pasa por dejar fuera principios fundamentales o aquellos que están en Convenios Internacionales y eso es lo que hemos estado discutiendo".

El parlamentario recordó que la Comisión ha recibido a la mayor cantidad de comunidades indígenas posibles a objeto de tener una amplia visión al momento de discutir los aspectos relevantes que deben integrarse a la enmienda constitucional.

"Esto lleva muchos años y no es fácil, y en función de eso, creo que hemos avanzado bastante. Hemos terminado la última sesión con un avance sustancial que podría terminar en un texto o redacción que podría ser posible aprobar", señaló el senador Gómez.

Junto con manifestar que esperan estar en condiciones de tener un acuerdo en el mes de septiembre, dijo sentirse sorprendido con el llamado del comisionado presidencial para asuntos indígenas, Rodrigo Engaña, quien instó al Senado a aprobar el reconocimiento del pueblo mapuche, en vista de los hechos de violencia registrados en La Araucanía.

"Me sorprende que un funcionario que depende de un ministro haga un llamado al Senado, cuando lo que hemos estado haciendo en estos últimos días es recibir a todas las comunidades en audiencias públicas. Hemos tenido diversas reuniones con el Ministro Secretario General de la Presidencia en busca de una fórmula de acuerdo que nos permita aprobar la reforma constitucional", sentenció.

Por su parte, el senador Larraín precisó que la reforma constitucional no tiene ninguna relación con los conflictos de violencia, pues éstos últimos tienen que ver con grupos que están imbuidos de una filosofía de violencia que no representa el sentir general de las comunidades indígenas chilenas.

"Ese es un problema de seguridad del Estado y es de responsabilidad del Ministerio del Interior garantizar el orden público. No se resuelve una situación de esa naturaleza con reformas constitucionales sino que con hacer valer el estado de derecho", señaló.

Asimismo, manifestó que "tenemos la mejor voluntad, en la medida que esto no signifique una fracturación con la identidad nacional. El Ejecutivo presentó un borrador, nosotros hemos estado discutiendo otras alternativas y estamos hablando de las distintas visiones que tenemos para ver si podemos llegar a un entendimiento de un texto común en el ámbito constitucional. Vamos a agotar las posibilidades de llegar a ese texto".

En tanto el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo destacó el trabajo serio que ha realizado la Comisión de Constitución en la búsqueda de aproximar criterios y espera que antes de Fiesta Patrias se pueda alcanzar un consenso que permita que Chile reconozca constitucionalmente los pueblos originarios y sus derechos.

Unanimidad en solicitud de desafuero del ministro Cortázar

No obstante, la instancia dará a conocer públicamente su determinación la primera semana de septiembre, una vez que esté afinado el texto del informe con los argumentos respectivos.

El ministro Cortázar deberá esperar hasta septiembre para conocer el informe

Sólo la primera semana de septiembre, al regreso del receso legislativo, la Comisión de Constitución dará a conocer públicamente su decisión respecto de la solicitud de desafuero que hizo un grupo de ciudadanos en contra del ministro de Transportes, René Cortázar, por no haber cumplido con la obligación de disminuir la contaminación del sistema de transportes de la capital.

Así lo explicó el presidente de esa instancia legislativa, senador José Antonio Gómez, tras informar que "la Comisión tomó una decisión unánime. Estamos en proceso de redacción y no vamos a dar ni los argumentos ni la decisión, atendido a que nos falta todo el desarrollo escrito. No queremos cometer el error de dar a conocer una decisión sin tener el fallo redactado".

No obstante, el parlamentario destacó el carácter unánime de la decisión y recordó que la instancia tiene plazo hasta el 7 de septiembre, por lo que estima que el martes 2 de ese mes darán a conocer públicamente la determinación. Luego de ello, corresponderá que la Sala se pronuncie sobre el informe respectivo.

En tal sentido, explicó que "lo que hemos querido hacer como Comisión es tomar una decisión jurídica como nos corresponde en este caso, por lo tanto hemos tenido celosamente la reserva de lo que hemos decidido".

El senador Gómez agregó que los integrantes de la instancia que preside han querido ser particularmente cuidadosos en esta materia.

"Hay argumentos, artículos y opiniones que requieren de una revisión exhaustiva. Esto es un tema que genera jurisprudencia hacia el futuro y por lo tanto, no es algo menor. Por eso hemos tomado la decisión de no hacer ninguna declaración respecto al resultado mientras no tengamos claridad y acuerdo total en las normas que hemos discutido", sentenció.

ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA

La presentación del grupo de ciudadanos, encabezados por el ambientalista Manuel Baquedano y el abogado patrocinante, Luis Rendón, tiene como objeto que el Senado se pronuncie respecto de si corresponde o no iniciar acciones judiciales contra el Ministro de Transportes por el incumplimiento de normas mínimas de emisión de partículas contaminantes de los buses del Transantiago.

La petición se fundamenta en el artículo 53 de la Constitución que establece como atribución exclusiva del Senado el "decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente en el desempeño de su cargo".

El requerimiento asegura que el Ministro René Cortázar, "al no hacer uso de los medios a su disposición para lograr la instalación de los filtros en los buses del Transantiago para evitar la contaminación, lo ha hecho incurrir en diversos tipos de responsabilidad".

Los solicitantes agregan que "entendemos necesario perseguir estas responsabilidades ante los Tribunales de la República. Esto, con el fin de lograr una corrección de fondo a este dañino proceder y ante el evidente fracaso de otros medios que incluso autoridades del Estado han utilizado para lograr el mismo objetivo".

Precisaron que el responsable por las emisiones del Transantiago que generan gran parte de la saturación de la atmósfera capitalina con material particulado fino es el Ministro de Transportes por lo que "en nuestra calidad de directamente perjudicados, junto a otros cinco millones de habitantes estamos facultados a exigir acciones legales en contra René Cortázar para lo cual solicitamos al Senado que las autorice".

Comisión de RR.EE respaldó Protocolo contra la Tortura de las Naciones Unidas

La instancia también acordó sugerir al gobierno que, mediante una ley, defina qué organismos van a cumplir con la obligación que establece el Protocolo de realizar visitas periódicas a los lugares de detención

Comisión de Relaciones Exteriores

En condiciones de ser analizado por la Comisión de Hacienda quedó el Protocolo adicional de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2002, luego de que la Comisión de Relaciones Exteriores aprobara por unanimidad la iniciativa.

La instancia, que preside el senador Jaime Gazmuri, acordó además incluir una recomendación al gobierno para que, mediante una ley, defina qué organismos van a cumplir con la obligación que establece este instrumento internacional de realizar visitas periódicas a los lugares de detención.

El senador Gazmuri valoró la aprobación de este Convenio "que significa que la causa de Derechos Humanos es cada vez más una causa país y que Chile realizará un gran esfuerzo de ahora en adelante para evitar no solo la tortura sino también los tratos inhumanos, degradantes y abusivos contra las personas".

Asimismo reconoció que "nuestro país aún tiene una deuda pendiente con el sistema carcelario donde todavía subsisten prácticas que degradan la dignidad de los presos, tales como, las condiciones de hacinamiento, la falta de condiciones de higiene, de salud, la ausencia de rehabilitación y la sobrepoblación crónica que están bajo los estándares de una sociedad que firma este Protocolo".

El parlamentario aclaró que el Protocolo crea un Comité a nivel internacional que será el encargado de dar seguimiento a los Estados suscriptores de la Convención en materia de cumplimiento de los compromisos establecidos y, en cada país, se creará además un Subcomité que cumpla con ese objetivo, formado por organismos autónomos e independientes del gobierno.

"En Chile esa función la tiene la Fiscalía de la Corte Suprema pero solo con respecto a los recintos penitenciarios pero no sobre otros locales de detención como lo son los de las policías. Por otra parte, el proyecto que crea el Instituto de DD.HH también tiene facultades para realizar dichas fiscalizaciones", dijo el senador Gazmuri.

Por lo tanto, indicó que "la sugerencia que se planteó al Ejecutivo es que en el plazo de un año estudiemos la posibilidad de generar algún organismos o forma de coordinación de todos los organismos en el país para instituir este Subcomité y esa coordinación requiere de una Ley especial".

VISITAS PERIÓDICAS

A su vez, el senador Hernán Larraín, integrante de la Comisión de RR.EE explicó que este Convenio crea un sistema de visitas periódicas a lugares de detención con el fin de evitar la posibilidad que personas privadas de libertad puedan ser sometidas a actos de tortura u otros malos tratos. "Esto nos ha parecido razonable, toda vez que existe una situación pendiente en este ámbito y, por lo tanto este Protocolo nos impone un desafío ético que debemos cumplir".

Agregó que "para que esto opere se tiene que crear por Ley una Comisión Nacional para evitar actos discrecionales sobre la materia, de modo de definir cuáles van a ser organismos nacionales que se van a hacer cargo de esto, ya que hay varios que pueden tener competencia sobre la materia".

En ese sentido, el legislador destacó que debe haber una integración y una adecuada coordinación respecto de todas las entidades que tienen atribuciones para fiscalizar los recintos de detención o que pueden llegar a tenerlas en el futuro, como en el caso del Instituto de Derechos Humanos".

El senador Larraín precisó que "para que este Tratado opere a cabalidad tenemos un año para definir con claridad cuales serán los organismos que efectuarán las visitas y los informes respectivos en Chile. Entre ellos, se cuentan la Corte Suprema, a través de su Fiscalía, el futuro Instituto de DDHH y otros como la Cruz Roja Internacional para tener una gran amplitud para abordar estos temas".

Por su parte, el Subsecretario General de la Presidencia, Edgardo Riveros destacó la aprobación de este Protocolo que "crea en nuestro país un Subcomité que tendrá como misión prevenir la ocurrencia de actos de tortura o tratos crueles o degradantes en contra de cualquier personas, incluidas aquellas privadas de libertad".

Puntualizó que "hemos convenido en la Comisión que cualquier aspecto que no sea mantener lo que hoy existe, como por ejemplo, una entidad coordinadora u otra en el futuro debe crearse por Ley y para eso el propio Protocolo establece el plazo de un año".

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