El Vicepresidente (Primero) del Parlamento Europeo y Vicepresidente de la Plataforma Europea de Empresas y Parlamento (European Business and Parliament Scheme, EBPS por sus siglas en inglés), Alejo Vidal-Quadras, del Partido Popular, se aprovechó de su influencia en la Eurocámara para ofrecer a la delegación del Parlamento Europeo que participa en la reunión de EuroLat en Lima, "programas que proporcionan conocimiento sobre las operaciones de las compañías y asuntos prácticos de los negocios en Perú".
En la reunión preparatoria de EuroLat anteayer en Estrasburgo, participó –sin ser parlamentaria- Natalia Federighi, directora Ejecutiva del EBPS y quien fue asesora de otro Eurodiputado popular, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.
Ayer, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo dedicó más de 45 minutos a las denuncias realizadas por los grupos parlamentarios Los Verdes e Izquierda Unida Europea contra esta institución de lobby, y recomendó a los cuestores-encargados de los asuntos administrativos y económicos que afecten directamente a los diputados-, de revisar la decisión del 2005 por la que se adjudicó a la EBPS oficinas y el uso del servidor de la Eurocámara. Además, el Secretario General del Parlamento debe dar cuentas de todos los casos similares. Una decisión muy a pesar de las gestiones de Vidal Quadras.
Brid Brennan del Transnational Institute de Holanda, se muestra desconfiada de que las actividades de la EBPS sean "neutrales y no lobbistas". Cada una de las cuatro empresas mencionadas paga una cuota de socio anual de 15,000€ y sin duda espera algo a cambio, explica Brennan. "Interpretamos las actividades programadas de la EBPS en Lima como una actividad de presión política encubierta para promover los intereses privados de sus empresas miembros y ayudarlas a alcanzar mayores cuotas de mercado así como facilidades en el entorno político en América Latina." También compartimos las preocupaciones expuestas por la Eurodiputada Mónica Frassoni en su carta del 4 de Abril al Presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pottering, una de los cuales es el hecho de que la EBPS tiene una oficina en el Parlamento Europeo y utiliza direcciones de correo electrónico que terminan en europarl.europa.eu, critica Brennan.
"Las cuatro empresas que ofrecen actividades de lobby en Lima se están enfrentando todas ellas a duras y justificadas críticas sobre su impacto sobre los derechos económicos, sociales y ambientales de sus operaciones en América Latina", señala Tom Kucharz de Ecologistas en Acción y miembro de Seattle-to-Brussels Network, una red de más de 70 organizaciones de 16 países que realizan campañas contra las políticas comerciales de la Unión Europea.
Las cuatro empresas van a ser acusadas durante la sesión sobre empresas transnacionales del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que tendrá lugar en Lima durante la cumbre de la sociedad civil "Enlazando Alternativas" del 13 al 16 de mayo de 2008, en paralelo a la 5 ª Cumbre UE-ALC de Jefes de Estado y de Gobierno.
La Red Birregional Europa-América Latina y el Caribe "Enlazando Alternativas", que promueve el rechazo a la Plataforma Europea de Empresas y Parlamento y organiza el TPP, acusa a las empresas de graves violaciones a los Derechos Humanos.
SUEZ y el BBVA participan en el controvertido proyecto Camisea Gas Field en la región amazónica de Perú. "El gaseoducto causa enormes daños ambientales, se ha roto en varias ocasiones desde su construcción, y viola los derechos de los indígenas: reasentamiento involuntario, destrucción de alimentos y del suministro de agua de las comunidades locales, y la exposición a enfermedades para las cuales la población indígena no tiene defensas inmunológicas", denuncia Victor Maeso de la ONG Setem-Catalunya. "Los cálculos indican que aproximadamente 160.000 personas indígenas se ven directamente afectadas por el Proyecto Camisea."
En otras partes de América Latina, la división de agua de SUEZ viola el Derecho Humano de Acceso al Agua y las normas laborales según la Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical de más de 500 sindicatos del sector público en más de 140 países.
David Llistar, del Observatorio de la Deuda en la Globalización, reitera que "el Grupo BBVA está siendo acusado por la financiación de proyectos altamente contaminantes, tales como la planta de celulosa de la empresa española ENCE en Uruguay, la explotación petrolera de Petrobras en Parque Nacional Yasuni (Ecuador), violando así gravemente las Directrices de los Principios de Ecuador, suscritos por la firma.
Contra la Resolución del Parlamento Europeo de 2005, de prohibir que las instituciones financieras inviertan directa o indirectamente en las empresas que participan en la producción de minas antipersona y otros controvertidos sistemas de armas, el Gobierno español permite que el BBVA este invirtiendo fuertemente en la industria del armamento a través de participaciones directas o indirectas en varias empresas que producen armas, incluidas bombas de racimo, denuncia Llistar.
Asimismo, "en 2006 el gigante del gas y del petróleo BP fue hallado culpable por la Justicia británica de beneficiarse de un régimen de terror implantado por fuerzas paramilitares del Gobierno colombiano que protegían su oleoducto en Casanare (Colombia)", explica Kucharz, "y tuvo que pagar una compensación de varios millones de libras a las comunidades campesinas por los asesinatos a sindicalistas, contaminación ambiental y desplazamiento forzado."
"Telefónica está siendo acusada de violación generalizada de las leyes laborales en Colombia y otros países en los que está operando", manifiesta Carlos Aguilar de la Alianza Social Continental, movimiento hemisférico americano para enfrentar el llamado libre comercio. "En Perú se vio obligada a pagar al Gobierno peruano una multa de 284.000 € después del terremoto en agosto de 2007, cuando la interrupción de sus servicios agravó enormemente la situación." "El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú declaró que Telefónica no estaba cumpliendo con sus obligaciones contractuales con el Gobierno y sus clientes porque los servicios prestados se encontraban por debajo de los estándares legales", resume Aguilar la situación.
