Contraloría establece irregularidades en Huechuraba por contratos con GMA
El informe final del ente fiscalizador, que fue publicado hoy, cuestiona la gestión de la alcaldesa ex UDI Carolina Plaza en una serie de aspectos relacionados con la citada empresa. "Se iniciarán los sumarios administrativos que correspondan", dice el texto.
Foto: Rolando Morales
Tras casi dos meses de investigación la Contraloría General de la República emitió el informe final sobre el caso Huechuraba, estableciendo en un texto de 16 páginas que se "investigarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios de la municipalidad que han tenido participación en los hechos irregulares que se advierten en este informe".
El texto establece una serie de irregularidades en los dos contratos suscritos entre la municipalidad (gestionados por la administración de la alcaldesa ex UDI, Carolina Plaza) y la empresa Gestión Municipal Avanzada (G.M.A), antecedentes que serán remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Entre los antecedentes que destaca el documento se encuentra que al analizar los dos contratos adjudicados "básicamente con el mismo objeto, entre ellos se advierten diferencias que no se pueden soslayar".
"En primer lugar, mientras en el primer contrato los equipos y licencias eran suministrados por GMA, en el segundo los mismos eran cargo de la Municipalidad. En segundo lugar que, pese a lo anterior, el precio que debía pagar la municipalidad por contrato 2 era por una cantidad superior al doble del primero", señala el informe.
Dicho segundo contrato es considerado por la Contraloría como "desventajoso" para la corporación edilicia.
Los reparos que menciona el ente fiscalizador revelan el desorden administrativo de la gestión de la alcaldesa Plaza, cuestionando la "debilidad del sistema de control interno del municipio". Asimismo, en otros reparos, la Contraloría desestima las explicaciones entregadas por la municipalidad, acusando "debilidad de la respuesta" y "falta de documentación".
La investigación establece también que "se iniciarán en su oportunidad los sumarios administrativos que correspondan".
En cuanto al yerno de Joaquín Lavín, Isaac Givovic, el informe estableció que "prestó servicios distintos a los contratados y sin que se acreditara la experticia que lo habilitaba para desarrollar las actividades encomendadas", en relación a su labor como "encargado de informática" de la comuna. Desde ese sitial Givovic visó las actas de recepción de los trabajos ejecutados por GMA.
EL CASO
El órgano contralor revisó los contratos de la empresa de GMA con el municipio de Huechuraba. La firma está ligada al operador gremialista Iñaki Bustos.
La polémica -que tensionó a la UDI- se inició con las acusaciones cruzadas entre la alcaldesa Plaza y el yerno de Joaquín Lavín Isaac Givovich, -casado con Asunción Lavín- y quien se desempeñó como jefe de informática del municipio.
La edil -una de las alcaldesas más emblemáticas de la colectividad- acusó a Givovich de cometer "faltas a la probidad" mientras se desempeñaba como jefe de informática en el municipio de Huechuraba, y ordenó instruir un sumario.
Por su parte, Givovich negó tales imputaciones y sus cercanos aseguran que fue él quien renunció, después de haber descubierto "cuentas cuestionables" en la que estaría involucrada la alcaldesa.
En medio de la pugna, el ex presidenciable gremialista defendió a su yerno, señalando que "pondría las manos al fuego"y criticando que "la corrupción no es solo patrimonio de la Concertación".
La escalada del conflicto alcanzó su punto más alto cuando Plaza renunció a su militancia partidaria, acusando escaso apoyo de la directiva frente a los cuestionamientos que hizo Givovich a su gestión. De paso notificó al gremialismo que respostularía como independiente al sillón edilicio.
Tras conocer el contenido del informe, Givovich se reunirá con sus abogados para analizar las acciones a seguir. Se espera que convoque a conferencia de prensa por primera vez desde que estalló el escándalo.
INFORME POR IRREGULARIDADES EN RECOLETA
El organismo fiscalizador también debe entregar en los próximos días el informe final de la investigación que realizó en el municipio del UDI Gonzalo Cornejo, el escándalo complica al edil tras conocerse que la empresa GMA tiene cinco contratos con el municipio de Recoleta.
El contrato más polémico es el que la compañía ganó en febrero de 2005, por $ 45 millones, cuando Jenny Acevedo cumplía doble función: jefa de gabinete de Cornejo y representante legal de GMA.
Cornejo y Acevedo son socios en la empresa Asesoría en Gestión Comunicacional (cuyo nombre de fantasía es Rush), firma que aparece con el mismo domicilio que GMA. Además una de las sociedades del edil figura con la misma dirección que Andrea Marín, una de las dueñas de GMA.
La empresa GMA fue constituida en 2003 por Andrea Marín y Bernard Bataswe. Pero, en los hechos, sus dueños son Iñaki Busto y Jaime Jullian, un hombre de confianza del alcalde de Recoleta. Jullian se desempeñó como administrador municipal en el municipio y como asesor a honorarios de la alcaldía
